Visitara el Kilómetro 21 en Nogales: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora, a 26 de diciembre de 2012 Boletín de Prensa A los medios de comunicación: Visitara el Kilómetro 21 en Nogales en la implementación del programa “Diputado amigo, Diputada amiga” La Diputada Lorenia Valles. La Secretaria de las Comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Norte, La diputada Lorenia Valles Sampedro y dentro del programa “Diputado amigo, Diputada amiga”, que se aplica desde el 14 de diciembre de 2012 y durara al 10 de enero de 2013; estará mañana en el Kilómetro 21 de la carretera Nogales Hermosillo a las 10:00 A.M.. Con el propósito de garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sean con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones. El objetivo primordial es brindar atención a las y los mexicanos que regresan a sus estados de origen por las fiestas decembrinas y que al concluir estas retornan a los Estados Unidos. La observación y apoyo se realizará por parte de los diputados de la LXII Legislatura, en los 19 puntos de cruce fronterizo con Estados Unidos, haciendo énfasis en las zonas de mayor afluencia y a lo largo de las carreteras que utilizan los paisanos. Se entregará a las y los paisanos que ingresan a territorio nacional folletos explicativos del Programa, así como acreditaciones para ser colocadas en el parabrisas, a fin de que las autoridades otorguen todas las facilidades que determine la Constitución Política.

EL DÍA DE LAS Y LOS MIGRANTES ES DE LUCHA, REIVINDICACIÓN Y RECONOCIMIENTO PLENO A SUS DERECHOS: LORENIA VALLES

Palacio Legislativo de San Lázaro 19 de diciembre de 2012

MÉXICO, PRIMER LUGAR EN EXPULSOR DE MIGRANTES Y TERCERO EN RECEPCIÓN DE REMESAS • Doce millones de connacionales radican fuera del país, lo que equivale al 10 por ciento de nuestra población; cada año 140 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala para alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos, y aquí no encuentran la mejor de las recepciones • Hace un llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar presupuesto suficiente en el tema migratorio; hay reducciones muy significativas, como en el Fondo de Apoyo a Migrantes, de 300 millones a 150 millones de pesos, cuando la Comisión de Asuntos Migratorios ha impulsado que se aumente a mil millones de pesos El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Internacional del Migrante, pero si me permiten complementar diríamos, el Día Internacional de las y los Migrantes, pues según estimaciones de la CEPAL y de la ONU, actualmente la migración mundial se caracteriza por haber alcanzado la paridad de migrantes hombres y mujeres. La migración internacional es un fenómeno que aumenta, pero nunca se acaba, y sin duda contribuye de manera positiva al desarrollo de los países, tanto de origen como de destino, siempre y cuando existan políticas públicas adecuadas, se respeten los derechos y las libertades fundamentales de las y los migrantes. Sabemos que la migración es un fenómeno social de múltiples causas; económicas, sociales, políticas y culturales, que repercuten en la sociedad y la familia, pero de manera particular en la vida de las mujeres y de las y los niños. En este orden, es un orgullo saber que las y los mexicanos destacan en el extranjero por su trabajo, mujeres y hombres que a nada temen para cambiar su destino de marginación, pobreza y desigualdad en México, buscando una vida mejor para sus familias. Los abusos de que son objeto durante el trayecto a su meta son muchos y de diversa índole, al grado que pueden encontrar hasta la muerte y en algunos casos desgraciadamente, a manos de las propias autoridades migratorias. En muchos de los casos enfrentan la categoría de delincuentes al pisar suelo extranjero, por el hecho de viajar sin documentos. Y qué decir de las y los niños, de las y los jóvenes, que cada vez son más los que corren esa aventura tras el sueño americano, porque el gobierno ha fallado y la sociedad también. Tan sólo en 2011, el gobierno americano entregó a nuestro país 14 mil 237 niñas y niños migrantes no acompañados, de los cuales el 90 por ciento de ellos tiene una edad entre 13 y 17 años, y en los primeros seis meses de este año la cantidad fue de 10 mil, lo que representa más del doble que el año anterior. Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, los migrantes, las migrantes contribuyen con su país enviando remesas y ayudando para que haya alimento en la mesa de muchas familias, que haya oportunidad de estudiar para la niñez y la juventud; para que puedan atender su salud las y los adultos mayores, y una larga lista de beneficios para su familia y para su nación, que sabemos lo llevan en el corazón y en cada fecha simbólica de México, en donde estén recuerdan a su patria. Nos han demostrado las y los migrantes que son capaces de influir en su país, pero también en el país de adopción. Ya lo vimos en Estados Unidos, en la última elección donde junto con otras minorías hicieron ganar al presidente Barack Obama. La deuda que tiene México con las y los migrantes es moral, pero también económica. Por citar un ejemplo, les recuerdo, les debemos sus ahorros desde el siglo pasado, se usan a este sector de la población en las elecciones para beneficio, y después se olvidan de ellos. México es el primer lugar de expulsor de migrantes y tenemos el tercer sitio mundial en recepción de remesas. 12 millones de nuestros connacionales radican fuera de México, lo que equivale al 10 por ciento de nuestra población. Y no olvidamos señalar que cada año 140 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala para alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos, y en México no encuentran la mejor de las recepciones. En el Partido de la Revolución Democrática no simulamos en este tema. Hemos sido promotores de sus demandas en todos los foros nacionales e internacionales. Damos muestra que donde gobernamos, las y los migrantes tienen derechos reconocidos en las leyes, y aportamos recursos para su beneficio y el de sus familias. Por eso, consideramos que esta Cámara debe hacer eco de sus luchas, tender los puentes políticos para que se dé la reforma migratoria que les garantice una estancia legal a las y los mexicanos en ese país. Tenemos que revisar de manera constante la Ley de Migración para mejorar el trabajo del Instituto Nacional de Migración. Tenemos que avanzar en el derecho pleno de votar y ser votados en las elecciones federales, estatales y municipales, como candidatos a elección popular, pero fundamentalmente -y quiero subrayar este punto- hacemos un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, a los coordinadores de los mismos, a la Comisión de Presupuesto y al propio gobierno federal, para que se garantice el presupuesto suficiente en el tema migratorio en nuestro país. Es muy preocupante encontrar reducciones muy significativas, como es el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, que de 300 se redujo a 150 millones de pesos, cuando la comisión ha estado impulsando que se aumente a mil millones de pesos. Y algo muy importante que quiero subrayar a nombre de la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Amalia García, su servidora como secretaria, y estoy segura de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión, porque así lo han manifestado, la necesidad de atender con urgencia el fideicomiso para los braceros, que aparece en la propuesta del presupuesto 2013 en ceros. Hacemos un llamado para que se pueda reconsiderar y que se incluyan los mil 500 millones de pesos que aún quedan pendientes para poder satisfacer esa lista de braceros que tienen derecho a su apoyo, que en nada se paga lo que realmente corresponde, pero consideramos que al menos sería justo pagar lo que se consideró en este fideicomiso. Con todo esto decir, que retomando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, en la celebración del día de ayer, el día del migrante, Ban Ki-moon, con las restricciones presupuestales se observa la aplicación de medidas de austeridad que discriminan a las y los migrantes, una retórica xenofóbica que alienta la violencia contra los migrantes y los convierte en delincuentes una vez que son exprimidos y usados para beneficio de un país, olvidándose que en épocas de crisis dependemos de ellas y ellos para subsistir. Para el Grupo Parlamentario del PRD éste no es un día de festejo pueril, sino de lucha, reivindicación y reconocimiento pleno a las y los migrantes. Migrar es un derecho. Y no migrar, también.

” Menos iniciativas rápidas y furiosas y Mérida”: Lorenia Valles

MAYORES RECURSOS PARA PROGRAMAS SOCIALES EN LA FRONTERA NORTE DEMANDA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y FRONTERA NORTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS *” Menos iniciativas rápidas y furiosas y Mérida” y más coordinación y apoyo de Estados Unidos en educación, salud, deporte, prevención contra adicciones, ciencia y tecnología y empleo”,, propone la secretaria de las comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Norte, Lorenia Valles Sampedro. La diputada Lorenia Valles Sampedro, secretaria de las comisiones de Asuntos Migratorios y Frontera Norte, se comprometió apoyar todas las obras de beneficio para las y los sonorenses propuestas por el Gobierno del Estado y los municipios, integradas al paquete presupuestal del 2013, pero recalcó que es necesario que los recursos federales se apliquen donde más se requieren, como es el caso de la ciudad de Nogales, ciudad fronteriza más grande del estado de Sonora, que atraviesa por graves dificultades sociales y económicas. Durante una visita por esa ciudad fronteriza, la legisladora señaló que necesita también que “haya menos iniciativas rápidas y furiosas y Mérida” y en lugar de ello buscar una coordinación y apoyo de Estados Unidos en educación, salud, deporte, prevención contra adicciones, ciencia y tecnología y empleo, con menos abusos a las y los mexicanos avecindados en la frontera norte. “Ejerceremos nuestra facultad fiscalizadora para tener certeza que se aplicaron los recursos que van dirigidos a detonar la frontera y el apoyo a las y los migrantes”, afirmó la legisladora Valles Sampedro, integrante de la fracción parlamentaria del PRD en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Valles Sampedro recalcó que, independientemente que en la presentación del paquete fiscal 2013 no se vean por encima sorpresas ello no quiere decir que no las intenten en la discusión del mismo, por lo que estará muy atenta para evitarlo junto con el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. -o-

Iniciativa Constitucional: Lorenia Valles

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de Noviembre de 2012 Lorenia Iveth Valle Sampedro, Diputada Federal de esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el inciso i) Adiciona un inciso j) pasando el actual inciso i) a ser j) a la Fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar la protección real y efectiva de los animales domésticos o mascotas por parte de autoridades y personas, en base a la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La legislatura pasada dio un impulso trascendental a favor de las personas en México, reconociendo plenamente sus derechos humanos como muro que no debe de pasar el poder público, además las obligaciones a desarrollar por el Estado para garantizar una vida digna a la sociedad mexicana. De ahí que en el pleno respeto de nuestras diferencias, podamos encontrar la verdadera unidad nacional. Sin embargo, es necesario continuar desarrollando el respeto no nada más por las personas, sino también por los animales, que a diario conviven con nosotros y los que son parte integrante de nuestra fauna nacional, que debemos proteger, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la salud animal y la salud pública, para tener un futuro respetuoso del medio ambiente y no exista falta de conocimiento de las autoridades e individuos en la interacción con nuestro entorno. En este orden, existen diversas asociaciones de protección a los animales, se tienen contabilizadas más de 100 en todo el país que exigen un trato digno y respetuoso a todo ser vivo y buscan desde la sociedad civil, crear conciencia en la sociedad para bien de todos, y si decimos que somos democráticos y cultos, tenemos que demostrarlo no siendo crueles con los seres vivos sean personas o animales. Es un sentir cierto, que los individuos que son crueles con los animales son crueles con la gente, y que de lo que se trata, es evitar que las personas dañen personas, enseñándolos a respetar a las personas y a los animales armoniosamente para la sana convivencia. Sabemos que existen políticas públicas y leyes como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, pero tenemos antecedentes que nos demuestran que no son suficientes para garantizar el respeto pleno a los animales silvestres, domésticos o mascotas; basta mencionar dos ejemplos concretos: 1.- La propuesta del Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, de dar 200 pesos por cada animal que fuera llevado sacrificar para evitar la sobrepoblación de animales callejeros en dicho Municipio, solución que es temporal y no de fondo, porque lo que se busca es educar y sensibilizar a las personas de la responsabilidad que es tener una mascota. No negamos las intenciones pero son fallidas si no son integrales. Las manifestaciones de rechazo por esos actos fueron generalizadas en el ámbito nacional, inclusive internacional y puso en el centro de la discusión el respeto de las mascotas; las cuales tienen cuidados distintos, dependiendo del tipo de animal que sea y de su raza, es decir, es una nueva responsabilidad adicional a las que comúnmente se tienen. 2.- De igual manera, nos enteramos también, de la denuncia penal presentada contra personal de protección civil del Municipio de Zaragoza, Coahuila, por maltrato a una osezna y de la multa de 14 mil 750 pesos impuesta a dicho municipio. Como dato adicional el INEGI reporto en el año de 20011 18 millones de perros, de los cuales, sólo 5.4 millones tenían un hogar. Cabe recordar que en principio las autoridades buscaron establecer un lugar específico para confinar y eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública, a partir de esto, se generaliza la preocupación para atender el problema social y de salud que representa el perro callejero creándose para ello diversos establecimientos, cuyas denominaciones en ese momento correspondieron a los propósitos que se perseguían, como fueron perreras municipales, centros antirrábicos, centros antirrábicos veterinarios, o centros de zoonosis. La evolución en la relación con las mascotas o animales domésticos llevo a que estos centros se denominen centros de atención canina. Los cuales son establecimientos de servicio público orientados a resolver los problemas que provocan los perros y, en menor proporción los gatos, tanto en la vía pública como en los domicilios, que ponen en riesgo la salud de la población; en México existen 86 de estos establecimientos, ubicados en 24 entidades federativas, destacando la diversidad de denominaciones con las que sus comunidades los identifican. Tradicionalmente, estos establecimientos públicos, han orientado su trabajo a resolver los problemas que ocasionan los perros, inicialmente para el control de la rabia, para lo cual la vacunación antirrábica canina es prioridad; además de realizar otras actividades como son la captura de perros callejeros, recolección y observación de animales agresores, la eliminación de los no reclamados, obtención de muestras y servicio de diagnóstico de animales sospechosos, en algunos casos representan el primer contacto con las personas agredidas, acciones que vienen a ser subsecuentes y resultantes del interés de las autoridades que administran este servicio y tratan de hacerlo de manera integral. Sin embargo, los animales, tanto si son de compañía o no, necesitan más o menos lo mismo que nosotros para tener una buena calidad de vida, en algunos casos los llevamos adoptar nuestras costumbres y los alejamos de su forma natural de actuar, los debilitamos y enfermamos. Necesitamos mantenerlas en actividad física, cuidarles la dieta, darles vitaminas y antioxidantes, tenerlos hidratados, darles afecto y relacionarlos con otras personas y mascotas y no medicarlos. Lo anterior, nos da como resultado una actividad muy compleja que repercute en el dinamismo social, pues sin querer generamos problemas a partir del desdén con que tratamos a veces a los animales y qué decir del maltrato directo a estos, que los lesiona y denigra, lo cual debe de terminar, si en verdad nos consideramos personas respetuosas de nuestro entorno. Además, debemos entender que la salud de las personas, no es nada más la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social, lo cual nos hace interactuar directamente con las mascotas o animales domésticos y debemos cuidar junto con nosotros su salud, pues si los vemos lastimados nos duele y si se enferman en algunos casos nos pueden trasmitir el padecimiento. No buscamos con esta iniciativa hacer un cumulo de regulaciones sobre el tema, sino en principio dejar la base mediante la cual el Estado, velará realmente por la protección de los animales domésticos o mascotas y creemos que se puede empezar por el Ayuntamiento, pues estos deben tener una estrategia para cuidar y fomentar la protección a los animales domésticos o mascotas, basados en el conocimiento y las necesidades de la propia comunidad municipal, es decir juntos autoridades y ciudadanos darían rumbo a una comunidad que vela y protege verdaderamente su entorno, con actitudes y valores democráticos. Como ya dijimos, existen reglamentaciones diversas en el tema, que buscan lograr los fines de respeto a las mascotas o animales domésticos, sin embargo hace falta que la Constitución Política de los Estados Unidos lo diga, la referencia más clara de protección a nuestro entorno se encuentra en el artículo 4 constitucional sosteniendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, pero eso no basta para crear una cultura de respeto pleno para la fauna y flora de nuestro País, como venimos diciendo, es de suma importancia que lo diga claramente la Constitución, porque se entenderá que es de suma importancia el respeto y cuidado a los animales desde una perspectiva de complemento para las personas, y no como carga social que debe ser regulada, para su control. Además, la sociedad exige otra participación de los establecimientos orientada a mejorar la convivencia con los animales domésticos o mascotas, por eso de nueva cuenta se debe evolucionar en los centros de atención y buscando una denominación que englobe las necesidades de personas y mascotas. Es por lo cual que sugerimos que la facultad de atender la salud de los animales domésticos o mascotas debe estar plasmada en la Constitución a favor de los ayuntamientos en principio, sin perjuicio del orden federal o estatal y conforme se vayan desarrollando estructuralmente, dado que no se les impone una carga directa de hacer en lo inmediato, si no como vayan creciendo en sus necesidades sugerimos como nombre a dicha institución Hospital Veterinario para Animales Domésticos, porque aquí se englobaría todos los aspectos de la salud en su relación con las personas, buscando siempre las mejoras constantes en favor de los animales, sin descuidar la salud humana, pero con pleno respeto a la vida digna que deben tener estos, sin que existan hechos como los señalados en la presente exposición de motivos. Proponer esto no nos aleja de la defensa de los que menos tienen por el contrario reafirma nuestro compromiso de velar por todos los grupos vulnerables de nuestro país, en el que se incluyen los animales domésticos o mascotas, por su cercanía con nosotros. Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de: DECRETO Que Reforma el inciso i), Adiciona un inciso j) pasando el actual inciso i) a ser j) a la Fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Único: Se Reforma el inciso i), se Adiciona un inciso j) pasando el actual inciso i) a ser j) a la Fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 115. … I. … II. … III. … a) a la h). … i) Hospitales veterinarios para animales domésticos. j) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. IV. … V. … VI. … VII. … VIII. … IX. … X. … TRANSITORIO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ATENTAMENTE

Debe respetarse la Ley Laboral en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Sonora: Lorenia Valles.

Debe respetarse la Ley Laboral en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Sonora: Lorenia Valles. En las giras que he realizado por el Estado de Sonora diversas trabajadoras y trabajadores del Estado de Sonora, le han manifestado a la suscrita que las Juntas Locales de Conciliación (próximas a desaparecer con la reforma laboral) y Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se conducen de acuerdo a la Ley en unos casos con intereses a favor de la patronal y en otros a favor de trabajadores inexistentes que demandan a pequeñas y medianas empresas, perjudicando a empresarias y empresarios honestos. Asimismo, jóvenes se han quejado de que en las juntas de conciliación los obligan a recibir finiquitos menores a los que previene la ley con la amenaza de que serán boletinados y no se les dará trabajo en otras empresas. Se habla también de procesos que se paran por intereses, impunidad, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios, sueldos bajos en algunos empleados, ineficiencias como falta de control en el archivo de expedientes los cuales son hasta desaparecidos. Estas prácticas son añejas y parece que independiente del gobierno no cambian, sin duda no estamos a favor de trabajadoras y trabajadores que solo abusan del patrón, pero tampoco lo estamos de patrones y autoridades coludidas para negar los derechos a los trabajadores. La pasada reforma laboral nada resuelve sobre esto. Se dice que también el personal honesto de las juntas es relegado y amenazado con despidos. Las juntas de conciliación deben ser órganos de imparcialidad como se desprende del Artículo 685 de La Ley Federal Del Trabajo que cita lo siguiente: “El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.” Lo que parece que en la mayoría de los juicios laborales no se lleva a cabo. Además, compete al Gobernador del Estado Conforme la Ley Laboral en sus artículos 601 ( artículo que se derogó en la pasada reforma laboral pero que no entra en vigor todavía) y 622, la instalación y establecimiento de Juntas Locales de Conciliación y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje respectivamente, por lo que el Gobernador del Estado de Sonora puede hacer que las situaciones narradas se terminen para que la justicia pronta, expedita e imparcial derecho humano de los gobernados, sea respetado por las autoridades que aplican las normas en materia laboral. En este sentido, se hace necesario que el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora C. Guillermo Padrés Elias, exija a las Juntas Locales de Conciliación en tanto no desaparezcan y a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de Sonora, el irrestricto cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en la tramitación de los asuntos sometidos a su competencia. ATENTAMENTE DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO.

LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGAS… Miguel Ángel Avilés

A estas alturas de mi vida no he consumido más drogas que no sean de las consideradas legales o que no hayan sido ordenadas por un médico. Soy adicto, eso sí, al café, a un par sólo un six, cuando mucho otro six de cervezas light bien frías, a un caballito de un buen tequila validado por el CRT, a los tacos al pastor y a una infinita variedad gastronómica; también a las siestas, al fútbol, a cualquier tipo de música sobre todo de antaño, a un buen libro,a practicar el arte gastronómico, a los viajes cuando se puede, a escribir tonterías, a la lucha libre, a la charla con los amigos que son muchos, a una que otra mas que se me olvide ahorita y párale de contar. Soy, además, un irremediable admirador de la belleza femenina. De ahí en fuera, que yo recuerde, no tengo otros vicios. Con estas irrepetibles confesiones, trato de dejar constancia desde ahorita que lo que voy a decir enseguida y que puede acarrear la desestabilización del país, no tiene ningún interés o beneficio personal: Estoy a favor de la legalización de la droga. Las razones para estarlo son infinitas y no voy a inventar ninguna. Mejor me remito a estas que en la revista Forum puntualiza Juan Carlos Hidalgo y que si no quieren leerlas, tienen la opción de saltarse hasta donde mas adelante retomo el tema: La legalización pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico, al traer a la superficie el mercado negro existente. La legalización reduciría dramáticamente el precio de las drogas, al acabar con los altísimos costos de producción e intermediación que implica la prohibición. Legalizar las drogas haría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Bajo la prohibición, no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. El narcotráfico ha extendido sus tentáculos en la vida política de los países. Importantes figuras políticas a lo largo de Latinoamérica han sido ligadas con personalidades y dineros relacionados con el tráfico de drogas. Legalizar las drogas acabaría con un foco importante de corrupción.Los gobiernos dejarían de malgastar miles de millones de dólares en el combate de las drogas, recursos que serían destinados a combatir a los verdaderos criminales: los que le violan los derechos a los demás (asesinos, estafadores, violadores, ladrones, grupos terroristas). Con la legalización se acaba el pretexto del Estado de socavar nuestras libertades con el fin de llevar a cabo esta guerra contra las drogas. Legalizar las drogas desactivará la bomba de tiempo en la que se ha convertido Latinoamérica, especialmente países como Ecuador, México, Bolivia y Colombia. En una sociedad en donde las drogas son legales, el número de víctimas inocentes producto del consumo y la venta de estupefacientes se vería reducido substancialmente. La legalización conducirá a que la sociedad aprenda a convivir con las drogas, tal y como lo ha hecho con otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Es apreciable también la propuesta hecha en su momento la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, estando presidida por Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria, tres ex presidentes que han tenido que lidiar con el problema, a revisar las políticas de prohibición del consumo individual y a considerar otros enfoques "que traten el problema de las drogas más como un asunto de salud pública que como una guerra". Y es que la estrategia que se ha seguido hasta ahora ha sido un fracaso. A pesar de la lucha frontal que según se ha dado en contra del narcontráfico tenemos que en Estados Unidos, por ejemplo, el número de personas mayores de 12 años que consumieron alguna droga en los últimos años ronda los 20 millones, una cifra que ha permanecido estable por lo menos desde el 2002, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal. Peor aún, según las autoridades estadounidenses,hoy los cárteles mexicanos controlan el tráfico de drogas en por lo menos 230 ciudades norteamericanas , además de considerable número de secuestros, en su mayoría ligados al narcotráfico, en la ciudad fronteriza de Phoenix, Arizona. En México, se calcula que la violencia ligada al narcotráfico causó por lo bajito en este sexenio la muerte de unas 50,000 personas, más del doble de los muertos del año anterior. El negocio de las organizaciones criminales en varias partes de la república se ha ampliado y ahora incluye la extorsión de impuestos a negocios legítimos. El armamento de los carteles mexicanos es mayor y mejor que el del gobierno mejor armado de la república. Y hoy, México no sólo es un país por el que transita la droga hacia Estados Unidos, sino que se ha convertido también en un país de consumidores de ilícitos. Con esos momios en contra, lo que pueda opinar Felipe Calderón y sus subalternos en la materia no es más que la dañina consecuencia de haberse zampado todo el material bibliográfico de Miguel Ángel Cornejo y Leonardo Stemberg. Esto, claro, bajo la premisa de que en realidad quieren combatirlo. Porque quienes no quieren hacerlo, son justamente los primeros que se oponen a su legalización. Su resistencia es entendible. Ya lo dijo alguna vez el hombre de Georgia, Estados Unidos David T. Johnson, director de la oficina de narcotráfico internacional del Departamento de Estado: En el negocio de las drogas en México participan directamente unas 150.000 personas que mueven capitales hasta por 25.000 millones de dólares. Adicionalmente, unas 300.000 personas participan en el cultivo de marihuana y opio. Esa cantidad de protagonistas produjo unas 18 toneladas de heroína en 2008 y casi 16.000 toneladas de marihuana, orientados directamente al mercado estadounidense. Estas son algunas de las cifras del mercado negro a las que se refiere Juan Carlos Hidalgo y es precisamente con su legalización como se pondría fin a la parte exageradamente lucrativa del negocio del narcotráfico. Aquí se arremolina toda la razón por la cual hay toda una avalancha publicitaría para vendernos la idea de que traer el manejo de las drogas al terreno de la licitud, sería un caos. Lo otra, no menos importante, es la desinformación y la valida ignorancia de mucha gente que cree que la legalización de la droga será un cheque al portador para que esta circule sin restricciones de salud y jurídicas alguna por el libre mercado. Como no saben que esto implicaría un riguroso control en su consumo tanto en el ámbito legal como en el de salud pública, algunos han llegado a pensar que será tanta la libertad en su uso, que la Cocaína, la Marihuana, las Anfetaminas, las Meta-anfetaminas, el Éxtasis, el Ritalin, el Herbal Ecstasy/Efredina, el Crack, la Heroína, el PCP, LSD, los Hongos, los Inhalantes, los Esteroides y , en fin , todo lo metible, al siguiente día de su legalización estarán formando parte de la canasta básica. Pues figúrese que no es así. Para quien estaba con el alma en un hilo o, en todo caso, para quienes ya se les estaba haciendo agua la boca, mi obligación es decirle que esto no es cierto. Se que esta precisión no será suficiente. Se también que, en cuanto el crimen organizado mundial lea esta columneja, lanzarán una cruzada para restarle toda credibilidad y contrarrestarán estos irrebatibles argumentos con un reforzamiento mediático para que la gente siga creyendo que el legalizar la droga sería la perdición total sobre todo de nuestros jóvenes. Mientras eso sucede y antes que un comando de sicarios me descabeche o un francotirador me ejecute desde lo alto de un mezquite cuando yo vaya a comprar mi dotación de tacos al pastor, me mantendré estoico en este teclado para insistir en que el asunto de la legalización no traerá consigo el resultado catastrófico que han logrado venderle a la creencia ciudadana. Muchos piensan debido a esta idea que, liberada la droga, usted la podrá encontrar en cualquier punto, incluyendo en el changarro de la esquina. Entonces surge una paranoia colectiva y agarra vuelo al grado tal que todo mundo está a la expectativa de lo que pasará una vez que se logre su despenalización. Se cree así, equivocadamente, que un adicto contumaz podrá ir al OXXO, o a Ley o a Soriana y que, con toda displicencia, podrá adquirir en el departamento instalado para ello, su bolsa de coca, su paquete de marihuana o su cajita de cristal como si adquiriera maizoro, o canela o un quintal de harina. Ya veo a los adictos de mi barrio esperando a que yo pase a su lado con gran indiferencia rumbo al Wal-Mart para tirarme con un billete a fin de que les traiga, por favor, medio kilo de cristal, una cajetilla de cigarros de marihuana y, lo que sobre, de mocochango. Hacia allá va la creencia. Otros suponen que se establecerán cadenas o franquicias de todos estos productos y se anunciarán en la tele y promocionará, como gancho, el día de la Coca y la verdura. Tampoco. Se cree incluso que estas novedosas empresas darán facilidades de pago y venderán la droga a crédito como lo hace Coppel o la mueblería de su preferencia. No. Para nada. Pero no falta el que se deje sorprender que crea que de pronto llegará una motocicleta a su casa y, desde la puerta, el conductor le gritará: -Señora: ¡el abono de la mota! Se que esto es difícil de entender. El narco esta haciendo su parte y el gobierno, por mas que nos digan otra cosa, no esta haciendo totalmente la suya. Por eso, recalco, el pueblo se cree el cuento de que no tardará una semana a partir de su legalización para que encontremos muchachos por aquí, adolescentes por allá, todos muertos y con una jeringa en el abrazo, mientras que en la tienda departamental de enfrente se anuncia, con edecanes y toda la cosa, gran remate de heroína, LSD, peyote y colitas de borrego de finísima calidad. Es cierto que la impunidad en el país va en ascenso pero, bendito seas dios, todavía no llegamos a tanto. Eso no más falta: que el Mayo Zambada apadrinara una generación del Tec. de Monterrey, por ejemplo, y que al Chapo Guzmán, ya renqueado en la lista de Forbes, le fuera entregada por el Congreso de la Unión la medalla Belisario Domínguez . Entonces sí: este columnista se tendría que ir, como Jaime López y el Piporro, por cigarros a Hong Kong. O a lo mejor no. Quizá aquí también vale explorar y quien quite que, con la legalización, logremos meter al terreno de lo derecho hasta a los propios narcotraficantes. Se vale soñar. Con el fin de abatir este flagelo de las drogas, se le puede proponer al gobierno mexicano que convenga con estos malosos y a cambio de reducirles sus condenas, ellos pudieran colgar los guantes y así como lo hicieron en su momento los grupos guerrilleros que andaban en la clandestinidad, meterse al redil de lo público y competir como cualquier honorable empresario de esos que tantos hay en nuestro país. De este modo, en un tiempo no muy lejano el Congreso de la Unión en mancuerna con las Secretaria de Gobernación, pudieran organizar por primera vez, digamos en el Estadio Azteca o en el Auditorio Nacional, si el coloso de San Ursula les parece muy incómodo, El Primer Congreso Nacional de Narcotraficantes radicados en México. A fuerza de proponer, se me ocurre que lo pudiera patrocinar Televisa, TV Azteca y, claro, la cocacola para que no falten los chescos. De igual manera, así como lo hace la FIL, se pudiera tener cada año a un país invitado para que nos hablara de su experiencia en esta lucha. A mi me parece bien que el primero sea Colombia, el cual, desde luego, quedaría registrado en la historia como el padrino de este gran proyecto. También se pudiera tener mesas de trabajo o conferencias magistrales que estuvieran encabezas por un sicario, un tirador, un burrero o un narcomenudista. A mi todo esto, la verdad, se me hace maravilloso. No sé a ustedes….

No al aumento del servicio de agua potable en Hermosillo: Lorenia Valles

El aumento del servicio de agua potable en Hermosillo es un golpe duro a la economía popular, es conocido por todas y todos que la ineficacia del organismo operador es clara en la Ciudad; no se puede y no se debe cargar las ineficiencias a la ciudadanía. Se deben clarificar primero las anomalías denunciadas, mejorar la administración del organismo operador del agua y después mucho después pensar en un aumento. Por otra parte, nadie sabe verdaderamente el costo del agua a partir de la posible implementación del acueducto independencia, sin embargo la gente ya pago por que se haga la obra, es una mentira que tenga que pagar más por el agua, cuando los recursos destinados en los presupuestos federal y estatal son dineros de la gente de Hermosillo y del Estado de Sonora. No son tiempos de aumentos, si de austeridad en el ejercicio de gobierno y, sobre todo, en el Ayuntamiento de Hermosillo. Atentamente Dip. Lorenia Valles

Sin rumbo la política social en México: Lorenia Valles

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de noviembre de 2012

Con más de 85 millones de mexicana y mexicanos en situación de marginalidad, es decir, con diversas carencias hasta llegar a la extrema pobreza, México no puede salir adelante, por eso la iniciativa legal presentada por Enrique Peña Nieto, en esta materia no dará resultados a favor de todas y todos los mexicanos, probablemente la usaran como en el pasado y como lo hizo el PAN en 12 años clientelarmente, no hay nada nuevo en la Cámara de Diputados para analizar. La pobreza le interesa al PRI mantenerla porque es la forma de manipular el voto en las elecciones, como siempre ha pasado llegaran a ofrecer apoyos a los más pobres, por eso reivindican sus programas como solidaridad, progresa y oportunidades. Quien si no el PRI ha estado en contra de los indígenas, discapacitados, preferencias sexuales, mujeres, adultos mayores y jóvenes por mencionar diversos grupos vulnerables, ahora nos vienen a decir que ya cambiaron y que las cosas serán mejor, yo no les creo, a pesar que en el papel traten de justificar su intención de ayudar a los que menos tienen, hablando de inclusión y no discriminación. La política priista y panista en este sentido es doble moral y perjudicial para la Nación, todo seguirá igual, hasta que haya un transformación de fondo de nuestro sistema económico y político, solo entonces será posible resolver la raíz de los problemas y dejar de administrar la pobreza para ganar elecciones. ATENTAMENTE DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO

Mineros en Sonora carne de cañón de empresarios voraces: Lorenia Valles

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 Lamentables y trágicos los hechos ocurridos en Altar Sonora, en donde murieron dos mineros y dos están gravemente heridos que trabajaban en la mina de oro el chanate. Tenemos ya dos meses insistiendo en que los mineros están desprotegidos en su trabajo, respecto a las medidas de seguridad. Se les corre, se les entierra dentro de las minas, pero no se les reconoce su trabajo, basta ya de presumir que en Sonora, se detona la inversión minera y trae más empleos remunerados, desde Cananea, pasando por todas las minas del Estado hasta llegar a Álamos, los mineros son tratados mal, no se les paga lo justo, por el trabajo peligroso que desarrollan, pues mientras las empresas reportan ganancias millonarias los mineros, solo ganan salarios míseros. El Congreso de la Unión debe revisar la Ley Minera, de nueva cuenta la Ley Federal del Trabajo, porque no es cierto que se cumplan con estas normatividades, en la práctica las empresas no hacen nada, mucho menos las autoridades. De todo hay en las minas que perjudiquen a los trabajadores, hoy vemos narcominas, sumado a explosiones donde mueren mineros, que sorpresa nos darán mañana las autoridades y los grandes empresarios, para seguir perjudicando a la clase trabajadora. Mineros en Sonora carne de cañón de empresarios voraces ATENTAMENTE LORENIA VALLES SAMPEDRO

Escrito de la Dip. Lorenia Valles al Embajador de Estados Unidos

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de noviembre de 2012 C. Earl Anthony Wayne Embajador de Estados Unidos en México Presente.- Me permito a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática entregarle unas notas de la situación de la frontera norte de nuestro País, para que pueda ser sujeto de análisis de su gobierno y suyo propio en el conocimiento de México. La frontera norte de México por su ubicación es el paso más importante de migrantes hacia Estados Unidos y de intercambio comercial de mercancías de Estados Unidos a México, eso ha traído en consecuencia la instalación de industrias a lo largo de la frontera ya sea maquiladoras o mineras por mencionar algunas, en las cuales los beneficios económicos son muchos a favor de los inversionistas extranjeros y pocos a favor de la clase trabajadora mexicana. Asimismo, la población se asienta en ese sector buscando empleo temporal ya sea migrantes internacionales o nacionales para cruzar rumbo a la Unión Americana, además de la población de origen de la propia frontera, que reclaman más y mejores servicios públicos y los recursos no alcanzan para esto, se destinan a otros programas que parecen no resultar. Para muchos municipios de estados fronterizos la migración es fundamental para su existencia, desarrollo social y económico, pero con la crisis de 2008 y un empuje de las actividades delictivas, las y los migrantes son objeto de abusos e inclusive violaciones y la muerte, cabe puntualizar que la mujer migrante se expone a mayores riesgos durante los más de 30 días que tardan en promedio para llegar a Estados Unidos según sostiene el estudio: “Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas. Impacto sobre los niños, sus familias y sus derechos”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunado a esto están las redadas que sufren las y los migrantes por parte de las autoridades norteamericanas. Las pocas personas que se dedican al crimen organizado en ambos lados de la frontera, detonan grandes ganancias en perjuicio de quienes viven en forma honesta e inclusive en algunos casos han abandonado su comunidad fronteriza para migrar a Estados Unidos. Los programas para combatir este flagelo han demostrado su vulnerabilidad y han afectado directamente a las y los mexicanos en sus vidas 100 mil muertos en una guerra que no acaba por terminar. Hoy estamos debatiendo en México la incursión del crimen en las minas de Sonora y Coahuila de la frontera norte, estados que se mencionan mediáticamente y que suman a ese novedoso vocabulario surgido a raíz del crecimiento del narcotráfico, las narco minas. Por otra parte, ya se demostró que no podemos depender directamente de ustedes en materia económica, la crisis de 2008 en Estados Unidos es un referente que nos indica que los efectos son devastadores sobre nuestra economía, la migración se detuvo pero sumo más gente desempleada en ambos países. Datos de la Oficina del censo de Estados Unidos nos indican que de los 50,5 millones de latinos que viven en los EE.UU., el 59 por ciento son de origen mexicano, y no solo contribuyen al desarrollo económico de Estados Unidos sino de México. En este sentido, urge entre ambos países un nuevo entendimiento que promueva el respeto a la soberanía nacional, la ayuda y la cooperación económica en la relación comercial, científica y tecnológica que beneficie ambos países. Que se respeten plenamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Urge el establecimiento de un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos que de garantía a los más de 11 millones de indocumentados en ese país, que reconozca lo importante de la migración y que con eso finalicen las amenazas de arresto y aprehensiones en contra de las y los migrantes. De igual manera, se deben de revisar los programas con los que nos apoyan con recursos económicos para combatir el crimen para cambiarlos a programas que prevengan eduquen y desarrollen la ciencia y tecnología, para generar empresa y empleo, en lugar de usar armas y balas. Porque creo, como Usted lo cree, la educación es una herramienta esencial para la prosperidad y el desarrollo de empresas y empleos, hoy que celebraran la Semana global del emprendimiento y la Semana Internacional de la Educación. ATENTAMENTE DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LA FRONTERA NORTE

Se reunirá el Embajador de Estados Unidos en México con la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados: Lorenia Valles

Es necesaria en el corto plazo una reunión con las y los legisladores de Estados Unidos para revisar tema migratorio. La próxima semana se reúne el Embajador de Estados Unidos en México con la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte de la Cámara de Diputados: Lorenia Valles Secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte y Asuntos Migratorios. En general con optimismo ven las y los mexicanos el triunfo de Barack Obama, sobre todo que los latinos el 76% entre ellos mexicanas y mexicanos, los jóvenes, las mujeres y las minorías de Estados Unidos le dan el triunfo al votar por él comprometiéndolo a cumplir con las diversas propuestas que están pendientes con ellos y ellas. En el caso de las y los latinos la legalización de su estancia en Estados Unidos, promesa incumplida en sus 4 primeros años de gobierno a 11 millones de personas indocumentadas. Pocas veces se tiene oportunidad de cumplir como hoy las tiene Barack Obama sobre el tema de la migración por trabajo a Estados Unidos. Por eso en la Reunión que tengamos el próximo miércoles 14 de noviembre en la Cámara de Diputados las y los miembros de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, planteare al Embajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne, la necesidad de una reunión con los legisladores de Estados Unidos para que sea el punto de partida de una nueva relación entre los dos países el tema migratorio, sobre todo que la migración trae beneficios directos a la economía de ambos países. Debemos coincidir las y los legisladores de México en apoyar sin distingos de partido a las y los migrantes, para sensibilizar a nuestros pares norteamericanos y lograr con ello una nueva era de solidaridad y fraternidad entre nuestras naciones.

