Wendy Briceño Zuloaga

HERMOSILLO, SON.- Para trabajar en una agenda de derechos humanos, diversidad sexual y equidad de género en Hermosillo, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) cuenta con la Comisión Municipal de Diversidad Sexual y Equidad de Género. Wendy Briceño Zuloaga, maestra en Estudios de Género por El Colegio de México y Promotora de la Soberanía Nacional de Morena fue designada por el secretario nacional de Diversidad Sexual, Jaime López Vela, para estar al frente de la comisión en Hermosillo. Briceño Zuloaga indicó que trabajarán para coordinarse con las diversas asociaciones e instancias que han trabajado durante años por una ciudad incluyente y respetuosa, para realizar una agenda y un programa de acciones que signifiquen un avance importante. http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/hermosillo/95805-trabaja-morena-por-la-diversidad-sexual-en-hmo.html

10 Razones para legalizar la Marihuana

10 Razones para legalizar la Marihuana 1) Regulación del comercio de la marihuana para garantizar calidad, canales de distribución, establecimientos adecuados para su comercialización, lugares de consumo, precio de la sustancia, etc. 2) Inconsistencia en hallazgos encontrados sobre relación entre el riesgo percibido por el público entre accesibilidad y consumo. 3) Posee menor nivel de toxicidad al compararla con otras drogas como LSD, y socialmente es mejor aceptada. 4) Uso medicinal y terapéutico: existen alrededor de 60 fitocannabinoides, por ejemplo: cannabinol (cbn) y cannabidiol (cbd) entre algunos de sus efectos se encuentran: antiinflamatorio, analgésico, antipsicótico, antiisquémico, ansiolítico y antiepiléptico. 5) Su regulación induciría disminución de tasas de narcotráfico. 6) Disminución de recursos financieros y logísticos policiales destinados a la lucha contra el narcotráfico. 7) Disminución de las tasas de muertes violentas reportadas a causa del narcotráfico. 8) Permitiría investigar con mayor certidumbre el fenómeno adictivo y la dimensión real del problema social que a la fecha sólo se infiere por datos epidemiológicos razonablemente confiables. En la Ley General de Salud, artículo 473 al 482 Capítulo VII se establecen dosis máximas legales de consumo personal e inmediato. Sin embargo la norma no describe cómo se puede adquirir la sustancia sin violentar la ley. Esto es una paradoja impráctica. 9) Si bien es cierto que a dosis mayores de cannabis, mayores alteraciones psicomotoras que interfieren con manejo vehicular seguro; la asociación entre dosis-respuesta es poco clara. Sin embargo el riesgo es similar al calculado para el consumo de alcohol. Actualmente se han ubicado los límites de concentración de cannabis en sangre (3.4 ng/ml) y en plasma (7 a 10 ng/ml) que corresponden al mismo nivel de alteración que .05% de concentración de alcohol; límite legalmente establecido a nivel mundial. 10) Jurisprudencia: Principio del Mal Menor. Aunque la marihuana es una sustancia potencialmente tóxica y adictiva su legalización obedecería al principio del “mal menor” que implicaría una sustancial disminución del mal mayor (violencia, crimen, ignorancia de muchos aspectos del proceso sociocultural de la adicción, estado paternalista) y estaría acorde con libertades individuales de elección. http://www.entreciencias.enes.unam.mx/ciencias-de-la-salud-biologicas-y-quimicas/argumentos-para-el-debate-sobre-la-legalizacion-de-la-marihuana-en-mexico/#.VIl1odKG-uJ

Presenta Diverciudad resultados de “Hermosillo Incluyente”

· Arroja encuesta que en Hermosillo, estamos programados a que todo lo que es diferente, verlo mal y con mucho morbo. Con el fin de construir una sociedad libre de discriminación, respetuosa de los derechos humanos, que fomente el desarrollo de los individuos con equidad y justicia social la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, A.C. llevó a cabo el proyecto “Hermosillo Incluyente”. Según la CONAPRED las personas homosexuales son el grupo más discriminado en nuestro país; indica que 4 de cada 10 mexicanos no estaría dispuesto a compartir su casa con una persona homosexual. En Sonora Diverciudad aplicó 314 encuestas a población abierta para medir actitudes acerca de los derechos sexuales, diversidad sexual y perspectiva de género a través del proyecto Hermosillo Incluyente. La comunidad hermosillense reconoce que hay rechazo y discriminación a las personas LGBTTTI ya que si bien hay una tolerancia como lo marca el 69.0 % que reconoce que es normal que algunas personas sientan atracción por gente de su mismo sexo, esta es condicionada, porque al 48.3 % le incomoda que muestren sus afectos dos personas del mismo sexo. En Hermosillo el 61.5 % se sentiría cómodo viviendo con una persona LGBTTTI. En otros resultados el 40.2 % afirma que en Hermosillo no se respetan los derechos de las personas LGBTTTI, seguido de un 85.5 que afirman que tendrían una amistad con una persona homosexual. En cuanto a los ámbitos de discriminación o exclusión el resultado arrojó que es en los lugares públicos con un 16.6%, seguido de un 14.9 por ciento en las escuelas debido a la carrilla homofóbica ya que esto es “lo clásico” afirmaron las y los encuestados, posteriormente le sigue el lugar de trabajo con un 14.6 %, en la iglesia con el 11.9, y el hogar con 11.4, en la mayoría de los casos con excepción de la iglesia la más discriminada es la mujer. En el ámbito familiar persiste la idea errónea de que la orientación sexual está determinada por la familia y no por lo biológico. Esto hace que algunas familias se esmeren por cambiar la orientación sexual de sus hijas e hijos y castiguen a quienes deciden iniciar su cambiose sexo. En cuanto a la pregunta si mi hijo o hija es victima de bullying por orientación sexual o identidad de género el 51.4 % afirmó que no sabe a donde acudir para denunciar estos hechos. La homofobia, el heterosexismo y el prejuicio sexual son manifestaciones de violencia de género. En general las personas homofóbicas son motivadas por un deseo de preservar los roles tradicionales de género que dictan como debe portarse un hombre y como debe portarse una mujer. Diverciudad resultó beneficiada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOLl) y la SEDESOL a través del programa Coinversión Social, con el objetivo de fomentar el desarrollo de individuos y los colectivos sociales de equidad y justicia social. En la presentación y presidium estuvieron presentes el Dr. Francisco Reyes de Alba subsecretario de Salud, Rafael Ramírez Villaescusa, subdelegado de Desarrollo Social y Humano, SEDESOL en Sonora, Angélica María Payán García directora general del Instituto Sonorense de la Mujer, María Luisa Alatorre Castañeda directora de atención a los derechos sexuales en la CEDH y Elsa Cornejo Vucovich representante de Diverciudad AC.

¿Por qué hay que detener la guerra contra las drogas?