DECLARACIÓN DE LA RED INTERCULTURAL MEXICANA: FIRMADO POR LA DIPUTADA LORENIA VALLES

Nosotras y nosotros quienes suscribimos la presente Declaración, representantes del Gobiernos estatales y municipales, de Legislaturas federales, estatales y del Distrito Federal y de organizaciones sociales y civiles, reunidos en la Ciudad de México el día 24 de octubre de 2012, Tomando nota que la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Resolución 62/90 denominada "Promoción del Diálogo Intercultural e Interreligioso, entendimiento y cooperación para la Paz" el 17 de diciembre de 2007 en la cual reafirmó el compromiso de todos los Estados a promover el respeto universal, observancia y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Reconociendo que a escala internacional, regional, nacional y local se realizan esfuerzos institucionales para adoptar medidas que coordinen acciones relacionadas con esta encomienda, corno son los casos de la Alianza de las Civilizaciones, el Programa del Consejo de Europa-Comisión Europea sobre Ciudades Interculturales, el Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural, las políticas de estados latinoamericanos sobre interculturalidad para el desarrollo y las redes de ciudades interculturales en España, Noruega, Ucrania, Japón e Italia. Considerando que las leyes y políticas públicas basadas en el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, prioritariamente de aquellas con mayor grado de marginación o exclusión social, corno lo son las personas migrantes, indígenas originarias, colectivos urbanos, comunidades con distinta orientación sexual, mujeres, jóvenes, niñas, niños y personas adultas mayores, son el mecanismo más idóneo para que se adopten las obligaciones que los Estados tienen con la sociedad. Insistiendo en que la coordinación y cooperación interinstitucional son mecanismos eficaces para llevar la declaración a la acción para el reconocimiento de la interculturalidad basada en los derechos humanos. Cumpliendo con las recientes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocen los derechos humanos y no sólo la garantía de accesibilidad a los mismos. Comprometidos a seguir desarrollando políticas públicas y marcos jurídicos de acuerdo a las propias realidades de nuestras sociedades en los distintos órdenes de gobierno, Adoptamos la siguiente Declaración y su Plan de Acción: Primero.- Anunciamos el interés de conformar la Red Intercultural Mexicana integrada por gobiernos, legisladores, instituciones académicas y organizaciones sociales y civiles con el objetivo de impulsar marcos jurídicos y políticas públicas a escala estatal, municipal, ciudad o localidad encaminadas a promover estrategias de interculturalidad, atención a migrantes y diversas formas de movilidad humana, así como el intercambio de experiencias, acompañamiento de acciones, realización de talleres y capacitaciones, difusión de materiales, articulación con otros gobiernos y dependencias estatales, regionales, municipales, delegacionales y federales, con el H. Congreso de la Unión y legislaturas locales, y en general compartir ideas y acciones comunes. Segundo.- Entendemos que la interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio de los derechos de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el espacio cultural de la sociedad en la que están presentes. Tercero.- Reconocemos que la movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Cuarto.- Respetamos el criterio de hospitalidad el cual consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno de las personas migrantes que se encuentren en nuestro territorio y posibilitar el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por los gobiernos parte. Quinto.- Interactuarernos con la Cámara de Diputados Federal en el proceso de definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para que se etiqueten recursos específicos para acciones locales en materia de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, así como las pertinentes en los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sexto.- Realizaremos talleres en cada uno de los estados participantes en la Red sobre sensibilización de los temas de la Red para propiciar el compromiso de las dependencias estatales, gobiernos municipales, ciudades y localidades, iniciando con el Seminario de Interculturalidad y Movilidad Humana de carácter itinerante en las entidades participantes. Séptimo.- Nos coordinaremos en los procesos de definición de políticas públicas y legislaciones en las materias de la Red. .. Octavo.- Propiciaremos la cooperación internacional y el acompañamiento de organizaciones sociales y civiles e instituciones académicas en los procesos de la consolidación de la Red. Noveno.- Visibilizaremos las acciones y experiencias que se han llevado a cabo en las entidades federativas para socializadas en otros estados, así como las que se realizarán en los meses por venir. Décimo.- Compartiremos experiencias locales en el marco de la Red con aquellas que se realizan en proyectos regionales e internacionales, tales como participar en una Interacción Intercultural Latinoamericana y en la iniciativa del Consejo de Europa de febrero próximo. Décimo primero.- Acordamos la creación de un plan de acción para velar por el cumplimiento de esta Declaración. Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

Respeto a las y los migrantes ante la implementación del programa paisano invierno 2012: DIP. LORENIA VALLES

ANTE EL INICIO DEL OPERATIVO PAISANO INVIERNO 2012, LLAMAMOS A LAS AUTORIDADES A CONDUCIRSE CON RESPETO Y AUXILIAR A LAS Y LOS MIGRANTES QUE RETORNAN AL PAÍS. Hacemos un llamado a las autoridades Federales, Estatales y Municipales a conducirse con respeto en el trato a las y los migrantes paisanos que llegaran, dada ya la cercanía de las fiestas invernales. Les recordamos que solo traen beneficios a las comunidades del País y por eso debemos atenderlos como se lo merecen, por su esfuerzo doble en el desarrollo de la Nación. México depende de las remesas que mandan las y los migrantes, por eso no debemos ni podemos hacerles mala cara, tratarlos mal y abusar de ellas y ellos, en su recorrido por las carreteras mexicanas. De ida o de venida son aliados del progreso de las y los mexicanos, en unos casos transitoriamente, en otros, por siempre. Esperamos que no se escuchen reclamos por mal trato, abusos, extorciones de parte de nuestros paisanos en contra de las autoridades de los tres niveles de gobierno, no se lo merecen. Sin duda los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PRD, estaremos atentos a las denuncias que se presenten y exigiremos que la Ley se cumpla en favor de las y los migrantes que retornan a casa a encontrarse con sus familias pues bien merecido se lo tienen por su trabajo al otro lado de la frontera mexicana. ATENTAMENTE DIP. LORENIA VALLES SECRETARIA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y FRONTERA NORTE

La reforma laboral debe congelarse: Lorenia Valles

La reforma laboral debe congelarse y empezar una discusión de fondo de todas las iniciativas que se encuentran en la Comisión del Trabajo y Previsión social de la Cámara de Diputados, así lo manifestó la Diputada Lorenia Valles Sampedro, sostuvo: que “se debe poner atención a lo manejado por la prensa y especialistas, los cuales mencionan que alrededor de 870 mil niños y niñas de seis a 13 años, casi 5 % de este grupo de la población a escala nacional, continúan trabajando. El estudio fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), a pesar de que está prohibido por la Ley. Adicionalmente tenemos que el Gobierno de Calderón terminara como el gobierno del desempleo al sólo crear 500 empleos para marginados y reconoce el Gobierno que viven en zonas pobres 17.8 millones de mexicanos. De igual manera, Calderón deja más de 867 desempleados. Estos Elementos objetivos nos permiten decir que la reforma laboral no puede salir en la forma propuesta por Calderón y sus aliados como Peña Nieto, por nuestra parte, volveremos a votar en contra de una reforma laboral lesiva que afecte a las y los trabajadores y que permita el abuso de las niñas y niños, debemos revisar a fondo el marco laboral, encontrando un equilibrio entre los interés laborales y patronales, para evitar que sufra la niñez. Sumado a esto la iniciativa ya dejo de ser preferente y se necesita una Ley Reglamentaria del artículo 71 de la Constitución. En materia de Iniciativa preferente.”

EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO DEBE MODIFICAR LA POLITICA MIGRATORIA DEL PAIS.

La Ley y el reglamento de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre no garantiza plenamente los derechos humanos de los migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México, advirtió la legisladora Lorenia Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. La diputada federal de Sonora, Lorenia Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LII Legislatura, de la Cámara de Diputados, consideró que el próximo gobierno federal de Enrique Peña Nieto deberá promover una política migratoria integral, ya que la Ley y el Reglamento de la Ley de Migración que se publicó el pasado 28 de septiembre no garantiza plenamente los derechos humanos de los migrantes que transitan y residen de manera temporal o permanente en México. Al presentar una serie de propuestas en la Comisión de Asuntos Migratorios para la elaboración de la agenda de trabajo de la LII Legislatura, la diputada sonorense, integrante de la fracción del PRD, afirmó que la nueva ley migratoria y su reglamento, que entró en vigor recientemente, “continúa habiendo vacíos que en la práctica se llenan con la aplicación discrecional de la norma por parte de las autoridades migratorias, así como diversas violaciones a los derechos de la población migrante por una falta de claridad en el texto”. Destacó que la ley y su reglamento carecen de los elementos suficientes para hacer efectivos los derechos de las personas migrantes, independiente de su situación migratoria. Continúan haciendo una vinculación inadecuada entre el tema de Seguridad y de Desarrollo Humano porque tiene contenidos altamente violatorios de los derechos humanos. La legisladora Valles Sampedro aseguró los conceptos de la Ley General de Población y la nueva ley de Migración prevalecen los preceptos violatorios de los derechos humanos, como es el de la detención. La Ley General Población derogada se refería al aseguramiento y la Ley de Migración habla de alojamiento, que en los hechos es la privación de la libertad, que viola la constitución y es inadecuada en un ámbito de derecho administrativo. “Se deben dejar de usar eufemismos, no son personas alojadas, son personas detenidas”, afirmó la secretaría de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Asimismo, dijo que se mantiene un grave rezago en términos de las garantías del proceso para los personas migrantes, en todo el procedimiento administrativo migratorio. Por ejemplo, dijo, el derecho a la defensa es inejercible, porque no existe una defensoría pública para migrantes y difícilmente los defensores de sus derechos tienen acceso a las estaciones migratorias. El derecho a la defensa está reconocido en el papel pero de poco le sirve a las personas, porque del papel a la realidad y los medios para ejercer el derecho no están claros.

Boda Gay: en Hermosillo con todas la de la Ley

El sábado asistí a la primera boda gay en Hermosillo, Sonora, dos amigos homosexuales fueron a casarse a la Ciudad de México, con eso basta para que los derechos inherentes a los matrimonios bajen en cascada. Podrá haber oposición, pero es inevitable más temprano que tarde disfrutaran de seguridad social y patrimonial, inclusive la adopción si quieren que no es fácil ni para los heterosexuales. Seguimos avanzando en derechos iguales para todos y todas, no es fácil es complicado, pero todo llega. Me dio muchos gusto y espero duren mucho junto, con esto se animen mas personas

En el PRD primero las mujeres: Elcira Chang Coordinadora

En el Congreso del Estado de Sonora el PRD tendrá en su primer año y medio de ejercicio coordinadora, en la figura de la Esposa de Juan José Lam, la maestra Elcira Chag y para terminar los 3 años será Carlos Navarro López. Lo sostengo porque hay historia al respecto. Esto ha venido pasando desde la Diputada Patricia Patiño y Jesús Bastamente Machado, ella empezó coordinando y termino Bustamante, asimismo en esta legislatura empezó gorgonia Rosas y finalizo Guadalupe Curiel. Sin lugar a dudas un acuerdo de consenso en esta legislatura será en el sentido de que la mujer empiece coordinando y luego el hombre, reflejara voluntad política de avanzar en el Congreso del Estado, alejado de interés extraños y negativos hacia el PRD. Esto ha sido así, en virtud que el nombramiento del coordinador parlamentario es un acuerdo de los diputados electos y no una imposición del Presidente del PRD o de algún grupo. En términos de equidad esto es excelente, pues se la da a la mujer el espacio que se merece, pues tiene derecho a ser coordinadora del grupo parlamentario por ser diputada. Sin que se pueda argumentar otras razones de tipo personales. Esto demuestra también que el PRD no es de imposiciones sino de consensos y mucho menos amenazas y violencia moral. La maestra Alcira Chag, está obligada a llevar una agenda de las mujeres en su trabajo como coordinadora, el feminicidio sería un gran tema a retomar, para que sea tipificado como delito en Sonora. Sin lugar a dudas muchos colectivos de mujeres estarían dispuestos ayudarle en esa gran tarea a favor de las mujeres y para las mujeres, por eso es bueno que ella coordine el 1 año y medio y al final Carlos Navarro López, porque hay que hacer por las mujeres.

La Diputada Electa Lorenia Valles en su Participación en el IX Congreso de IDN

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA IZQUIERDA DEMOCRÁTICA NACIONAL 9º CONGRESO NACIONAL 10, 11 y 12 de agosto de 2012 La movilidad es una condición inherente a la humanidad, sin embargo, la salida de personas de su lugar de origen es un fenómeno que se ha intensificado en las recientes décadas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reporta que más de 200 millones de personas han salido de sus países huyendo de la pobreza, la violencia o los desastres naturales. Estos movimientos migratorios se dan en un contexto de violaciones masivas de los derechos humanos, resultado de legislaciones y normas que criminalizan la migración, y como consecuencia de la presencia de grupos del crimen organizado en los países de tránsito. Las rutas migratorias tienen como característica la nula consideración a la dignidad de las personas, tendencia que debe revertirse, para lo cual es indispensable que se anteponga el precepto de que todas las personas son titulares de derechos, independientemente de su lugar de nacimiento. Paradójicamente, la humanidad cuenta hoy con un amplio abanico de normas y mecanismos para la protección de los derechos humanos, pero cuando se abordan temas como la migración, los estados de recepción anteponen barreras normativas y físicas para contralar sus fronteras territoriales y reservarse el derecho de admisión. Como ejemplo podemos mencionar que desde 2008 la Unión Europea ha impuesto medidas para sancionar la estancia y el ingreso sin documentos. En Estados Unidos se han impulsado nuevas leyes para reducir la migración indocumentada. En el caso de la Ley Arizona, la SB1070, la Suprema Corte de Justicia dejo abierta la puerta a la persecución racial contra los mexicanos. En el actual clima electoral de ese país, donde el voto latino tiene un peso muy importante, el partido republicano y su ala más conservadora conocida como Tea Party tiene como centro de su discurso la criminalización de los migrantes. Por lo anterior, la IZQUIERDA DEMOCRÀTICA NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESUELVE EN SU 9º CONGRESO NACIONAL, MESA DE MIGRANTES, LO SIGUIENTE: 1) La Izquierda Democrática Nacional del PRD debe incrementar su presencia en todos los países donde haya migrantes mexicanos, por lo que debe impulsar la afiliación de manera inmediata y continua. En Estados Unidos los mexicanos en el exterior, manifiestan su voluntad de trabajar en esta tarea. Para ello es muy importante que el PRD nacional valide la planilla única que se registró por parte de nuestra corriente durante la última convocatoria para renovar órganos de dirección. Ello permitirá la reconstrucción de nuestro partido en Estados Unidos que redundará en el fortalecimiento de nuestro instituto político. Dentro de sus tareas, los migrantes se comprometen a unificar su lucha en el exterior contra la imposición en la Presidencia de la República y el apoyo organizado a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¡¡¡LA PRESIDENCIA NO SE COMPRA!!! 2) Desde los espacios legislativos se trabajará en la construcción de leyes y normas que respondan cabalmente a las dinámicas migratorias actuales y al marco de derechos humanos reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los convenios internacionales de los cuales nuestro país es Estado-parte. Como parte de la agenda legislativa es importante retomar la discusión sobre la ley de migración a nivel federal. A nivel local, en donde gobierna y legisla nuestro partido es necesario impulsar leyes que brinden protección a la comunidad migrante nacional e internacional. El Distrito Federal es un ejemplo que debemos replicar en todos los estados, ya que la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana que establece en su artículo 5º que “No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”, no da la pauta para avanzar en este sentido. Michoacán cuenta ya con una ley en la materia, sin embargo, es necesario proponer reformas desde una perspectiva de derechos humanos. 3) En este marco, la IDN se pronuncia por el apoyo del Padre Alejandro Solalinde Guerra, Director del Albergue Hermanos en el Camino, a quien la iglesia católica pretendió destituirlo, desconociendo el trabajo arduo y la valentía con la que ha encabezado este refugio. Nos comprometemos a reforzar su labor desde los espacios donde esté presente nuestra expresión y trabajaremos por establecer mecanismos de protección a defensores de los derechos de los migrantes. Asimismo, se manifiesta en contra de los actos de discriminación que han llevado a que otros refugios, como el albergue para migrantes en Tultitlan, Estado de México, cierre sus puertas, a causa del acoso del crimen organizado y de ataques por parte de la población vecina. 4) Los derechos políticos también son derecho humanos, por ello, la IDN promoverá las tareas encaminadas a estimular la participación de las y los mexicanos en el exterior: En el legislativo trabajará por realizar cambios a las leyes electorales para que el Instituto Federal Electoral (IFE) establezca módulos para credencializar y se le permita realizar campañas para este fin. También se incluirá en la agenda legislativa la representación de las y los migrantes en el Congreso Federal y los congresos locales. 5) Es indispensable contar con programas de desarrollo y migración, a través del establecimiento de un programa para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través del cual, quienes retornan tengan oportunidad de empleo y de aprovechar las habilidades y saberes que obtuvieron durante su estancia en el extranjero. Deben impulsarse medidas que promuevan el crecimiento de la economía mexicana para que esta población permanezca en nuestro país y que México no siga expulsando población: que la migración sea una opción y no una imposición de la pobreza y la violencia. Para quienes han sido deportados es necesario generar mecanismos para la reclamación de sus bienes en Estados Unidos, porque una vez que están en México pierden todo derecho sobre sus propiedades. 6) Hay que luchar por que los medios de comunicación den espacios a la comunidad migrante y se combatan las percepciones distorsionadas del fenómeno migratorio que alientan la discriminación y la criminalización de las personas migrantes, a través de la consolidación de un mensaje nacional, fundado en datos, claros y contundentes. El ámbito cultural no debe ser ajeno a la lucha migrante, por lo cual la cultura debe ser un detonante de cohesión social y de identidad que prevenga y sensibilice a la población ante el fenómeno migratorio.

Entonces, que nos digan con honestidad y con un poco de vergüenza, ¿quién es el peligro para la economía?

Hermosillo, Sonora a 6 de junio de 2012. Boletín de Prensa El PAN y el PRI le apuestan al mensaje del terror. En lugar de hacer propuestas a la sociedad, buscan generar descrédito y antipatía entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Son patadas de ahogado, están desesperados porque Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, se desfondan y van perder por sus pésimos resultados en el Gobierno Federal. Definitivamente nosotros seguiremos por el camino de las propuestas, de la construcción de un mejor país para hacerle frente al odio y la animadversión que buscan generar desde el PRIAN. Que nos digan ¿quién es el peligro para la economía?, si durante la actual administración se presentó una de las mayores contracciones económicas en más de 7 décadas (en el 2009) y durante los primeros 4 años de este gobierno el Producto Interno Bruto creció en promedio menos de 1 por ciento y hasta el 2011 en 1.5 por ciento, avalado todo esto por el PRI. Es una tragedia económica. El Producto Interno Bruto necesita crecer al menos al 6 por ciento para cubrir la demanda de empleos, es decir, en el promedio de los 5 cinco años de Calderón crecimos una cuarta parte de lo que necesitamos. Seguimos acumulando rezagos y ahí estuvo el PRI para apoyar al PAN. Además, la pérdida irreparable de más de 80 mil vidas, reportadas por organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia como resultado de la “guerra” contra el narcotráfico apoyada por los priistas. Diversos estudios de instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales han estimado el costo de la violencia hasta en 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) anual, esto es, un billón 950 mil millones de pesos que representan el doble del gasto anual en educación. Entonces, que nos digan con honestidad y con un poco de vergüenza, ¿quién es el peligro para la economía? Por ello, no vamos a permitir que se engañe a la ciudadanía. Los resultados son claros entre lo que se ha hecho en las administraciones federales y lo que sucede con la izquierda en el Distrito Federal, donde fue Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, y ahora, es la Ciudad que tiene el más alto Índice de competitividad según el Instituto Mexicano para la Competitividad, también es la Ciudad de mayor transparencia según el CIDE, la de mayor Índice de Desarrollo Humano según la ONU y una de las más seguras del país. Cada vez más gente se convence de nuestro proyecto, estamos peleando fuertemente, vamos a ganar este proceso electoral. El voto útil será claramente para nosotros que sí podemos competir y ofrecemos buenos resultados, no nos dejemos engañar por el mensaje priista y panista del miedo y el encono. ATENTAMENTE C. LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL V DISTRITO COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, PARTIDO DEL TRABAJO Y MOVIMIENTO CIUDADANO

HERMOSILLO, SONORA A 18 DE MAYO DEL 2012 MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA Soy Eunise Tovar Torúa, madre de Alfonso de 11 años, que actualmente cursa el 5to. Grado de primaria en la Escuela Guadalupe Ortega de Suárez ubicada en la Col. Nuevo Hermosillo. La razón por la que escribo es explicar la situación de mi hijo. Alfonso fue diagnosticado con Síndrome de Asperger a los 3 años de edad, después de muchas evaluaciones y diagnósticos erróneos. Por su trastorno, asistió a un Centro de Atención Múltiple, donde tuvimos una serie de problemas debido a la deficiencia en las instalaciones, que no contaban con lo necesario para que el ambiente fuera favorecedor, y por otro lado a que no todo el personal estaba capacitado ni sensibilizado para atender a los niños que asisten a estos Centros y que presentan diversos trastornos del desarrollo. A pesar de eso, Alfonso tuvo importantes logros, por lo que me informaron que debía y podía asistir a un Jardín de Niños regular. Lo inscribí al Jardín más cercano a mi domicilio y tuve ahí una serie de problemas para que lo aceptaran, originados por lo mismo: el desconocimiento por parte de las maestras sobre el Síndrome de Asperger y la falta de sensibilidad hacia una condición diferente a la del resto de los niños. Como mamá, investigué, leí, me informé sobre el trastorno, y toda esa información se la comuniqué a las maestras de los grupos donde estuvo mi hijo, tratando de que hubiera una mayor comprensión hacia las conductas que presentaba, o que no presentaba. Al ingresar a la primaria, los problemas continuaron, ya que la Directora de la primaria, Maestra Silvia Gutiérrez, se resistía a inscribirlo argumentando que los grupos estaban llenos, lo cual no era verdad. Sin embargo, después de una lucha que emprendimos, mi hijo fue admitido en la escuela. La historia a partir de ahí, está llena de situaciones dolorosas e indignantes. Nos encontramos con maestras que preferían pensar que el niño no tenía ningún problema, con tal de no hacer las adecuaciones necesarias a sus programas ya que eso representaba más trabajo. Nuevamente me di a la tarea de explicar a las maestras las características y conductas que presentan los niños con el Síndrome de Asperger, cosa que, ahora sé, debió hacer la Directora de la escuela, junto con el personal de USAER con que cuenta, así como plantear este y otros casos similares en reuniones de Consejo Técnico, cosa que evidentemente no hicieron. Las muy numerosas situaciones, incidentes, anécdotas, frustraciones, indignaciones, etc. que hemos vivido Alfonso, yo, y toda la familia, podrían llenar un libro, pero no es la intención cansarlo con eso. Me limito a decir que sobre todo en este último año, Alfonso ha sido víctima de bullying constantemente, sobre todo, en los meses en que la maestra del grupo se ausentó por licencia de maternidad y que el maestro que la suplió tuvo una actitud totalmente antiprofesional, permitiendo que los demás niños abusaran de la incapacidad que tiene mi hijo para socializar y defenderse verbalmente de sus agresiones. Aclaro, el niño no tiene problemas de aprendizaje, sino de socialización. Mi hijo no suele entablar pláticas con sus compañeros, ni con los maestros y maestras, y muchas veces quienes me informaban eran los otros niños, e incluso mamás que observaban estas situaciones. Pero en otras ocasiones, Alfonso, con la característica forma de expresarse de los niños que tienen este síndrome, me decía que los niños lo agredían y se burlaban de él. Cosas como picarlo con lápices, ponerle letreros en su espalda que decían “patéame soy un idiota”, por ejemplo. El colmo fue cuando el pasado 30 de abril, día del niño (también día de mi hijo), Alfonso, a pesar de no ser nada sociable, ese día se levantó muy contento e ilusionado para ir a la fiesta, llegamos a la escuela, y al momento de yo dar la espalda para salir del plantel, escuché un ruido y un grito, y al voltear, Alfonso estaba tirado en el piso, muy golpeado y sin aire para llorar ni explicar nada. Una mamá que estaba ahí y me auxilió, se puso muy nerviosa al ver a mi hijo así, y muy indignada porque según me explicó, el niño le metió el pie a Alfonso con toda la intención de que se cayera. Al estar el niño muy golpeado y en un estado emocional grave, en el que se negaba a comer, a jugar y no podía dormir, lo llevamos al Hospital del DIF, donde le diagnosticaron un cuadro agudo de angustia y depresión. Hasta aquí, pudiera parecer un accidente, una travesura de un niño. Lo que no es accidente, es la actitud pasiva de la Directora, que ni siquiera se preocupó por la salud de Alfonso, a pesar de saber que se había golpeado fuerte, y de no sancionar de ninguna forma la actitud del niño que lo tumbó. Debo aclarar que la situación de Alfonso desde el inicio, la conocía muy bien la Directora, con la que platiqué en muchas ocasiones, y al decirle yo que si ella no resolvía esa situación reportaría el caso a la SEC, me decía que no lo hiciera porque podrían perder el apoyo del PEC (Escuelas de calidad) y que eso no le convenía. Pero igual no resolvió. Tratando de respetar las instancias informé el caso la Supervisora, maestra Elodia Llanes Ortega, a pesar de que la maestra Silvia trató de impedírmelo, incluso lo hizo el día 30 de abril cuando trató de evitar que yo entrara a la Dirección, donde se encontraba casualmente la supervisora. Pero igual tampoco resolvió. La situación ahora es muy grave, ya que mi hijo se niega a asistir a la escuela desde el día 30 de abril, por temor a que lo sigan agrediendo, y no confía en que los maestros vayan a protegerlo. Reconozco y agradezco profundamente la atención, la comprensión y la sensibilidad de la maestra actual del niño, maestra Lucía Méndez que ha mostrado una actitud de respeto y apoyo siempre hacia el niño. Sin embargo, la situación de la caída aunada a toda la historia de Alfonso en la primaria, en la que nunca se respetaron sus derechos contemplados en la Ley General de Educación, específicamente en el Artículo 41., que dice – “La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. Tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios”. Luego, en el mismo Art. Párrafo 5to. Dice “La educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación”. En el caso de la obligación que tiene el Sistema Educativo de proteger a los menores, el Artículo 42 establece: “En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad”. “En caso de que las y los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente”. Luego, en el Artículo 12, punto dos de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, en el punto II se establece que, “La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional”. Después, en el Artículo 15. “La educación especial tendrá por objeto, además de lo establecido en la Ley General de Educación, la formación de la vida independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la desatención, deserción, rezago o discriminación”. Después de revisar estas Leyes, y de comprobar lo que sabía, es decir, que los derechos de los niños a recibir una educación que “Contribuya al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas”, así como del derecho de los niños con discapacidad de ser incluidos en la educación regular gozando de la protección de los agentes educativos del plantel, me atrevo a exponer nuestro caso, porque estoy convencida que el Sistema Educativo tanto federal como estatal, no están dando cumplimiento a la Ley General de Educación, ni a la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad en los artículos que mencioné anteriormente, por lo que la salud emocional y psicológica de mi hijo se ha visto afectada no sólo por el trastorno con que mi hijo nació, sino por los y las trabajadoras de la educación que, lejos de procurar su desarrollo integral, lo han obstaculizado con su negligencia al no realizar las acciones necesarias para su mejor desarrollo, lo que ocasionó que Alfonso no tenga la mínima confianza en que, de regresar a la escuela, la situación sería distinta para él. Quiero por último dejar muy claro que no me preocupa solamente la situación de mi hijo, (que por supuesto además me duele), sino que me preocupan todos los niños y niñas que están en una situación semejante, que están diagnosticados o no, pero que sufren las consecuencias de un sistema educativo que no ha sabido encontrar la forma de integrarlos e incluirlos a la educación regular, y que no ha logrado despertar en los maestros y autoridades educativas la sensibilidad para convivir y educar a niños que no solo merecen un trato justo y afectivo, sino que además lo necesitan por ser seres humanos más vulnerables. Con la esperanza de que esta información sea de utilidad para que las cosas mejoren y logren despertar sentimientos que todos, pero sobre todo quienes trabajan a favor de la educación, deben tener a flor de piel, me despido con el compromiso de seguir luchando como mamá por una educación más justa para todos. ATENTAMENTE EUNISE TOVAR TORÚA MAMÁ DE ALFONSO TOVAR TORÚA Tel. Cel. 66 22 24 97 06

PARTIDO DEL TRABAJO PLATAFORMA ELECTORAL 2012

CONTENIDO


I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO

II. ÁMBITO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

III. ECONOMÍA: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE NACIÓN

IV. SEGURIDAD PÚBLICA

V. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO

VI. ÁMBITO SOCIAL

VII. MÉXICO Y EL MUNDO








I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO
El modelo económico, social, político e ideológico neoliberal que se ha venido aplicando en el contexto de la globalización de la que México forma parte y el sistema capitalista mundial, atraviesan por una profunda crisis. Este modelo, hegemonizado por el capital financiero especulativo estalló en el centro del capitalismo mundial, Estados Unidos, y de igual forma en la Unión Europea.

El crecimiento de la economía mundial fue de 4% en 2010, cayendo a 2.8% en 2011; y su pronóstico de crecimiento global en 2012 es de 2.6% y de 3.2% en 2013. La Unión Europea (UE) habría crecido 0.7% en 2011, y en 2012 lo hará en –0.4 %; mientras que Estados Unidos (EUA) creció 1.5% en 2011 y el año en curso crecerá 1.3%. Si la crisis europea se desborda, tanto la UE como los EUA se deslizarían inevitablemente hacia la depresión. En ambos casos, han tenido que rescatar bancos, corredurías, aseguradoras y empresas, rompiendo con los principios teóricos e ideológicos ortodoxos del modelo neoliberal. Para la región de América Latina y el Caribe la UNCTAD pronostica un crecimiento de 3.3 este año y de 4.2% el próximo.

Se trata de un tipo de crisis inédito por su amplitud global, su profundidad, sus múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, social, ideológica y política), y su previsible carácter prolongado de tres a cuatro años o más. Esta perspectiva de ningún modo constituye una “visión catastrofista”. Los más renombrados economistas, estadistas y empresarios a nivel mundial, han reconocido explícitamente la magnitud y duración de la catástrofe que se está extendiendo a lo largo y ancho del planeta, y la necesidad de tomar medidas urgentes ante ella.

Después de cerca de treinta años de que el país registró un crecimiento económico medio del 6.5% anual del producto interno bruto (PIB) y del 3.2% del PIB por habitante, a partir de 1982, como efecto del agotamiento y crisis del modelo económico basado en la sustitución de importaciones y de la crisis de la deuda externa de ese año, comenzó una larga etapa de altibajos que dura ya más de 30 años con una precaria generación de empleo, un significativo deterioro del salario real y un incremento de la pobreza y la desigualdad social, generados por el modelo y las políticas neoliberales que han aplicado de manera continua los gobiernos en ese periodo.

Se transitó de una política económica de promoción del desarrollo a otra que busca el equilibrio macroeconómico mediante la estabilidad de precios y del tipo de cambio, para privilegiar a los grandes monopolios y oligopolios nacionales e internacionales, ignorando sus efectos sobre el empleo y el bienestar social.

La aplicación a ultranza del modelo neoliberal ha llevado a México a situaciones económica, social y de seguridad pública insostenibles. El crecimiento promedio anual del PIB de 1982 a 2011 ha sido de 2.0% en promedio. Si restamos el crecimiento poblacional que fue de 1.8%, el crecimiento per cápita real fue de 0.2%. Es decir, llevamos casi treinta años de estancamiento, de crecimiento cero.

Durante estas tres décadas recientes se ha mantenido el modelo y las políticas económicas neoliberales, que además de arrojar los resultados económicos y sociales antes indicados, han generado la profunda crisis de 2008-2009 que reportó una caída del PIB de -6.2%, la peor caída en nuestra historia reciente después de la crisis mundial de 1929-1933, con un enorme incremento del desempleo que pasó de 3.9% a 6%, y que nuevamente generó condiciones para una segunda fase de crisis económica que inició en 2011 y persistirá a lo largo de 2012. Al incremento previo del desempleo se sumará una nueva oleada de desempleo, que terminará potenciando los ya de por sí graves procesos de incremento de la criminalidad, la violencia y la destrucción del tejido social.

El panorama económico que se observa es desalentador para 2012 y años subsiguientes.

Se advierte que el mundo está al borde de otra recesión económica (estancamiento). Se hace más evidente debido a la crisis de la deuda soberana europea, a las medidas de austeridad adoptadas por varios países de esa región y al aumento del desempleo, todo lo cual constituye un círculo vicioso que tiende a crecer aceleradamente conduciendo al mundo a la recesión y, eventualmente, a una depresión (crecimiento negativo).

En este contexto, las consecuencias económicas, sociales y políticas de la crisis mundial para México serán:

Menor crecimiento. Si bien es cierto que se vislumbra una estabilidad macroeconómica, el modelo neoliberal y la dependencia que tiene nuestro país respecto a EUA marcarán la continuidad de la desigualdad en la distribución de la riqueza, el desempleo, la pobreza, el estancamiento económico y el aumento en el precio de los productos básicos.

La economía mexicana pasó de un crecimiento de 5.4% en 2010 a 4.1% en 2011, y el FMI prevé para 2012 un crecimiento de 3.5% (la UNCTAD estima un crecimiento de 2.7%). La realidad será, muy probablemente, más dura. En nuestra opinión, estamos entrando de lleno en una segunda fase depresiva de la crisis económica mundial que estalló a finales de 2008, y que sólo fue parcial y temporalmente contenida por los gigantescos paquetes de rescate financieros aplicados por los gobiernos a lo largo de 2009.

Por lo tanto, para este 2012 hablamos de crisis pero con estabilidad macroeconómica, porque no debemos olvidar que seguimos bajo el modelo neoliberal. Tales condiciones económicas no descartan estallidos sociales, sobre todo por presiones inflacionarias en los alimentos.

Menos exportaciones. Este ha sido el sector más dinámico de nuestra economía en cuando menos las últimas dos décadas. El 80% de lo que exportamos va a EUA y el 12% a la Unión Europea. Con la nueva fase de la crisis mundial, reflejada en la recesión en que se encuentra la Unión Europea y en el deslizamiento de EUA hacia de desaceleración y eventual recesión, bajarán significativamente nuestras exportaciones.

Más desempleo. Actualmente el desempleo abierto es del 4.6% de la PEA, el subempleo de 9.0% y las personas ocupadas en la economía informal representan el 28.6%. Ello suma un total del 42.2% de la PEA. Es decir, la mitad de la población trabajadora se encuentra excluida del mercado laboral o en condiciones laborales sumamente precarias, y de este porcentaje, 7.8 millones son jóvenes entre 12 y 29 años que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar.

Cada punto de crecimiento del PIB representa actualmente la generación de 300 mil empleos. Cada año se necesitan 1 millón 200 mil nuevos empleos para cubrir la demanda de quienes se incorporan por primera vez al mercado laboral. Según datos del propio Calderón, en 2011, con un crecimiento del PIB de 4.1% solo se generaron alrededor de 550 mil empleos. Por lo tanto, en 2012 y años subsiguientes la situación será dramática en términos de empleo e ingresos para varios millones de familias mexicanas.
Reducción del poder adquisitivo. Nuestro país se ha convertido en una fábrica con la más alta productividad para hacer pobres y miserables. Persiste el desplome del poder adquisitivo del trabajador, de la ciudad y del campo, del empleado y del técnico, de las amas de casa.
Devaluación del peso. Si se profundiza la recesión en la Unión Europea y EUA, aumentaría seriamente el riesgo de una fuerte devaluación en México, con lo que podría sobrevenir una elevada y drástica fuga de capitales y consecuencias de mayor gravedad para el conjunto de la economía mexicana, como ya ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia.

Más inflación. Desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta la fecha, los precios de los productos básicos acumularon un incremento promedio del 30% (llegando algunos hasta más del 50%, como el aceite, trigo, huevo, pan, verduras, etc.). Ahora hay cuando menos dos factores que están generando un incremento adicional en los precios: 1) los altos precios de los combustibles (diesel y gasolina) y de la electricidad; y 2) el descenso de la producción que ya se ha venido dando por la desaceleración económica, y que se profundizará mucho más ahora que EUA y la economía mundial ya están sumidos en la más grave crisis económica desde la “Gran Depresión” de 1929-1933.
Menos remesas de los migrantes. Aún cuando en el 2011, las remesas lograron acumular el segundo año de incrementos con un monto de 22,731 millones de dólares, es decir, 6.8% más respecto del 2010, están lejos de recuperar el terreno perdido desde el 2008.
Menos migración. La crisis de EUA desalentará a cientos de miles de mexicanos que estaban pensando emigrar a ese país. A esto hay que agregar que varios cientos de miles de migrantes regresarán a México por falta de empleo en EUA. Esto agravará el desempleo en nuestro país. La migración dejará de ser, aunque sea temporalmente, una válvula de escape al desempleo.

Más pobreza. La pobreza y la desnutrición se extenderá a varios millones de mexicanos más; actualmente son más de 50 millones en pobreza y alrededor de 20 millones en pobreza extrema.

Menos ingresos por turismo. Esta es la cuarta fuente de ingresos en nuestro país (después del petróleo, las remesas y la Inversión Extrajera Directa). Sin embargo, debido a la política de guerra contra el narcotráfico y la violencia generada se han reducido los ingresos por este concepto, aunado a las recomendaciones de EUA de no visitar nuestro país por estos mismos motivos. Más del 50% del turismo viene de EUA.

Menos presupuesto y gasto públicos destinado al desarrollo y la producción. Los gobiernos neoliberales gustan de recortar los rubros sociales y aumentar el gasto corriente (sueldos y gastos suntuarios de los funcionarios) y el de la seguridad pública (fuerzas armadas y policía), porque su ideología y su “inteligencia” les dicta que el autoritarismo y la represión es la forma correcta de enfrentar el descontento que generan los problemas económicos y sociales entre la población mayoritaria.

Nulo desarrollo rural e insuficiencia alimentaria. No se destinan recursos públicos suficientes al campo y existen reglas que dificultan su acceso y favorecen el clientelismo electoral de los gobiernos.

Más delincuencia, crimen organizado y violencia. Cuando la economía no crece y hay desempleo y falta de ingresos para la mayoría de la población, se produce el desgarramiento del tejido y la descomposición social, que es el mejor caldo de cultivo para que prolifere la delincuencia, el crimen organizado y la violencia. Lo cual se refleja en la muerte de más de 53 mil personas y otras 10 mil desaparecidas, supuestamente ligadas a estos delitos.

Desesperación y desconcierto social. Esto se puede traducir en un ascenso social de masas, en la radicalización de las luchas y los movimientos, en sublevaciones y revueltas locales y regionales, y eventualmente en poderosos movimientos nacionales. Pero la realidad no es lineal. También la derecha en el poder buscará sacar tajada del descontento y la desesperación social mediante sus instrumentos de control y clientelismo electoral.
Pasados más de cinco años de los históricos comicios del 2 de julio de 2006, en que la derecha política y empresarial impuso en la presidencia de la República a Felipe Calderón, dando cuenta así de la poca valía e importancia que dan a la participación ciudadana y del nulo valor que para ellos tiene el voto ciudadano, el país está invadido por un profundo sentimiento de desilusión, incertidumbre y temor. El cambio de rumbo que se prometió en campaña, el crecimiento económico, la generación de empleos, la mejoría en el nivel de vida de los mexicanos, las perspectivas de un México mejor, se ha frustrado y nuestro país se encuentra en un marasmo sin visos de una salida próxima y eficaz para la mayoría de la población.
En contraste, la actual Administración Federal nos ha reiterado hasta el cansancio que pese a las dificultades de la economía mundial, en México hay solidez macroeconomía; que el comportamiento de los indicadores económicos es firme. Pero los resultados en todos los planos y sectores de la vida nacional son lamentables, y el gobierno ha demostrado su incapacidad para poder enfrentar los enormes retos que implica, en primer lugar, gobernar, y en segundo, responder de manera certera a los retos que implica la actual crisis mundial.
El gobierno, frente a su ineficiencia e ineptitud, renueva la vieja práctica de culpar a los acontecimientos internacionales y al pasado, y remitir sus promesas de prosperidad para un incierto porvenir. Los mexicanos tenemos memoria, los ofrecimientos fueron claros y precisos, Felipe Calderón prometió crecer al 5% y llevamos más de cinco años de estancamiento y en este 2012 la economía no mejorará, por lo que la situación económica empeorará para la mayoría de los mexicanos.
Calderón prometió la creación anual de un millón de empleos y lo que hoy tenemos es la generación masiva de desempleados. Prometió construir viviendas y se ha olvidado de la promesa. Ofreció un programa de fortalecimiento para la micro y pequeña empresa y no se ven resultados. Lo que vemos es el desmantelamiento de la infraestructura básica del país, el colapso del campo, el desplome de la industria nacional, la extinción del mercado interno y la sumisión y entrega de nuestra soberanía a los organismos trasnacionales y gobiernos extranjeros.
El gobierno, hasta hoy, ha sido incapaz de generar un plan anti-crisis que dé prioridad a los grandes problemas nacionales, en el cual verdaderamente se fortalezca el gasto social, en salud, en educación y en apoyo a las entidades federativas, que son renglones prioritarios a los que deben reintegrarse de inmediato los recursos presupuéstales que han sido recortados.
Debe voltearse la vista al campo mexicano, claro ejemplo de la irresponsabilidad gubernamental, donde 25 millones de compatriotas viven una situación cuya gravedad va más allá de blindajes de papel, con recursos que no son ni la sombra de los apoyos que reciben los productores agrícolas de EUA. Los campesinos mexicanos no compiten contra sus homólogos del norte, si no contra las políticas del gobierno estadounidense y contra el uso electoral que se le da en nuestro país al presupuesto destinado al campo.
El Partido del Trabajo ha señalado la necesidad de una política económica diferente que esté al servicio del ser humano; que aproveche las oportunidades de la globalización para desarrollar la industria y la agricultura nacionales e integrarlas al progreso en lugar de marginarlas, como hoy sucede; que genere suficientes y buenos empleos y que mejore el nivel de vida de las inmensas mayorías, por encima de la protección a los grandes intereses económicos y a la acumulación de grandes fortunas.
Nos preocupa la criminal descapitalización de la industria eléctrica y petrolera desarrollada en los últimos sexenios como parte de una política de trasnacionalización exigida desde los grandes círculos financieros mundiales y que amenaza el desarrollo del país y nuestra soberanía nacional. Manifestamos un rotundo no a la privatización del petróleo y al sector eléctrico, y seguiremos luchando para evitar que intereses oligárquicos terminen de apoderarse de estos dos sectores que deben constituir dos de las principales palancas para el desarrollo de México.
Los mexicanos tenemos experiencias muy negativas de las privatizaciones, pues como la realidad lo ha demostrado sólo han servido para incrementar los precios de los bienes y servicios, amén de la pérdida del patrimonio nacional que ello conlleva. No podemos seguir privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, ni privilegiar la especulación el dinero fácil a la sombra del contubernio que existe entre el poder económico y el poder político. En la calle siguen los grandes criminales de cuello blanco.
En el ámbito político el balance tampoco resulta favorable. Hay una ausencia de conducción y metas claras. La reforma democrática del Estado ha sido otro compromiso incumplido. Con las reformas específicas en los ámbitos electoral, de justicia, de seguridad social y fiscal, se ha favorecido a la oligarquía, a la clase política tradicional, al bipartidismo y a los grupos de presión que apoyaron y convalidaron la imposición de Felipe Calderón en la Presidencia de la República. Requerimos una reforma plural incluyente que abra más espacios a la participación ciudadana; que consolide el espíritu republicano y la división de poderes; que dé cauce a la búsqueda de una sociedad con igualdad de oportunidades, justa y generosa con sus hijos más desprotegidos.
En el ámbito político, como en la economía, tendremos otro sexenio perdido y con graves retrocesos. En este sentido, destacan los siguientes aspectos:

• Se desgastó y debilitó más a las instituciones.
• Se instaló plenamente el ESTADO FALLIDO. Hoy se puede hablar de un narco Estado en muchas regiones del país.
• La reforma electoral de 2007 avanzó fundamentalmente en establecer el BIPARTIDISMO.
• Se ha militarizado la seguridad pública en prácticamente todo el país. Se puede plantear la hipótesis de que esta situación está obedeciendo a la estrategia de EUA, de alentar el recrudecimiento de los problemas ligados al crimen organizado, narcotráfico y el tráfico de armas, como justificación para una mayor injerencia en los asuntos internos de México con el pretexto de garantizar la seguridad nacional estadounidense.
• La “guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico”, con más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos en los casi 5 años de la actual administración, ha sido un fracaso rotundo, y se subrayó hacia finales del año pasado que no se cambiará la estrategia.
• La procuración y administración de justicia se ha venido utilizando con fines políticos y electorales. Se ha venido imponiendo la judialización de la política.
• Por otra parte, el propio Felipe Calderón ha afirmado enfáticamente la creciente y significativa participación del narcotráfico en la política, particularmente en los procesos electorales.
Este será el contexto que muy probablemente nos acompañará rumbo a julio de 2012. Todos sabemos que una situación económica y social para las clases y sectores sociales mayoritarios favorecen las posibilidades de acceder al poder político a las fuerzas de oposición. Pero no hay que olvidar que en nuestro país no sólo las izquierdas son oposición. También es oposición a nivel federal un partido de derecha como lo es el PRI. Y si no sabemos aprovechar en todos los aspectos la coyuntura, ese partido puede terminar siendo el principal beneficiado.
En virtud de todo lo anterior, es urgente cambiar el modelo y las políticas neoliberales por un Nuevo Proyecto de Nación para enfrentar la crisis económica mundial y promover el crecimiento con desarrollo sustentable y equidad social. Ello será posible si construimos una mayoría de izquierda y centro-izquierda en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, para que sea un contrapeso eficaz al continuismo neoliberal del Ejecutivo Federal, y de este modo logremos que nuestro país se vea lo menos afectado por la crisis mundial en curso. Con este propósito lucharemos para rescatar el papel promotor del Estado en el crecimiento económico, en el desarrollo con equidad social y en la construcción de una democracia participativa efectiva.

Además de los problemas económicos de la actual crisis mundial, también existen problemas económicos de largo plazo. Ello se aprecia en el siguiente cuadro de la evolución del PIB comparativo con países como España, Chile, Portugal, Corea del Sur, Japón e Irlanda. Demuestra igualmente que en estos últimos 62 años, últimos 50 años de PRI y los 12 años del PAN, se han implementado las mismas políticas públicas que mantienen al país en un profundo atraso, en tanto otros países con similares condiciones hace 60 años tuvieron un desarrollo mucho más significativo de su economía.


Adicionalmente a lo anterior, la medición de la pobreza que realizan organismos oficiales nacionales e internacionales arrojan cifras verdaderamente deplorables que por sí mismas enjuician las políticas públicas.
La reducción del poder adquisitivo del ingreso también afectó el acceso a la alimentación de la población entre 2008 y 2010.
La población en situación de pobreza ascendió a 46.2 por ciento en 2010, lo que representa 52 millones de personas. En comparación con 2008, hubo aumento de 3.2 millones de personas.
Lo anterior se expresa en el siguiente cuadro que retrata la situación de pobreza en México.


Tres generaciones de mexicanos ha vivido sin desarrollo económico, con mayor deterioro social, con avances democráticos truncados e insuficientes, con conducción política expresamente a favor del capital financiero internacional. Es urgente cambiar el rumbo por el bien de la nación y de todos los mexicanos.
Los mexicanos merecemos mejores tiempos, tiempos de avance, tiempos de oportunidades para todos y tiempos de cambio verdadero.



II. ÁMBITO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
Una de las prioridades del Partido del Trabajo radica en democratizar verdaderamente el actual sistema político e institucional. En esta dirección, combatiremos hasta erradicar a sus principales mecanismos de sustentación: el presidencialismo autoritario, el corporativismo político, económico y social, el régimen de partidos de Estado, la simulación de división de poderes, la supeditación del legislativo al ejecutivo, la discrecionalidad burocrática, los cacicazgos, la impunidad judicial y la corrupción generalizada en la administración pública.
Consideramos que la democratización de México debe ir mucho más allá de los ámbitos político y gubernamental; que debe abarcar la estructura y funcionamiento del Estado, de la sociedad civil y las relaciones entre ambos, para hacer efectiva la aspiración democrática del pueblo mexicano.
Lograr una nueva relación entre gobernantes y gobernados, así como entre Federación, Estados y Municipios, y el manejo de la política exterior, requiere llevar a cabo cambios constitucionales, legales, administrativos, sociales y de estilos de gobernar y de hacer política. Para alcanzar estos objetivos el Partido del Trabajo se propone llevar a cabo las siguientes acciones:
1. La reforma democrática
Contribuiremos a continuar y profundizar la reforma democrática del Estado en los temas que están pendientes: equilibrio y autonomía entre los Poderes del Estado, fortalecimiento del Poder Legislativo, nuevo federalismo, planeación democrática para el desarrollo, derechos indígenas y regiones étnicas, seguridad y justicia, medios de comunicación y nueva relación del gobierno con la sociedad.
La reforma democrática que se compromete a impulsar el Partido del Trabajo, se debe traducir en:
- Un mayor desarrollo y participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, con base en la eliminación de los obstáculos legales y administrativos que hoy la limitan, el respeto a la autonomía de sus formas de organización, la consulta y concertación permanente con la misma, y la delegación de funciones administrativas y de gestión en órganos representativos de la comunidad.
- Un nuevo estilo de gobierno que elimine el autoritarismo, la impunidad y la corrupción en todos los niveles gubernamentales, administrativos, judiciales y de seguridad pública; que establezca prácticas transparentes, sencillas y austeras en el ejercicio del poder; y que sustituya las actuales prácticas gubernamentales corporativas por otras de carácter abierto y participativo.
- Que se respete la palabra, los acuerdos y los compromisos empeñados, que el ejercicio del poder público como resultado de un proceso político electoral de coalición incluya la coparticipación y corresponsabilidad entre las fuerzas políticas aliadas, entre gobernantes y gobernados, entre los distintos actores políticos y sociales y se elimine el presidencialismo autoritario.
Para ello procuraremos limitar los poderes presidenciales, descentralizar sus funciones y someter su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la participación popular. Exigiremos la obligación de emitir y difundir las declaraciones patrimoniales del presidente de la República y de los miembros del gabinete; junto con ello pugnaremos porque se limiten de manera transparente las percepciones de todos los servidores públicos.
Deberá establecerse una real división e independencia entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Impulsaremos una verdadera reforma política que incluya mecanismos de participación popular directa: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato, voz ciudadana en el cabildo, afirmativa ficta, rendición de cuentas, presupuesto participativo, afirmativa ficta parlamentaria, contraloría y auditoría social, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, derecho a la audiencia pública, consulta ciudadana y licitación abierta de las obras y adquisiciones públicas.
Será fundamental impulsar la reforma del Poder Legislativo, con el fin de fortalecerlo, actualizarlo a las circunstancias actuales y dotarlo de los instrumentos legales para el mejor desempeño de sus funciones, las cuales consisten en la acción legislativa y la representación efectiva de los intereses del pueblo de México.
Para evitar que se creen camarillas y mafias al interior de los Poderes y diferentes ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, que eternizan a caciques y dirigentes políticos en los cargos sin dar oportunidad a nuevas generaciones y que por la vía de los hechos anteponen sus intereses a los más altos de la nación y el pueblo de México, para tal efecto promoveremos la revocación de mandato, el plebiscito y el referéndum.
En lo referente al Poder Judicial, habremos de impulsar una reforma integral centrada en cuatro grandes ejes: a) verdadera autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo; b) impartición de justicia pronta, expedita y democrática; c) plena vigencia de las garantías individuales y los derechos humanos y sociales; y d) dotar de fuerza legal abrogatoria a la jurisprudencia relativa a las declaratorias de leyes inconstitucionales.
2. Reformas al régimen de las instituciones sociales y civiles
Un aspecto crucial de la propuesta del Partido del Trabajo es la extensión de la reforma democrática al plano social. Con este fin formularemos programas de reforma a las instituciones civiles que eliminen las relaciones caciquiles, charriles, patriarcales, clientelares y burocráticas que obstruyen la verdadera participación social. La reforma democrática que impulsamos a los sindicatos y demás organizaciones profesionales, abarcará a la familia, a los ejidos y comunidades agrarias, a las asociaciones civiles y deportivas e incluso - respetando su autonomía- a las propias universidades. Para llevar a cabo este aspecto de la reforma democrática, el Partido del Trabajo impulsará un conjunto de modificaciones a los ordenamientos legales correspondientes, adecuándolos a los fines señalados.
Este conjunto de cambios que la sociedad requiere, necesita de un instrumento de comunicación que esté a la altura de dicho proyecto. En la sociedad moderna la información es fundamental para el quehacer político, quien la tiene y la controla puede ejercer un dominio inmenso sobre la sociedad que le permite desorientarla y manipularla. En el caso de México son el Estado y los grandes monopolios privados los que ejercen este control.
El Partido del Trabajo considera que es una demanda fundamental acabar con la censura disfrazada, comprometiéndose a luchar por el ejercicio irrestricto del derecho a la información y de la libre expresión de las ideas. De igual manera sostiene la necesidad de que en los medios masivos de información se de espacio a todas las opiniones. También defendemos el derecho de que las organizaciones sociales, laborales, educativas, políticas, etc., cuenten con sus propios medios de información y comunicación masiva.
3. Establecimiento de un Federalismo efectivo, real y participativo
A este respecto emprenderemos las siguientes acciones tendientes a establecer una nueva relación entre Federación, Estados y Municipios:
a) Promover la descentralización hacia los estados y municipios de la mayor parte de las funciones políticas, administrativas y los servicios públicos realizados innecesariamente por el gobierno federal.
b) Disponer la redistribución de los ingresos fiscales entre los tres niveles de gobierno, de modo que se dupliquen y cuadrupliquen, respectivamente, los montos asignados a los estados y municipios.
c) Promover una distribución equitativa entre los tres niveles de gobierno con respecto a la capacidad recaudatoria sin pasar por alto el ejercicio directo de los recursos captados, a efecto de posibilitar la capacidad autónoma y libre en la toma de decisiones sin romper con la armonía y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
d) Promover la descentralización total de los programas de combate a la pobreza y asistencia al campo, estableciendo criterios claros en el manejo de los recursos, para dejarlos en manos de instancias estatales y municipales conformadas con la participación de los gobiernos respectivos y de las organizaciones sociales.
e) Modificar de manera sustancial los criterios de la Ley de Planeación para que todos los actores participantes de la planeación intervengan en la supervisión y control de los planes y programas gubernamentales.
f) Generar mecanismos legislativos federales de contrapeso a los ejecutivos locales que pretenden restaurar feudos y manos libres en las entidades federativas para el manejo de los recursos públicos, aprovechándose de la descentralización y de la ausencia o ambigüedad de las regulaciones legales en la materia.
4. Reforma a la administración pública
Este problema atañe a los aparatos de gobierno y condiciona el éxito de las acciones antes mencionadas. Los objetivos fundamentales que persigue el Partido del Trabajo consisten en hacer que los llamados servidores públicos sean realmente eso y que actúen coadyuvando al desarrollo de la reforma democrática en lugar de entorpecerla. Para lograr estos objetivos proponemos llevar a cabo las siguientes acciones:
a) Reducción al mínimo suficiente de los aparatos burocráticos de administración e intermediación, convirtiéndolos en cuerpos profesionales, apartidistas y austeros, dignamente remunerados y controlados por la sociedad.
b) Vigilar estrictamente que los funcionarios públicos de todos los niveles se apeguen al cumplimiento de la Ley.
c) Combate abierto a la corrupción y a los abusos de las autoridades sobre los ciudadanos y las organizaciones sociales.
d) Eliminación del secreto burocrático y de las partidas de gastos excluidas del control parlamentario y social, para hacer transparente el funcionamiento de la administración pública.
e) Establecer y hacer efectivo el servicio civil de carrera.
5. Reforma del sistema electoral
La reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre de 2007, mantuvo condiciones de inequidad en los procesos electorales y dejó fuera derechos ciudadanos y figuras electorales fundamentales. Por ello, el Partido del Trabajo propondrá una nueva reforma electoral destinada a establecer una democracia representativa, participativa y transparente, a garantizar la libre asociación ciudadana sin cortapisas y una mayor participación política de la sociedad civil. Para ello impulsaremos las siguientes reformas:
a) Modificar las leyes electorales para dar libre curso a las candidaturas independientes y establecer, para elecciones legislativas, proporciones equitativas para mujeres pueblos indígenas y jóvenes conforme al perfil sociodemográfico de nuestra sociedad, en el país, en cada entidad y en cada municipio.
b) Constituir un sistema de competencia igualitario para todos los partidos en cuanto a recursos financieros y acceso a los medios de comunicación.
c) Simplificar los mecanismos de constitución e inscripción de partidos políticos; establecer el derecho a la libre coalición entre organizaciones con y sin registro; y permitir la presentación de candidaturas comunes a todos los cargos de elección.
d) Disponer que cualquier delito electoral sea castigado con cárcel sin derecho a libertad bajo fianza.
6. La reforma laboral
En la búsqueda constante por encontrar el equilibrio armónico y equitativo entre los distintos factores de la producción, el Partido del Trabajo pugnará porque el Gobierno Federal dé cumplimiento a las demandas sociales. Como parte inherente al proceso de globalización, el desarrollo económico y el avance tecnológico a nivel internacional han determinado en gran medida el curso de las relaciones obrero-patronales. Sin embargo, cada país, dependiendo del nivel alcanzado en estos campos, debe proveer las condiciones laborales a favor de los trabajadores, con la finalidad de equilibrar las relaciones obrero- patronales.
El Partido del Trabajo propone que la necesaria reforma laboral que requiere nuestro país se lleve a cabo conforme a cinco líneas de acción:
a) El impulso de una nueva cultura laboral y empresarial democrática.
b) Que los acuerdos sean por consenso.
c) La modernización de la administración pública federal, haciendo eficiente la impartición de justicia laboral federal.
d) La promoción de la libertad, independencia y democracia sindical.
e) El fortalecimiento de las relaciones laborales con otras naciones. La nueva cultura laboral democrática debe contribuir a erradicar las prácticas autoritarias y corporativas que siempre se han instrumentado sobre los trabajadores. Se debe buscar una nueva relación entre los factores de la producción que distribuya equitativamente los frutos del trabajo como única fuente de riqueza. La nueva cultura laboral debe tomar en cuenta la importancia que tiene el desarrollo social del trabajador, para encontrar los mecanismos suficientes de motivación, y dotar a la clase trabajadora de sistemas funcionales de capacitación y adiestramiento. Por otra parte, el Partido del Trabajo propone que la reforma laboral que se convenga en México se base en la participación de todos los sectores involucrados y buscando indeclinablemente que los acuerdos sean por consenso, porque sólo por esta vía se puede procesar un tema que atraviesa a toda la sociedad y que corresponde al propósito de construir un país verdaderamente equitativo y democrático.
Por ello, como parte de su ideario político y social el Partido del Trabajo ha presentado en la Cámara de Diputados una serie de reformas en esta materia, que son viables y deseables en la dirección de mejorar la situación de las clases trabajadoras. Es importante recordar que entre los objetivos en el sector laboral que la actual administración ha prometido, está materializar una reforma laboral integral. Sin embargo, la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no se ha reflejado en la atención de las necesidades prioritarias para la clase trabajadora. Por ello, el Partido del Trabajo considera de vital importancia que se retome el proceso de negociación de esta reforma en los términos arriba planteados, precisamente para atender de manera efectiva las exigencias y necesidades de las clases trabajadoras en las nuevas circunstancias del capitalismo mundial y de nuestro país, salvaguardando las conquistas históricas de los trabajadores. Desde luego, nos oponemos a llevar a cabo reformas con procedimientos fast- track y repetir prácticas obsoletas.
Para el Partido del Trabajo lo más importante es que la reproducción de la fuerza de trabajo permita no únicamente la renovación de generaciones de trabajadores, sino que ésta se dé en condiciones que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores actuales, y de los futuros. La impartición de justicia en materia de trabajo debe reflejar la exacta aplicación de la ley, entonces la adecuación del marco legal en materia de procedimientos laborales debe verse fortalecida. Es preciso enfocar nuestros esfuerzos a que la impartición de justicia en materia laboral sea pronta y expedita, que acabe el rezago de juicios laborales que principalmente se dan por dilación de las autoridades responsables, como ha sido el caso de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Es necesario democratizar las organizaciones sindicales y todas aquéllas a favor del bienestar de los trabajadores. Asimismo, debe garantizarse que esas organizaciones cumplirán su principal objetivo con el sector obrero, que es mejorar las condiciones de trabajo y conseguir el bienestar colectivo de sus agremiados y sus familias. El trabajo junto con el capital integran una mancuerna inseparable sin la cual no sería posible producir todos los satisfactores que la sociedad requiere en el marco del actual sistema económico de México. Por tanto, una auténtica política laboral de Estado debe contener el mantenimiento de los dos factores de la producción mencionados en condiciones óptimas, que permitan su reproducción.
7. Derechos laborales y políticos de los migrantes
Es una realidad incuestionable que los mexicanos que han buscado un mejor nivel de vida fuera de nuestro país, se han insertado en la dinámica económica y política de Estados Unidos. Es evidente que con su trabajo contribuyen de manera activa a la creación de riqueza de la nación americana y que más allá de su calidad migratoria, tienen derecho a contar con la protección de la ley.
De esta forma debemos señalar una serie de cuestiones que atañen a los derechos civiles y laborales de los mexicanos que residen en el extranjero de manera legal y no legal. Primero, debemos dejar asentado que si salen de su patria es por una razón muy poderosa: la falta de oportunidades de desarrollo y de contar con un empleo digno que les permita solventar sus necesidades y las de sus familias.
El Partido del Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que el Gobierno Federal ha manejado tanto en los pasados gobiernos priístas como en el anterior y en el actual que han correspondido al PAN, un doble lenguaje en el tratamiento que se debe dar al problema de las personas que emigran hacia los Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades.
Por un lado, se negoció de forma irresponsable la integración comercial de nuestro país a EUA y Canadá, aceptando la apertura desordenada e indiscriminada del aparato productivo cuyos resultados tenemos a la vista: cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que fueron arruinadas y las que subsisten lo hacen en condiciones sumamente precarias.
La falta de una política firme de defensa de los intereses de los migrantes y el desdén hacia los trabajadores por parte del grupo hegemónico que gobierna nuestra nación no permitieron que se exigiera la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de un capítulo que garantizara la movilidad de la fuerza de trabajo mexicana hacia los Estados Unidos y Canadá, donde quedará integrado el marco regulatorio los derechos laborales y humanos de los migrantes mexicanos en esos países.
Es un hecho innegable que los derechos laborales de los trabajadores indocumentados son inexistentes y que sufren la persecución de las autoridades de estadounidenses y de grupos ciudadanos que ven en el trabajo de los migrantes una amenaza a su soberanía y a sus posibilidades de desarrollo.
Es preocupante que en un contexto donde cada vez más se eliminan los obstáculos al comercio y al tránsito de bienes y personas, todavía haya naciones donde el trato al trabajador indocumentado sea inhumano y que además la ley lo avale.
El Partido del Trabajo suscribe el compromiso serio e irrenunciable de legislar para que se establezca la defensa y salvaguarda de los derechos laborales, humanos y sociales de nuestros trabajadores migrantes. Procuraremos acceder a un esquema de seguridad jurídica equitativo para los millones de mexicanos y latinoamericanos que arriesgan su vida en busca de mejorar su situación.
Desde la Cámara de Diputados y también con la organización y movilización política y social, presionaremos para que los países integrantes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, en particular Estados Unidos y México, convengan un Acuerdo Migratorio que garantice la integridad física y moral, así como los derechos laborales y humanos plenos de los trabajadores migratorios mexicanos.