Por Jorge Javier Romero Jueves, 04 de diciembre de 2014 a las 06:45 Nota del editor: Jorge Javier Romero es profesor asociado del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas y presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. (CNN)— El 26 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Poco después encontraron muertos a tres de ellos; se dice que a uno de ellos le arrancaron la piel del rostro. Los estudiantes estaban en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, e iban rumbo a una protesta por la falta de recursos para su escuela. Las desapariciones indignaron a la sociedad y provocaron que los ciudadanos se manifestaran masivamente en todo el país. La opinión pública cree que el crimen fue un acto de terrorismo de Estado, idea que ha recibido el respaldo de los reportes de que la policía local secuestró a los estudiantes por órdenes del alcalde de Iguala, quien fue detenido, y los entregaron a una pandilla que luego los mató. Se ha arrestado a docenas de sospechosos, entre ellos a algunos miembros de la policía municipal y al alcalde de Iguala y a su esposa, quienes presuntamente tienen lazos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Human Rights Watch señaló que el incidente de Ayotzinapa ha sido la peor crisis de derechos humanos a la que México se ha enfrentado desde la masacre de los estudiantes desarmados en Tlatelolco en 1968. No obstante, este es el más atroz de los muchos actos de violencia de Estado que han ocurrido desde que el gobierno mexicano intensificó su guerra contra los cárteles de la droga. En gran parte del país han ocurrido masacres como resultado del enfrentamiento entre los traficantes y los agentes del Estado (policía y fuerzas armadas) o entre los grupos delictivos rivales que se disputan el control de las rutas y los mercados. El costo humano de esta guerra ha sido enorme. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hubo 95,000 muertes violentas en el país entre 2006 y 2012. De ellas, se estima que 60,000 están relacionadas con la guerra contra las drogas. En el mismo periodo, según la Procuraduría General de la República, se reportaron 25,000 personas desaparecidas. Al principio de la campaña contra los cárteles, México solicitó y recibió el apoyo de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida, que se aprobó en marzo de 2007 y con la que se incrementó el financiamiento de Estados Unidos de 40 millones de dólares (unos 520 millones de pesos) al año que México recibía a mediados de la década de 2000 a 1,500 millones de dólares (unos 19,500 millones de pesos) en la primera etapa de la iniciativa. El objetivo de la Iniciativa Mérida era proporcionar a las fuerzas de seguridad mexicanas el equipo y la capacitación para contrarrestar el tráfico de drogas. En respuesta a las críticas de que la primera etapa no había abordado el desarrollo de capacidades y la reforma institucional, la segunda etapa o Beyond Merida (Más allá de Mérida) incluyó recursos para apuntalar la legalidad y el fortalecimiento de las comunidades. Sin embargo, los resultados han sido desastrosos. La realidad es que los traficantes han aprovechado las debilidades institucionales y la corrupción de los gobiernos municipales para controlar a la policía y a los políticos locales. La pobreza y marginación de los campesinos (quienes carecen de acceso al crédito, tienen que pagar precios altos por las semillas, fertilizantes y el transporte de sus productos y carecen de la tecnología necesaria para desarrollar cultivos con alto valor de mercado) son una oportunidad para los traficantes, quienes los contratan para producir amapola o marihuana. Aunque les pagan salarios reducidos, sus ingresos ilícitos siguen siendo más altos de lo que recibirían con cultivos tradicionales. Pero si no fuera por la prohibición, los cultivos ilegales no serían redituables. Tristemente, la ausencia de límites legales, y morales, no es exclusiva de los criminales, ya que las fuerzas de seguridad del Estado cometen atrocidades con el pretexto de la guerra contra las drogas. Hace poco, en junio, consignaron a siete soldados por la ejecución extrajudicial de 22 supuestos traficantes en Tlatlaya, en el Estado de México. De acuerdo con los testigos, las víctimas ya se habían rendido. Este no es, de forma alguna, un hecho aislado. Las ejecuciones extrajudiciales son una costumbre recurrente tanto del Ejército como de la Armada, corporaciones que están involucradas en una guerra en la que no se respetan los derechos humanos ni el Estado de derecho. De hecho, un profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló recientemente que cuando la policía federal se enfrenta a los criminales "2.6 sospechosos morían por cada persona que resultaba herida. Cuando el Ejército estaba involucrado, las muertes aumentaron a nueve y cuando la Armada participó, la cantidad se víctimas mortales ascendió a 17 por cada herido". Mientras tanto, tras más de 10 años de guerra contra las drogas, no ha desaparecido ni la oferta ni la demanda de drogas ilegales. De hecho, ni siquiera ha habido una reducción de la oferta a ambos lados de la frontera con Estados Unidos. De igual forma, los cárteles no han desaparecido en México. De hecho se han multiplicado como resultado de la fragmentación, mientras que el nivel de violencia ha aumentado. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa son apenas la punta de un iceberg cuya profunda base socava rápidamente a las atribuladas instituciones de los gobiernos locales de todo México. La violencia está ahuyentando a la inversión que llevaría el desarrollo a las regiones marginadas mientras los cárteles, fortalecidos con los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas, diversifican sus actividades y extorsionan a los mercados legales al más puro estilo de la mafia. A final de cuentas, poner fin a la guerra fallida contra las drogas ahora es una cuestión de supervivencia para México. Si México quiere restaurar la paz y la normalidad, los recursos que hoy se destinan a combatir el tráfico deben destinarse a desarrollar las capacidades, a la reforma institucional de las fuerzas locales y a la persecución de delitos predatorios. Además, una política de drogas nueva, enfocada en la salud y que enfatice la prevención, la reducción de los daños y el tratamiento debe reemplazar el énfasis en la persecución policiaca y militar. La verdad es que la guerra contra las drogas ha hecho más daño que bien. Es hora de que termine. Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Jorge Javier Romero. http://m.cnnmexico.com/opinion/2014/12/04/opinion-por-que-hay-que-detener-la-guerra-contra-las-drogas