III. ECONOMÍA: LA RECONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE NACIÓN
Los altos costos de la liberalización y desregulación económica
El proceso de apertura comercial indiscriminada instrumentado desde mediados de los años ochenta y que adquirió carácter de Ley con el TLCAN el 1 de enero de 1994, complementado con la firma de más tratados comerciales con alrededor de 32 países, convirtiéndonos en el país con más tratados comerciales, nos ha colocado en una clara desventaja competitiva frente las importaciones.
Los diferenciales de productividad y competitividad entre México y Estados Unidos han provocado el desplazamiento de los productos nacionales por las importaciones en el mercado interno, lo que ha generado cierre masivo de empresas, rompimiento de cadenas productivas, déficits crónicos de la balanza comercial, así como menores ganancias que han descapitalizado a los sectores productivos y han incrementado sus niveles de endeudamiento. Desde 1995 el sector financiero ha contribuido a recrudecer esta situación al restringir sistemáticamente el crédito al aparato productivo nacional, haciéndolo depender en forma creciente del endeudamiento externo.
La inserción de México en la globalización neoliberal ha tenido un alto costo no sólo por su impacto negativo sobre los sectores industrial y agrícola, sino también porque se ha perdido manejo soberano de la política económica, así como el control de sectores estratégicos para determinar nuestro crecimiento económico. Esto ha profundizado los problemas estructurales del subdesarrollo de nuestro país. Nuestra economía se encuentra hoy en una situación de alta vulnerabilidad frente a la crisis mundial en curso.
La crisis económica mundial actual durará por lo menos tres o cuatro años. No hay expectativas de crecimiento, por el contrario, el escenario es catastrófico y lamentable. Tanto las condiciones mundiales como las nacionales son consecuencia de la aplicación de un modelo económico que ha demostrado ser un instrumento generador de pobreza, marginación y desigualdad para la mayoría de la población del mundo y de México.
Tal situación ha llevado a millones de mexicanos a emigrar hacia Estados Unidos en los últimos años, y a otros los ha condenado a la economía informal, a niveles de subsistencia y a la miseria extrema.
El "presidente del empleo" se ha subordinado a las políticas impuestas desde el exterior
Mientras Estados Unidos construyó su desarrollo con políticas proteccionistas, y continúa protegiendo los sectores donde tiene poca competitividad y subsidia a su sector agrícola, a nuestro país se le imponen políticas de apertura comercial generalizada y de disminución de subsidios, sin que el gobierno calderonista haya hecho nada positivo para México frente a ello.
Los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial, así como varios países desarrollados presionan a México para que continúe y profundice las reformas estructurales neoliberales, lo que implica la apertura del sector eléctrico y petrolero, y la reforma laboral. El capital internacional quiere tener acceso a los sectores estratégicos del país que aún no están bajo su control. El gobierno de Calderón ha venido defendiendo y justificando tales exigencias argumentando que sin dichas reformas el país no tendrá condiciones de crecimiento sostenido.
El Partido del Trabajo sostiene categóricamente que los problemas de México no se deben a la no realización de esas reformas privatizadoras, sino que son resultado de las contradicciones emanadas de la política económica neoliberal imperante.
El predominio de políticas contraccionistas
Desde que bajo el gobierno salinista se estableciera su autonomía, el Banco de México se ha mantenido apegado a políticas monetarias contraccionistas, con el propósito de mantener baja la inflación, contribuir a la estabilidad en el tipo de cambio y alentar la entrada de capitales.
A su vez, la política de restricción fiscal ha atentado no sólo contra el crecimiento del mercado interno, sino también sobre el crecimiento de la infraestructura y de los sectores estratégicos en poder del sector público, afectando ello el crecimiento de la productividad y de la actividad económica en su conjunto. El crecimiento económico se ve afectado no sólo por la contracción del mercado interno, sino también porque se reduce la capacidad competitiva nacional para reimpulsar su dinámica hacia el mercado externo.
Con esta política fiscal contraccionista se restringe no sólo la inversión pública, sino también la del sector privado debido a que disminuye el crecimiento del mercado interno y la infraestructura, afectando las oportunidades de inversión productiva. La disminución de la inversión pública y privada, recrudece los rezagos productivos, por lo que más se aleja la viabilidad de aumentar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, así como superar el desequilibrio externo y la dependencia de recursos del exterior.
Dicha política fiscal, adscrita al principio del equilibrio fiscal, ha resultado nociva al país porque no sólo anula la participación del Estado en la economía, sino que también restringe el mercado interno y la esfera productiva, haciendo más vulnerable a nuestra economía de las exportaciones y la entrada de capitales.
Hoy la crisis económica mundial ha hecho trizas los argumentos que sustentaban estas políticas contraccionistas, y está despejando el camino para el restablecimiento de políticas expansionistas para enfrentar la gravedad de la situación. Lamentablemente, en nuestro país se persiste en tratar de mantener aquellas políticas que nos colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante la crisis mundial, cuyo epicentro es nuestro principal socio comercial: EUA.
Los problemas económicos del país no afectan a todos por igual: ganadores y perdedores
México ha sido perdedor en los cambios estructurales promovidos por el neoliberalismo desde la década de los ochenta. La gran mayoría de los productores industriales y agrícolas se han visto gravemente afectados por la apertura comercial indiscriminada.
Los banqueros nacionales administran para el capital extranjero la banca que hasta hace pocos años fue de ellos. Actualmente contamos con menos capacidad productiva y financiera que la que se tenía antes de establecerse las políticas neoliberales. El sector privado nacional ha visto incrementado su endeudamiento externo en forma acelerada como consecuencia de la falta de financiamiento interno y de su encarecimiento.
Los niveles de vida de los trabajadores y desempleados han empeorado, acentuándose el número de pobres en el país, así como los problemas del subdesarrollo.
Los sectores vinculados a las empresas transnacionales y al capital financiero ven incrementarse sus ingresos y riqueza, mientras la gran mayoría se empobrece. El país cuenta con recursos productivos y financieros, pero en gran medida han dejado de ser controlados por nacionales. Las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas, han aumentado su presencia en las esferas productiva, comercial y de servicios, destacando su control sobre el sector bancario y de seguros.
El capital internacional está apropiándose de sectores y empresas claves para el desarrollo nacional. Y al dejar de ofrecer la economía nacional condiciones de rentabilidad y crecimiento, dichos recursos son transferidos hacia otros países que ofrezcan mejores opciones, relegándose así las demandas nacionales.
Pérdida de soberanía en el manejo de la política económica y alta dependencia y vulnerabilidad frente al exterior
Nuestra inserción en la globalización neoliberal ha sido a costa de perder manejo soberano de la política económica, ya que nos ha impuesto políticas de liberalización y desregulación comercial y financiera, y políticas monetarias y fiscales contraccionistas, entre las que destaca la autonomía del banco central que ha dejado de responder a las necesidades de financiamiento del sector público y del sector privado.
Hemos perdido soberanía para determinar el rumbo económico que más nos conviene como nación, lo que compromete a su vez la democracia en nuestra vida política. Hoy no es la ciudadanía ni los partidos políticos quienes mediante el sufragio determinan el acontecer nacional. Este es determinado desde el exterior en función de las necesidades del capital internacional que ha aumentado su control sobre la economía y el conjunto de la vida nacional.
El libre flujo de capitales en el marco de la globalización neoliberal nos ha colocado en una situación de alta vulnerabilidad frente a la crisis mundial que cada día se amplifica y profundiza más. Nuestra economía pasó a depender en gran medida de la economía de Estados Unidos, y ahora la grave crisis económica en ese país que se ha extendido a todo el mundo nos está afectando severamente.
Necesidad de revertir la política económica neoliberal
El Partido del Trabajo señala que no podemos continuar con una política económica neoliberal que privilegia condiciones de confianza y rentabilidad en favor del capital financiero internacional y que descuida y desatiende las demandas nacionales de los productores del sector industrial y agrícola, así como las demandas de empleo, salarios remunerados y de bienestar social. Menos aún ahora que nos encontramos en plena crisis económica mundial.
No se puede dejar la economía a las fuerzas del libre mercado. No se puede seguir dependiendo del contexto internacional ni de los mercados de capitales. No se puede seguir con políticas que están profundizando los rezagos productivos y los problemas del subdesarrollo, que nos llevan a seguir postergando las bases materiales para el crecimiento sostenido. No se puede seguir vendiendo el país para promover la entrada de capitales y así financiar los desequilibrios externos y alcanzar baja inflación y cierto crecimiento económico.
No podemos seguir renunciado a la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación y a la aplicación de políticas monetaria, crediticia, fiscal, comercial y cambiaria indispensables para reactivar la economía, incrementar el empleo productivo bien remunerado, erradicar la pobreza y las grandes desigualdades productivas, sectoriales, regionales y de ingreso.
El Partido del Trabajo se compromete a impulsar una política económica orientada a:
Redefinir el Proyecto Económico Nacional. El país demanda una estrategia de desarrollo sostenido que no sea propenso a la vulnerabilidad externa, que no dependa de la entrada creciente de capitales y que no comprometa la soberanía del país. Nos pronunciamos por un desarrollo económico autosustentable que no atente contra los recursos no renovables y la biodiversidad, que garantice la sustentabilidad ambiental.
Nuestra propuesta implica dejar de favorecer aquellos sectores nacionales y extranjeros que han lucrado y se han enriquecido a costa de la descapitalización de la esfera productiva y del deterioro del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. Planteamos revertir dicha tendencia y recuperar márgenes de maniobra para atender los rezagos productivos y sociales acumulados por las políticas neoliberales predominantes.
El rumbo de la economía nacional debe ser determinado por los mexicanos, en un contexto de decisiones democráticas orientadas a satisfacer nuestras necesidades y no las del capital internacional.
Planteamos rescatar la soberanía nacional, ampliar nuestros márgenes de decisión, así como el carácter democrático de la política económica. Que ésta sirva a la gran mayoría y no esté en beneficio de unos cuantos. Planteamos recuperar el uso de los diferentes instrumentos de la política económica para asegurar las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que garanticen los objetivos nacionales, y que éstas políticas a su vez redistribuyan y transfieran el ingreso de donde se encuentra disponible hacia los sectores que carecen de él y lo necesitan para impulsar dinámicas económicas más equilibradas regional, sectorial y socialmente. Esto es más urgente hoy en día para enfrentar con los menores costos sociales posibles la actual crisis económica mundial.
Privilegiar a los sectores afectados y excluidos por las políticas neoliberales. La plataforma del Partido del Trabajo privilegia a los sectores afectados y excluidos por el neoliberalismo. Nuestro compromiso no sólo es con los más pobres, sino también con quienes han sido excluidos del mercado productivo y laboral y que han visto deteriorado su ingreso y su patrimonio como consecuencia de la apertura comercial indiscriminada y falta de políticas de fomento económico.
Para poder dirigir el desarrollo económico en favor de las grandes mayorías, se precisa que la política económica cambie sus objetivos e instrumentos. En lugar de seguir actuando en favor del capital financiero y especulativo, se pasará a priorizar objetivos de crecimiento económico generalizado, de empleo y distribución del ingreso.
Planteamos redefinir nuestra inserción en el proceso de globalización para alcanzar tratos comerciales, financieros y tecnológicos con Estados Unidos y el resto de los países desarrollados en nuestro favor. Para renegociar nuestras relaciones económicas con el exterior debemos partir de posiciones de fuerza que sólo se alcanzan a través de la participación democrática de toda la sociedad, sustentados en grandes acuerdos y consensos nacionales que antepongan los intereses nacionales a los del gran capital.
Estado democrático en favor de las demandas nacionales. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, y demás instituciones públicas deben responder a las necesidades nacionales y no a las presiones y demandas del capital internacional. Sobre todo ahora en el contexto de la crisis mundial. La política económica no debe ser determinada ni aprobada por los organismos financieros internacionales, sino debe encaminarse a superar los problemas del país, a impulsar el desarrollo nacional, a erradicar la pobreza y disminuir las diferencias existentes en relación a los países desarrollados.
Los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación, al crédito, han sido violentados por las políticas neoliberales. Haber dejado la dinámica económica a las fuerzas del libre mercado nos ha llevado a mayores desequilibrios productivos, del sector externo, a procesos de descapitalización de la esfera productiva, a restricciones crediticias, a mayor desempleo y pobreza de más de la mitad de la población.
Para satisfacer las necesidades y demandas de las grandes mayorías marginadas y excluidas del país es preciso establecer políticas de Estado de nuevo tipo, que pongan en el centro los objetivos nacionales y de las grandes mayorías frente a los intereses externos y de una elite nacional que ha actuado en perjuicio del Proyecto de Nación.
Restablecer la rectoría económica del Estado para garantizar el bienestar social. El mercado una vez más ha evidenciado que es incapaz de configurar condiciones de crecimiento sostenido, y mucho menos equitativo y soberano. Se requiere de la intervención firme y decidida del Estado para enfrentar los efectos sobre México de la crisis mundial y coordinar las acciones del sector privado y público en torno a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas para el posterior crecimiento sostenido, equitativo y soberano. El Estado debe jugar un papel importante en regular la actividad económica para que ésta responda a la satisfacción de las necesidades de bienestar de las grandes mayorías.
Los objetivos de pleno empleo, desarrollo regional, producción de bienes de consumo esencial con grandes efectos multiplicadores internos, en favor del ingreso, el ahorro y con efectos positivos sobre el sector externo, así como la satisfacción de las necesidades esenciales de salud, educación, vivienda y alimentación, sólo pueden ser alcanzados bajo la rectoría económica del Estado. Requerimos urgentemente políticas crediticia, industrial, agrícola y comercial orientadas a resguardar y fortalecer el aparato productivo nacional en el actual contexto de crisis mundial, y que generen efectos multiplicadores sobre el empleo, el ingreso y el ahorro, y reduzcan las presiones sobre el sector externo.
Es obligación indeclinable del Estado atender y satisfacer las demandas sociales de salud, educación y vivienda, así como asegurar las condiciones de crecimiento sostenido y de pleno empleo para que todos los sectores de la población sean incluidos en el Proyecto Nacional.
La Plataforma Electoral del Partido del Trabajo resalta la necesidad de aumentar los niveles de escolaridad de la población, así como la calidad de la enseñanza en todos sus niveles, lo que implica mejorar el presupuesto en educación. El impulso al desarrollo de la ciencia y tecnología desempeña un papel importante en nuestra Plataforma, debido a que el desarrollo económico con distribución del ingreso está asociado al desarrollo tecnológico, a fin de incrementar la productividad, abaratar la producción de los bienes básicos de consumo e incrementar los salarios reales. El desarrollo de la ciencia y tecnología debe ser comandado e impulsado por el Estado, el cual debe incorporar a las empresas transnacionales y nacionales a favorecer el desarrollo tecnológico.
Nuestra política de salud plantea revertir la restricción presupuestal y el acelerado proceso de privatización que viene dándose en dicho sector, lo que afecta a los sectores más desprotegidos del país. El Estado debe asumir un papel activo en la producción de medicamentos básicos y genéricos a fin de contrarrestar el papel monopólico que ejercen las compañías farmacéuticas internacionales, así como controlar el desempeño de éstas para frenar el alza de precios en estos productos.
La inversión en vivienda popular forma parte de la estrategia alternativa de desarrollo que se propone, debido a que además de satisfacer una necesidad generalizada de los sectores de más bajos ingresos, la construcción de viviendas es una actividad económica con gran efecto multiplicador interno, dado que es intensiva en mano de obra y sus insumos son mayoritariamente nacionales.
La Plataforma Económica del Partido del Trabajo plantea la reestructuración y reordenamiento de la política económica y de la estrategia de desarrollo, orientadas a:
Recuperar el control estatal de sectores estratégicos y de la infraestructura básica, y asegurar su desarrollo. Se debe frenar el proceso de privatización de sectores estratégicos, tales como la industria eléctrica y petrolera, así como de la infraestructura básica, pues ello impide el desarrollo económico y sólo beneficia a quienes acceden al control de dichos sectores. Los legisladores federales de derecha no cederán en su intento por privatizar la industria petrolera: en el Partido del Trabajo alzaremos la voz y defenderemos en todo momento el carácter público y estratégico de la industria petrolera.
El desarrollo de los sectores estratégicos y la infraestructura básica debe ser dirigido por el Estado. No se debe dejar al sector privado esta responsabilidad porque sus intereses y propósitos sólo buscan la ganancia expedita a cualquier costo, y no la creación de condiciones de crecimiento sostenido y generalizado para el desarrollo nacional.
Para asegurar el desarrollo de los sectores estratégicos y la infraestructura básica, el Estado debe incrementar la inversión pública financiada con base en una mayor emisión de deuda, que será amortizada con el incremento de la recaudación tributaria que se obtendrá de un crecimiento económico más dinámico y sostenido. El gobierno tendrá mejores condiciones de incrementar impuestos y su recaudación en el contexto de un mayor crecimiento económico. Asimismo, la banca, sector estratégico por excelencia, debe ser regulada y supervisada por el Estado para que desempeñe su papel de otorgar financiamiento a la esfera productiva.
Privilegiar una política en favor de la esfera productiva y el empleo. La liberalización económica ha originado una asignación de recursos en favor del sector financiero en detrimento del sector productivo y del empleo. Por ello, la política económica debe privilegiar la asignación de recursos a la esfera productiva y a la generación de empleo, que configuren bases sólidas para el crecimiento económico y el desarrollo.
La estrategia que propone el Partido del Trabajo garantiza la defensa del empleo para todos, la eficiencia y producción suficiente para asegurar el abasto interno de bienes básicos para todos, y la erradicación de la dependencia alimentaria del exterior en que nos encontramos.
El desarrollo de la esfera productiva de alto componente nacional de mano de obra e insumos agrícolas e industriales debe ser prioritario para incrementar la generación de empleo e impulsar los sectores y las regiones rezagados y que han sido seriamente afectados por las políticas neoliberales. La estrategia que propone el Partido del Trabajo es incluyente, sobre todo de los sectores más pobres del país. Será a través de ampliar las oportunidades de empleo en la esfera productiva y de aumentar la transferencia de recursos de los sectores de más altos ingresos hacia los estratos de menores ingresos, como avanzaremos en la construcción de una economía y una sociedad más equitativa y solidaria.
El fomento a la producción de bienes de consumo masivo, el desarrollo tecnológico y de la productividad, así como el combate a las prácticas especulativas, son clave para incorporar el mayor número de trabajadores y productores a la economía formal, y con ello reducir las desigualdades en la distribución del ingreso.
Nos oponemos a que se siga priorizando la baja inflación a costa del crecimiento económico, de la competitividad, de contraer el mercado interno, de sacrificar las ganancias de las empresas, el empleo y el ingreso de las familias, y que se siga conduciendo al país por la ruta de mayores déficits del sector externo, endeudamiento interno y externo y de vender los activos nacionales.
La reducción de la inflación debe proseguirse sin comprometer los objetivos de crecimiento, redistribución del ingreso y soberanía nacional. Proponemos sustentar sobre bases productivas y financieras internas la reducción de la inflación y el crecimiento económico, ello exige replantear la política económica neoliberal vigente.
Para lograr la estabilidad del tipo de cambio, a fin de evitar una cascada e inercia inflacionaria, es importante reducir el déficit del sector externo. Para ello se precisa la revisión de la apertura comercial, la promoción de la sustitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones, así como de renegociar la deuda externa.
La distribución del ingreso debe sustentarse en un patrón de desarrollo eficiente y equitativo, con un alto efecto multiplicador interno en favor del empleo y de insumos nacionales. La política económica debe favorecer la esfera productiva y gravar a la esfera financiera y especulativa, para realizar una transferencia de recursos de los sectores que hasta ahora se han beneficiado de la política neoliberal actual.
No es sólo mediante políticas sociales compensatorias como se erradicará la pobreza y se mejorará la distribución del ingreso en el país. Se debe poner énfasis en las transformaciones productivas, la generación de empleo, el crecimiento de la productividad y la producción de bienes de consumo esencial, para crear las bases que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.
La política salarial debe reajustar salarios, no en torno a la inflación prevista que siempre resulta menor a la verificada, sino en función de la inflación pasada y del crecimiento de la productividad. En los sectores que tienen amplia capacidad de acumulación, los reajustes salariales deben rebasar el crecimiento de precios a fin de mejorar su poder adquisitivo e incrementar su demanda, y con ello incentivar el crecimiento de la inversión productiva.
Colocar al mercado interno como motor del crecimiento. La dinámica económica nacional no debe depender del mercado externo, el cual se encuentra contraído y además nos somete a una alta vulnerabilidad, sobre todo en el actual contexto de crisis mundial. Proponemos que sea el mercado interno el motor del crecimiento, sustentado en la producción de bienes de consumo generalizado, con altos efectos multiplicadores internos. Ello requiere la expansión del gasto público, multiplicar el empleo y aumentar los salarios reales, así como mejorar la distribución del ingreso a favor de los sectores más desposeídos de la sociedad para incentivar la demanda efectiva interna. Para que el crecimiento del mercado interno genere una dinámica sostenida en la economía se precisa que la demanda tenga un gran componente nacional, y esto se exprese en efectos multiplicadores internos.
Retomar la política industrial para reconstruir y desarrollar las cadenas productivas. Para disminuir las presiones sobre el sector externo, y mejorar los efectos multiplicadores internos a favor del empleo, ingreso y el ahorro, es importante reconstruir las cadenas productivas e impulsar el proceso de sustitución de importaciones. Esto requiere instrumentar políticas industriales, acompañadas de políticas crediticias, de subsidios, y de fortalecimiento del mercado interno.
El sector industrial debe reordenarse favoreciendo el desarrollo de las ramas productivas de bienes de consumo masivo de alto componente de insumos nacionales.
Capitalizar y desarrollar el agro mexicano. Conjuntamente con el desarrollo industrial, debe avanzarse en el impulso a la producción del sector agropecuario para que abastezca el crecimiento de la demanda interna, disminuya importaciones y genere excedentes susceptibles de ser exportados para la obtención de divisas necesarias para el crecimiento sostenido de la economía.
Para retomar la dinámica del sector agropecuario es necesario lo siguiente: la revisión de la apertura comercial, políticas de subsidios y desarrollo de la infraestructura para ampliar la frontera agrícola. Este sector merece especial atención en virtud del deterioro que ha tenido desde hace décadas, afectándose las condiciones de producción y el nivel de vida de los campesinos.
La recuperación de la dinámica agrícola, requiere de financiamiento barato, del crecimiento del mercado interno, de políticas de subsidios, así como de una política proteccionista, que evite que las importaciones desplacen a la producción nacional en nuestro mercado interno.
La propiedad de la tierra de nuevo ha vuelto a concentrarse, sin que ello se traduzca en mayores niveles de producción y empleo en dicho sector, sino por el contrario, las reformas al Artículo 27 Constitucional han actuado en detrimento no sólo del campo, sino de la economía en su conjunto, además de haber polarizado los niveles de concentración de la riqueza y el ingreso.
Para encarar esta situación es preciso ampliar la frontera agrícola, incrementar el empleo productivo, la producción de bienes de consumo generalizado y los salarios reales. Ello exige replantear las reformas de mercado instrumentadas en dicho sector.
Crear condiciones macroeconómicas y superar los obstáculos al crecimiento sostenido. Aunque por años se ha venido señalando que en el país lo macroeconómico está resuelto y lo que falta es traducirlo a lo microeconómico, el problema es que lo macroeconómico no está resuelto, y esto explica los problemas de la economía nacional.
Lo macroeconómico lo determina la situación que guarda el sector externo y las finanzas públicas, y el país presenta fuertes presiones en ambos frentes. Las finanzas públicas, como consecuencia de la gran deuda interna y externa y la derivada del rescate bancario, presentan un desequilibrio creciente. Las cuentas del exterior se encuentran a su vez desequilibradas debido al déficit comercial externo y a la carga creciente del servicio de la deuda externa. Tales presiones impiden la flexibilización de las políticas monetaria, crediticia y fiscal, condenando a la economía a políticas contraccionistas que impiden condiciones de crecimiento sostenido.
Frente a esta situación estructural es necesario superar las restricciones impuestas por la deuda pública y el déficit de comercio exterior. Para ello se precisa replantear y renegociar el pago de la deuda pública y revisar la apertura económica. Asimismo, para superar los grandes rezagos productivos es indispensable modificar radicalmente la política económica.
Política fiscal anticíclica. Las finanzas públicas se encuentran presionadas por la creciente deuda pública interna y externa. Toda alza de la tasa de interés y del tipo de cambio presionan a las finanzas públicas, y el gobierno en su propósito de evitar déficit fiscales crecientes y presiones sobre los precios, restringe el gasto público afectando con ello el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población.
La política fiscal no debe subordinarse a los objetivos de la política monetaria de reducir la inflación, sino que debe promover el crecimiento, la generación de empleos y el bienestar social. La política fiscal debe ser contracíclica a fin de contrarrestar la caída de las exportaciones y así frenar la contracción de la actividad económica, sobre todo ahora que se magnifica y profundiza la crisis económica mundial.
Para recuperar el manejo productivo de la política fiscal, se deben reducir los gastos por concepto del pago del servicio de la deuda. Con el propósito de anteponer el interés nacional, de los productores y de los trabajadores al del capital extranjero, es preciso renegociar con los acreedores internos y externos. La disminución del servicio de la deuda pública daría margen para incrementar el gasto y la inversión en favor del mercado interno y de la esfera productiva, y con ello promover el bienestar social.
El incremento del gasto público es indispensable para dinamizar el mercado interno y desempeñar así un papel anticíclico frente a los efectos sobre nuestro país de la crisis mundial. En el Presupuesto Federal se debe ampliar el gasto público orientado al desarrollo social, en educación, salud, alimentación y vivienda de la población más necesitada de tales servicios. El incremento del gasto público en el sentido indicado tendría en el corto plazo un incremento del déficit fiscal, pero ello sería contrarrestado por el efecto positivo sobre el mercado interno, sobre las ganancias de las empresas, el empleo y el ingreso de las familias, lo cual a su vez incrementaría los ingresos tributarios y corregiría progresivamente el mayor déficit fiscal.
Por ello, en nuestra Plataforma proponemos que el gobierno incremente el gasto público para defender la economía popular, resguardar el aparato productivo nacional y estimular la economía nacional en esta etapa de crisis mundial.
La deuda contraída por el gobierno debe ser para el fomento de la esfera productiva, y debe asegurar que los sectores favorecidos generen condiciones de pago a fin de evitar caer en niveles de sobreendeudamiento, como ha sido la norma. Asimismo, debe frenarse el proceso de endeudamiento neto para pagar deuda, pues ello nos ha llevado a un círculo vicioso que compromete el manejo de la política fiscal.
Nuestra propuesta consiste en que el gobierno asuma postergar sus obligaciones con los acreedores internacionales, reestructurar la deuda pública interna y disminuir su costo. Asimismo, los pagos que realice por dicho concepto, deben ser condicionados a que sean invertidos en la esfera productiva nacional, sobre todo en sectores de alto efecto multiplicador y mayor encadenamiento productivo nacional, así como al desarrollo tecnológico. Las finanzas públicas deben responder a los reclamos de crecimiento económico sostenido, pleno empleo, distribución del ingreso y bienestar de las grandes mayorías.
Política fiscal y la redistribución del ingreso. La mejor distribución del ingreso debe ir acompañada de una política fiscal que grave a los sectores de más altos ingresos y a aquellos que se han favorecido de la política neoliberal, como el sector financiero y especulativo y los vinculados al comercio exterior. Ello permitiría realizar una transferencia de recursos en favor de los sectores de más desfavorecidos a través de un mayor gasto público en salud, educación, alimentación y vivienda.
Los sectores de más bajos ingresos y la esfera productiva de bienes de consumo generalizado y con grandes efectos multiplicadores internos, no sólo deben ser desgravados, sino fomentados y apoyados a través de subsidios y de gasto público.
Proponemos, asimismo, la adopción e instrumentación del impuesto patrimonial, que es un impuesto que grava a quien más tiene sin afectar la inversión y el crecimiento. Dicho impuesto es redistributivo y favorece el crecimiento, pues permitiría aumentar el gasto público en favor de los más desprotegidos para incrementar la demanda de éstos, y así reactivar la economía.
Política monetaria en favor del crecimiento. La política monetaria contraccionista debe replantearse, lo que implicará modificar la Constitución. Dicha política no debe buscar exclusivamente la reducción de la inflación a cualquier costo. Los objetivos de la política monetaria deben orientarse a promover el crecimiento sostenido y generalizado de la economía, en una perspectiva de reducir la inflación con base en la productividad. Esto es más urgente que nunca en virtud de la gravedad de la crisis mundial y sus efectos sobre nuestro país.
La política monetaria debe satisfacer los requerimientos de liquidez y financiamiento que demanda la reconstrucción productiva del país. La estabilidad monetaria debe contribuir a crear las condiciones productivas, financieras y macroeconómicas que compatibilicen una baja inflación con el crecimiento económico sostenido, la redistribución equitativa del ingreso y la soberanía nacional.
Reestructuración, regulación y coordinación del sector bancario y financiero. La liberalización financiera ha provocado la extranjerización bancaria, altas tasas de interés y restricción crediticia, lo cual ha perjudicado al aparato productivo nacional. Las empresas nacionales se han visto obligadas a recurrir al endeudamiento externo, al financiamiento interempresas, asociarse con otras, vender parte de sus activos, o salir del mercado. La situación de las empresas es crítica.
Para retomar el financiamiento, nuestra Plataforma Económica propone que el Estado retome su papel rector de la actividad económica, y por lo tanto, recupere el manejo de la política monetaria y crediticia, y refuncionalice las instituciones públicas de financiamiento para el desarrollo existentes, sobre todo NAFIN.
El Partido del Trabajo plantea además la reestructuración del sector financiero. El gobierno debe impulsar no sólo la banca de desarrollo, sino también debe tener banca comercial para que la banca extranjera no monopolice el sistema de pagos en el país, pues ello le da un control absoluto sobre la política crediticia y sobre los rumbos de la vida económica nacional.
El Estado debe ejercer mayor fiscalización y control sobre el banco central y la banca extranjerizada a fin de que éstas otorguen financiamiento preferencial a sectores productivos con alto componente nacional y efecto multiplicador interno para impulsar así dinámicas más autosustentadas y menos vulnerables.
Los fondos para el retiro, que son recursos de largo plazo, deben ser canalizados al financiamiento de la inversión productiva de bienes de consumo generalizado, de alto efecto multiplicador interno a fin de garantizar condiciones de crecimiento sostenido y generación de empleos, con el requisito de asegurar el reembolso futuro de los fondos de pensión.
Revisión de las políticas de liberalización económica. La revisión de la apertura comercial es imprescindible para proteger y preservar la planta productiva nacional y el empleo. No se trata de configurar políticas proteccionistas que se traduzcan en ineficiencia y ganancias monopólicas, como en el pasado, sino que éstas políticas, así como las de subsidios fiscales y crediticios, se condicionarán al cumplimiento de metas de productividad, de avance en la sustitución de importaciones, de promoción de exportaciones y de remuneraciones salariales que incorporen crecimiento de productividad, de ganancias y de precios.
El movimiento externo de mercancías debe ser regulado y controlado por el Estado para evitar prácticas de competencia desleal en detrimento de a producción nacional y de la balanza comercial. Lo mismo debe ocurrir con el movimiento externo de capitales para impedir prácticas especulativas que desquician el funcionamiento del mercado de capitales y el sector bancario, y presionan sobre la tasa de interés y el tipo de cambio.
La inversión extranjera directa debe ser regulada y canalizada a favor de sectores productivos de alto componente nacional y efecto multiplicador interno, que favorezcan el desarrollo tecnológico y la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de capital, y el aumento de las exportaciones con alto valor agregado nacional. Ello es indispensable para reconstruir nuestro desarrollo industrial en una perspectiva de mayor integración interna y menor vulnerabilidad externa de la economía.
Replantear las relaciones económicas con Estados Unidos y vincularnos más con países de características económicas similares. La revisión de la apertura comercial implica replantear los tratados de libre comercio, sobre todo el establecido con Estados Unidos y Canadá, dado que el primero es nuestro principal socio comercial. Debemos proteger aquellos sectores e industrias donde enfrentamos fuertes retrocesos productivos y de capitalización como consecuencia de la apertura, y para ello se precisa retomar las políticas tarifarias y no tarifarias en las actividades más afectadas.
El Partido del Trabajo propone que nuestro país vea más hacia América Latina y el Caribe y hacia los países asiáticos, y no seguir profundizando los vínculos con Estados Unidos como se ha venido haciendo en las últimas décadas. Debemos buscar una mayor integración latinoamericana y caribeña para negociar en bloque con Estados Unidos, para anteponer los intereses nacionales y latinoamericanos en toda negociación comercial y financiera frente a dicho país.
Una mayor integración de México con Latinoamérica y el Caribe y con los países asiáticos, con los cuales compartimos grandes similitudes, permitiría potenciar un desarrollo industrial y agrícola complementario entre todos con el fin de impulsar dinámicas más autosustentadas y reducir nuestra vulnerabilidad externa en el contexto de la globalización y de la crisis económica mundial.
Configurar una correlación de fuerzas favorable para la construcción de un Nuevo Proyecto de Nación. Construir un Nuevo Proyecto de Nación en el actual proceso de globalización y de crisis mundial implica un desafío de grandes proporciones, pues exige no sólo cambiar la actual correlación de fuerzas nacionales, sino a nivel internacional.
El desarrollo productivo, la disminución de la vulnerabilidad externa, y la configuración de condiciones financieras y macroeconómicas para enfrentar la crisis y relanzar el crecimiento sostenido con redistribución del ingreso, requieren de la participación activa de todos los sectores nacionales.
Los sectores excluidos del modelo neoliberal, la gran mayoría de la población, deben frenar y replantear dicho esquema de desarrollo, de lo contrario seguiremos desdibujándonos como país y relegando el Proyecto de Nación que nos dio identidad, bajo el cual se negociaba y se anteponían los intereses nacionales frente a los del exterior, y que debe a su vez anteponer los intereses de las grandes mayorías frente al de las minorías que controlan el poder económico y político del país.
Para realizar los cambios estructurales y de las políticas públicas vigentes, se requiere que los productores y trabajadores industriales, agrícolas y de servicios se movilicen y tengan una participación activa, porque sólo así se logrará la adopción e instrumentación de las medidas que favorezcan el desarrollo nacional y el bienestar social. Se requiere de la unidad nacional, sobre todo de los sectores excluidos de la política neoliberal, que son la gran mayoría, para cambiar la correlación de fuerzas predominante en el país.
Política de alianzas para el cumplimiento de objetivos nacionales. La propuesta del Partido del Trabajo está encaminada a configurar acuerdos nacionales con otros partidos y fuerzas políticas y con los más amplios sectores de la sociedad para que juntos cambiemos la correlación de fuerzas, y así podamos establecer un Nuevo Proyecto Nacional democrático y con equidad económica y social.
Proponemos un esquema de alianzas por un nuevo orden internacional más justo, equitativo y democrático que nos lleve a depender menos del exterior y permita retomar el manejo soberano de política económica en una perspectiva diferente al neoliberalismo aún predominante en nuestro país, para recuperar y reconstruir la participación del Estado en la economía, que frene las prácticas especulativas, el proceso de extranjerización, y que atienda las demandas nacionales, sobre todo la de las grandes mayorías del país.
Democratización de la toma de decisiones y supervisión del cumplimiento de los objetivos nacionales. La sociedad democráticamente organizada debe participar más activamente en la toma de decisiones y en la supervisión y control de las acciones del sector público y privado para el cumplimiento de los acuerdos nacionales.
El Partido del Trabajo se pronuncia por la participación de la ciudadanía y de organizaciones sociales en el control y supervisión de las actividades de las instituciones públicas y de las grandes empresas y sectores estratégicos, sean públicos o privados, con el fin de combatir la corrupción, garantizar la transparencia de sus acciones y funciones, y asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales.
Sin democracia en todos los niveles y en la toma de decisiones fundamentales, no se podrá revertir el status quo reinante y atender las necesidades de las grandes mayorías del país. De ahí que la premisa de la cual partimos para nuestra plataforma económica, es el avance de la democracia en todos los planos de la vida nacional, lo que demanda la apertura de los medios de comunicación al debate de las ideas y proyectos, cuestión indispensable para la toma de conciencia de la población. Sólo así las grandes mayorías podrán anteponer un Nuevo Proyecto de Nación a quienes hoy detentan el poder económico y político, y frenar y revertir la inercia desnacionalizadora, de descapitalización productiva y de depauperización en que se encuentra México.

IV. SEGURIDAD PÚBLICA
Una de las demandas más sentidas de la población es la que se refiere a las medidas de prevención y combate a la delincuencia. La inseguridad es un problema que ha crecido exponencialmente y que afecta a prácticamente toda la población del país. Los mexicanos hemos visto con asombro el crecimiento impresionante de la delincuencia. Las encuestas recientes en relación a los principales problemas que padecemos la sitúan en el primer lugar. Inclusive, comparativamente hablando, estamos dentro de los países con los índices más altos de delincuencia a nivel mundial.
Como sabemos, las dos principales razones de esta situación son la crisis económica y política que padecemos, y el narcotráfico. Hay una relación directa entre ambos fenómenos. La imposibilidad de resolver esas dos cuestiones en el corto plazo nos ubican en una perspectiva en donde los delitos, lamentablemente, mantendrán su alto nivel de incidencia.
La sociedad mexicana se ve agraviada por la constante comisión de delitos de todo tipo, sin importar que estos sean del Fuero Federal o del Fuero Común. La respuesta de la autoridad ha sido ineficaz e ineficiente. Según datos oficiales, del cien por ciento de delitos cometidos al menos el noventa por ciento no son perseguidos y del restante diez por ciento sólo un cuatro por ciento concluye con sentencias condenatorias en primera instancia, que posteriormente pueden ser modificadas vía apelación o amparo que benefician a los delincuentes y que los deja en libertad.
Por esta razón el Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de revisar a fondo el tema de la seguridad pública y de la procuración e impartición de justicia.
En nuestro país se ha configurado una tipología delictiva que sustenta y alimenta el grave deterioro que tenemos en la seguridad pública:
a) Los delitos se derivan directamente de la crisis económica y social que hemos vivido en las décadas recientes, que se cometen por hambre e ignorancia.
b) Los delitos que comete el delincuente individual como oficio o modus vivendi.
c) Los delitos realizados por las bandas organizadas.
d) Los delitos cometidos por la delincuencia gubernamental.
Es pertinente destacar que la Seguridad Pública es una función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. En consecuencia la obligación del Estado es la de salvaguardar la integridad de los gobernados y de mantener sus libertades. Sin embargo, es evidente que esta obligación no ha sido cumplida debidamente por el Poder Público.
Para poder atacar de manera eficaz el problema de la Seguridad Pública el Partido del Trabajo propone una revisión exhaustiva de los ordenamientos legales que regulan la actividad del gobierno en el combate a la delincuencia particularmente en estos aspectos:
a) Prevención de la Delincuencia
b) Procuración de Justicia en las fases de averiguación previa y proceso penal
c) Actuación de los órganos jurisdiccionales
Entre las distintas leyes que nos proponemos revisar se encuentran la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras de carácter penal.
También revisaremos lo referente a los delitos ambientales, ya que no podemos permitir que se siga deteriorando el mundo en que vivimos. El Partido del trabajo impulsará el que el Procurador General de la República sea designado por la Cámara de Diputados, ello para garantizar la total independencia, respecto del Presidente de la República, de quien tiene la responsabilidad de perseguir los delitos del fuero federal.
El Partido del Trabajo está obligado a responder a la sociedad con medidas legales que permitan afrontar el combate a la delincuencia, así como de dotar a las instituciones encargadas de procurar justicia de los instrumentos legales que les permitan cumplir de mejor manera su función.
Los legisladores electos por el pueblo y que emanen del Partido del Trabajo nos comprometemos a trabajar constantemente en beneficio de las grandes mayorías de este país.

V. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO
Es evidente que el atraso en el que está sumido el agro mexicano viene de muchos años atrás y sería exagerado afirmar que es responsabilidad única del neoliberalismo, aunque éste vino a agudizar la crisis estructural del campo mexicano. Lo preocupante es que no vemos una estrategia clara para hacer frente a este atraso y cada vez son menos los mecanismos públicos para fomentar el crecimiento y desarrollo del sector.
El régimen neoliberal a partir de su instauración en los años 80 se impuso como tarea central desaparecer la economía campesina en México. De un plumazo canceló el derecho a la tierra que millones de mexicanos demandaban con toda justicia. Según ellos, el modelo de explotación y tenencia de la tierra en nuestro país se había agotado y ya no era funcional a los requerimientos del sistema económico actual de nuestro país.
El ejido, las tierras comunales y todas aquellas formas de propiedad social deberían desaparecer para dar lugar a regímenes mixtos de propiedad privada y social, o exclusivamente privados, que permitieran impulsar la productividad del campo mexicano. En el fondo, las Reformas al Artículo 27 Constitucional en las cuales se sustentaba este proceso lo único que pretendían era privatizar la tierra en México. La esperada inversión de capitales en la agricultura como resultado de la contrarreforma agraria, así como la elevación de la eficiencia y el incremento a la producción de alimentos y materias primas se ha convertido en una quimera inalcanzable.
En suma, nuestro país tenía que modernizarse y ponerse a tono con los cambios que se estaban dando en el mundo. Sin embargo, como sabemos, lo ocurrido es algo totalmente distinto, el campo no ha mejorado, hemos perdido nuestra autosuficiencia alimentaria y en términos de competitividad tanto en el mercado interno como en el externo la situación es deplorable.
Hoy el panorama del campo mexicano nos muestra que, por un lado, existen grandes agricultores, exportadores de hortalizas y de frutas, con sistemas de riego, riego por goteo y crédito preferencial; por otro, subsiste una enorme población de campesinos con tierras ejidales y comunales empobrecidos y abandonados a su suerte. Haber legalizado el arrendamiento de tierras, permitir la asociación de la propiedad social con grandes agricultores capitalistas, no ha beneficiado en nada a nuestros campesinos
Para el Partido del Trabajo la única solución posible se fundamenta en una verdadera reforma agraria que modernice y haga altamente productiva la economía campesina.
Para ello es necesario establecer programas de capacitación y asesoría; contar con instituciones de crédito para destinar al agro mexicano recursos financieros a tasas preferenciales; instituir canales de distribución y comercialización de los productos del campo; abatir el rezago agrario y dar seguridad jurídica a los verdaderos dueños de la tierra; en suma, reformar el Artículo 27 Constitucional para que los pueblos recuperen su derecho a la tierra y los principios sobre la tenencia social de la tierra; y establecer medidas de protección a los productores nacionales ante la desleal competencia externa. Es necesaria una Reforma Agraria Integral que resuelva las injusticias de más de 80 años de corrupción, de ineficiencias e ineficacias.
Conscientes de los orígenes de los problemas que aquejan al sector agropecuario, en el Partido del Trabajo consideramos que la única forma de resolver la crisis del sector radica en la adopción de una nueva vía de desarrollo para el campo mexicano, sustentada en los siguientes principios:
• Democratización de la vida rural, desterrando el caciquismo, la corrupción y la apropiación ilegal del poder político y del excedente económico.
• Dotar a los campesinos de tierras, ellos deben gozar nuevamente de la tenencia de la tierra porque se han convertido en simples jornaleros agrícolas, han pasado de ser sujetos a ser objetos dentro del proceso productivo en el campo mexicano
• Dar marcha atrás en el proceso de destrucción de la propiedad ejidal y campesina. Incluso, tal como lo mencionamos, es necesario reformar el Artículo 27 constitucional para regresarlo a los términos que tenía antes de la modificación hecha en el sexenio salinista. Es fundamental, pues, garantizar el derecho a la tierra dentro de los preceptos constitucionales.
• Promover la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para ajustarlo a condiciones de verdadera equidad y competitividad.
• Atender de manera efectiva y eficiente el rezago agrario. Es necesario aclarar esta situación, por el bien de millones de campesinos que necesitan certidumbre legal para realizar su actividad.
• Alentar el desarrollo agropecuario integral, articulando el fomento productivo con la inversión pública en infraestructura, servicios básicos, educación y salud, con la apertura de instancias y mecanismos para la participación comunitaria.
• Establecer barreras arancelarias para proteger a los productores nacionales de la desleal competencia extranjera.
• Establecer programas eficientes de recuperación y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales explotables, para lograr el desarrollo sustentable a largo plazo.
• Impulsar programas ejidales y comunales a través de un programa nacional de protección y apoyo al desarrollo de las zonas ejidales y turísticas de nuestro país.
• Establecer y fomentar canales de distribución y comercialización de los productos agropecuarios provenientes del campo mexicano.
• Establecer un Acuerdo Nacional para lograr una Reforma Agraria Social Productiva que tenga como directriz la soberanía alimentaria.
• Canalizar créditos con tasas preferenciales a los ejidatarios y medianos y pequeños productores, a través de instituciones financieras creadas para tal fin.
• Establecer políticas y programas productivos que inhiban el éxodo masivo de los campesinos hacia las ciudades y hacia el extranjero.
• Recuperar una adecuada participación de las instancias gubernamentales en el fomento productivo, evitando incurrir en prácticas burocráticas y de clientelismo político.
• Fortalecer el subsidio a los productores para hacer frente a la competencia externa, y adoptar una política permanente de concertación entre el gobierno y los productores del campo.
• Promover la modernización del agro mexicano, haciendo funcionales las formas de propiedad social existentes.

VI. ÁMBITO SOCIAL
México no será un país moderno mientras no resolvamos el atraso, la pobreza, la marginación y la desigualdad social. En términos de ingreso y condiciones materiales de vida, esta situación abarca a la mitad de la población nacional y es particularmente grave para los más de 20 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza. El modelo neoliberal del grupo gobernante no sólo sigue profundizando estos problemas, sino que además está provocando el rompimiento del tejido social y alterando la paz que tanto necesita el país para su desarrollo.
Uno de los ámbitos de mayor interés para el Partido del Trabajo lo constituye el área social, por ser ésta donde han repercutido con mayor agudeza los efectos negativos de la actual crisis económica y de las políticas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos sexenios, que han provocado las crisis recurrentes que ha padecido nuestro país y de las repercusiones de nuestra inserción a la globalización en el marco de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas. Nuestro interés fundamental se centrará en los siguientes aspectos:
1. Combate a la pobreza y a la desigualdad social
México al igual que la mayoría de las naciones en vías de desarrollo ha visto incrementar el nivel de pobreza y de pobreza extrema en su tejido social. La desigualdad en México es peor que hace 50 años y el poder adquisitivo de los salarios actuales es menor al de hace dos décadas, sin embargo, para desterrar a la pobreza se tiene que entender las causas de su origen, porque sólo de esa manera se pueden plantear alternativas que combatan a fondo y de forma sistemática a este grave flagelo social.
Las causas de la pobreza se remontan a la existencia de la propiedad privada de los medios de producción en cualquier sociedad. La producción de un excedente genera, junto con dicha apropiación, el surgimiento de clases sociales dentro de la población. Al existir una clase que es la dueña de los medios de trabajo, necesariamente existirá otra que no tenga más que su propia capacidad productiva como herramienta de trabajo y como medio de vida. También es importante dejar claro que esta pobreza puede ser alentada si la clase dirigente de una nación aplica políticas económicas que sólo van dirigidas a fortalecer al bloque hegemónico que conduce los destinos de esos países a través de impulsar la concentración del ingreso a su favor. Este último aspecto es lo que hemos podido observar en las naciones en vías de desarrollo y en particular en México, como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales desde hace más de dos décadas y que han dado como resultado el empobrecimiento de millones de habitantes en nuestro continente y en contrapartida han creado un reducido grupo de magnates que lo tienen todo.
El propio Banco Mundial reconoce la magnitud que tomó la pobreza en el mundo, señalando que un tercio de la población mundial vive en condiciones de extrema pobreza, mientras que casi la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza. En el caso de México, especialistas muestran estudios en los que se reconoce la existencia de más de 70 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza, mientras que en pobreza extrema viven más de 40 millones.
La pobreza se ha enraizado con mayor agudeza en el medio rural donde viven más de 25 millones de nuestros compatriotas. Es en el campo mexicano donde se encuentran los más pobres entre los pobres. Pero el medio urbano tampoco ha escapado a los efectos perniciosos de la pobreza y de la pobreza extrema. Millones de niños, ancianos y mujeres se debaten entre la desigualdad y la pobreza; entre la desnutrición y la ignorancia; entre la enfermedad y la muerte.
Por esa razón, el Partido del Trabajo se ha comprometido con la causa de los trabajadores y de los pobres de nuestra nación. Por eso incorporamos la urgencia de llevar a cabo un combate frontal a la pobreza y en particular a la pobreza extrema. Para ello planteamos la exigencia de dar un cambio radical al modelo económico vigente, desterrando la base de la producción de la pobreza como es la política económica neoliberal, así como la implementación de una política de redistribución del ingreso a través de una reforma hacendaria integral que cobre impuestos a los que más tienen. La sociedad está harta, ya basta de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Los programas de combate a la pobreza en nuestro país están orientados a fines puramente asistencialistas y en muchas ocasiones electoreros, para nuestro instituto político no se trata de paliar la miseria sino de desterrarla. Nuestra propuesta en este sentido ha estado enfocada siempre a que los recursos públicos que se destinen a estos programas sean, en lo fundamental, para proyectos productivos que tengan un impacto directo en la generación de ingresos propios para los más pobres de México, de tal suerte, que su efecto no solo se manifieste en la producción sino también en la ampliación de la demanda interna.
2. Redistribución del ingreso
La modernización y democratización de México debe sustentarse en una redistribución equitativa del ingreso. La eliminación de la pobreza y de los rezagos sociales constituye una premisa necesaria para ello, pero no la garantizan. La redistribución del ingreso que impulsa el Partido del Trabajo apunta no sólo a la erradicación de las mayores desigualdades heredadas, sino a una nueva manera de distribuir los frutos de la modernización económica, de manera que aliente el trabajo productivo, establezca relaciones sociales más equilibradas y genere ciudadanos libres.
Para lograr este objetivo el Partido del Trabajo se esforzará por aumentar la participación de la población de menores ingresos y reducir la de la población más rica dentro de la renta nacional, mediante la formulación de políticas públicas que alienten la modernización incluyente y la reactivación de la economía; políticas de recuperación salarial directa y por productividad; políticas crediticias preferenciales y de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, así como políticas que graven más a los que más tienen y exenten a los trabajadores de bajos ingresos.
3. Redistribución del Poder Social
La desigualdad social no sólo depende de las diferencias de clase o ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, mejoramiento personal y participación social, cultural y política. La mayor parte de la población mexicana sufre discriminaciones de este tipo, las cuales se apoyan tanto en las instituciones vigentes como en tradiciones culturales profundamente arraigadas como el machismo y el racismo. El resultado de esto es que las mujeres (51.2% de la población nacional) y los indígenas (14%) son víctimas de diversos tipos de discriminación y marginación que los convierte en ciudadanos de segunda.
Para combatir esta situación el Partido del Trabajo impulsará acciones concretas de apoyo a la acción autónoma de los distintos sectores oprimidos y abrirá espacios específicos de participación a los mismos en la vida laboral, social, política y cultural del país.
4. Mujeres y democracia
El Partido del Trabajo reconoce la importancia de la lucha de las mujeres, cuyas propuestas y demandas exigen un cambio en las relaciones sociales, de género, en la pareja, la familia, en la sociedad civil y sus organizaciones, así como en las instituciones políticas. A fin de avanzar hacia la igualdad social, económica y política de la mujer mexicana, el Partido del Trabajo se compromete a impulsar las siguientes líneas de acción.
a) Construir medidas legales y culturales que coadyuven a terminar con la violencia hacia las mujeres en todas su manifestaciones y en todos los ámbitos de la vida social; garantizar su seguridad pública, incluidas todas aquellas mujeres que son víctimas cotidianas de la corrupción de los cuerpos policíacos; y establecer leyes estrictas que impidan el acoso sexual en los centros de trabajo.
b) Promover reformas legislativas que otorguen el derecho a la maternidad libre y voluntaria, acompañándolas de programas de educación sexual, paternidad responsable y métodos anticonceptivos.
c) Sancionar toda discriminación sexual, garantizando igualdad de condiciones y oportunidad laborales, sociales, políticas y culturales.
d) Promover programas de capacitación para mujeres en oficios no tradicionales y para el desarrollo de aquellas que habitan en el medio rural.
e) Introducir el derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra en la propiedad ejidal, igual que los varones, derecho a asesoría, capacitación técnica y acceso a insumos y créditos. Complementar estas medidas con una legislación que proteja los derechos laborales que las jornaleras agrícolas.
f) Compromiso real para impulsar políticas de acción afirmativa del género femenino, que eliminen la marginación y la discriminación a través de cuotas crecientes de participación de las mujeres en los ámbitos más relevantes de la vida social, particularmente en los puestos de representación y dirección de las organizaciones sociales y políticas y, en los cargos de elección de los poderes públicos.
g) Promover las lucha contra la discriminación y la desigualdad en los centros labores por motivos de embarazo o de atención materna.
h) Promoverá que toda iniciativa de ley se estudie y analice en las Comisiones de Equidad y Género de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, con el fin de que se tome en cuenta la perspectiva de la mujer y la manera en que impactarán en el ámbito femenino.
5. La problemática juvenil e infantil
México es un país joven, integrado en su mayoría por niños y jóvenes, sin embargo, este sector de la sociedad mexicana no ha contado con leyes, políticas públicas e instituciones que propicien su desarrollo real en los principales aspectos de la vida social que le afectan e interesan -educativo, laboral, político y recreativo-, de cara a forjar con cada nueva generación un México mejor.
El ciclo de crisis económicas recurrentes y la poca importancia que para los gobiernos de derecha tiene este segmento de la población, han recrudecido los problemas que los afectan. Por ello, no es casual que la delincuencia, la vagancia, la drogadicción y el alcoholismo hayan crecido sensiblemente entre los jóvenes en los últimos 30 años.
Partiendo de esta situación, el Partido del Trabajo propone impulsar políticas, leyes e instituciones para su desarrollo integral, en las cuales su voz se escuche de manera clara y sus iniciativas definan el perfil que debe tener un México más justo, igualitario y democrático. En este sentido proponemos impulsar las siguientes medidas:
Con relación a la niñez:
a) Garantizar a la niñez mexicana alimentación, salud, educación, esparcimientos y ambiente familiar afectuoso.
b) Establecer programas específicos para los niños de la calle, con el objeto de dotarlos de servicios y atención básica, que permitan su reinserción paulatina a la sociedad.
c) Ampliar las medidas y disposiciones de orden legal que combatan el tráfico, la pornografía, la prostitución infantil, así como la pedofilia y la pederastia.
Con relación a los jóvenes:
a) Ampliación sustancial del acceso de los jóvenes a la educación en todos los niveles del sistema nacional.
b) Vincular sólidamente el sistema educativo con el aparato productivo, sobre todo en los niveles técnico y profesional, de modo que los jóvenes adquieran los medios necesarios para integrarse adecuadamente al mundo laboral.
c) Incrementar y diversificar las fuentes de empleo productivo y bien remunerado para los jóvenes, de manera que puedan mejorar efectivamente sus condiciones de vida.
d) Fomentar la participación social y política independiente entre los jóvenes, a fin de que vayan incidiendo de manera creciente en los ámbitos de decisión de la vida pública.
e) Promover todas las formas de expresión cultural de la juventud, sin prejuicios ni manipulaciones de tipo político.
f) Garantizar el derecho al deporte y la recreación, como condiciones indispensables para el desarrollo sano y equilibrado de todos los jóvenes mexicanos.
g) Fortalecer los esfuerzos de orientación a la juventud sobre el efecto pernicioso del uso y tráfico de sustancias de uso ilegal.
h) Dotarlos de información suficiente respecto a los temas de salud sexual y planificación familiar.
6. La cuestión indígena
La exclusión histórica de México indígena ha impedido que el desarrollo nacional se logre a cabalidad para todos los mexicanos. El sistema colonial impidió a los pueblos indios continuar su desarrollo de acuerdo con sus propias formas de vida. Este sistema mantuvo a la población indígena en condiciones en cierta forma similares a las que hoy vive la mayoría del pueblo mexicano por voluntad del gobierno y de los dueños del poder económico, es decir, bajo la obligación de crear una gran riqueza para enviarla al exterior, antes en forma de tributo a la Corona española, ahora como pago de la deuda externa.
Durante el primer siglo de vida independiente la situación de la población indígena no cambió, aunque los letrados y gobernantes dijeran haber recuperado con orgullo lo indígena para incorporarlo en la formación y desarrollo de México. La revolución de 1910-1917 y las décadas posteriores no cambiaron mucho las cosas: mientras por un lado se alababa la grandeza del pasado prehispánico, por el otro se negaba la capacidad de los pueblos indios de decidir su destino.
Hoy vemos que las políticas indigenistas sólo dan cuenta de estructuras y despilfarros burocráticos, mientras los pueblos y comunidades siguen esperando las bondades del desarrollo comandado primero por el Estado populista y ahora por el Estado neoliberal. Este es el trato que les ha dado el Estado Mexicano desde el triunfo de la revolución. Por ello no fue casual que el 1º de enero de 1994 estallara la insurrección indígena del EZLN en Chiapas.
Ésta puso en claro que históricamente a los pueblos indios no se les ha escuchado a pesar de que demandan algo muy simple: no más despojo de tierras, no más explotación ni discriminación racial, represión y muertes injustas en su contra. No más interferencia en sus usos y costumbres. En una palabra: RESPETO.
Como consecuencia de esto, hoy la problemática indígena no resuelta reclama la creación de un Nuevo Proyecto Nacional que incluya a todos los mexicanos sin excepción. En este sentido, el Partido del Trabajo asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones:
a) Reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para incorporar en el marco jurídico mexicano los legítimos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en particular su derecho a la libre determinación ejercida por medio de la autonomía en el marco del Estado nacional, dentro de los acuerdos de San Andrés.
b) Asignación en los presupuestos públicos de la Federación y los estados de recursos económicos, científicos y técnicos suficientes para el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, con el derecho legal para ser administrados por ellos de acuerdo a sus necesidades y formas propias de organización.
c) Creación inmediata de instancias y mecanismos en todos los niveles de gobierno para preservar y promover el desarrollo de sus culturas, dirigidos por representantes de sus pueblos y comunidades.
d) Que el gobierno Federal cumpla cabalmente los acuerdos que suscribió con el EZLN en el Diálogo de San Andrés Larráinzar.
7. Salud
La salud constituye otro de los ámbitos de la política social en la que el Partido del Trabajo tiene un profundo interés por reorientar, mediante la canalización de mayores recursos a este sector. Estamos convencidos de que una población sana y bien alimentada será la base para que los habitantes de nuestra nación logren mayores niveles de desempeño en cada una de las actividades que realizan.
Tenemos claro que el sistema de salud en México enfrenta dos problemas cruciales que tendrán graves incidencias y a los que habrá que hacerles frente. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de la proporción de personas de mayor edad en la estructura poblacional, lo que supone una mayor demanda de servicios médicos más especializados; el segundo, está relacionado con la distribución espacial de la población.
El sistema de salud en México ha logrado dotar de los servicios médicos elementales y en cierta medida especializados, así como de hospitales a la población de los núcleos urbanos de mayor concentración. Sin embargo, en el campo mexicano continúa la población dispersa en múltiples comunidades, a las que no llega la cobertura de los más elementales servicios médicos, ni cuentan con hospitales. Por ello, el reto del sector salud y de la política social en esta materia, será lograr una cobertura total de esos servicios y la mayor especialización de los servicios médicos ante el creciente proceso de envejecimiento de la población mexicana.
Otro reto lo constituye la urgencia de alentar la participación crítica de la población en la conformación de una medicina preventiva, porque estamos convencidos que es mejor prevenir que curar. Detectar y controlar desde sus primeras fases las enfermedades y transformar la medicina curativa en preventiva dará mejores resultados a la política de salud en nuestro territorio. En ese sentido, hemos propuesto iniciativas de Ley que modifiquen el marco legal que rige el renglón de salud para que en la prevención y curación de los males que aquejan a la población, la medicina alternativa tenga el espacio formal que le debe corresponder. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y como consecuencia de ello la flora y la fauna ha sido un recurso ancestral que la medicina tradicional ha utilizado para curar y prevenir las enfermedades.
Asimismo, para nadie resulta una novedad que la acupuntura, la digitopuntura, la quiropráctica, homeopatía y herbolaria, por sólo mencionar algunas, son alternativas probadas y reconocidas en el plano científico y legal y, por tanto, utilizadas en una buena parte del mundo. Seguiremos insistiendo en que dentro de las leyes relativas a la salud se incorporen las propuestas de medicina alternativa señaladas, que en nuestra opinión son una opción viable y que representan menores costos económicos para la población y para las instituciones de salud pública. Nos queda claro que la aceptación de esta propuesta ha tenido obstáculos que provienen principalmente de las grandes empresas químico-farmacéuticas que con ello ven amenazadas las inmensas ganancias que generan año tras año.
Desterrar la corrupción al interior del sistema de salud en nuestro país, es otra tarea urgente y necesaria. Hemos visto como instituciones como el IMSS y el ISSSTE se están desmoronando como resultado de la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a esas dependencias del sector salud. Los altos funcionarios de esas instituciones tienen altos sueldos, mientras los derechohabientes no tienen acceso a los medicamentos y tienen que comprarlos para poder enfrentar sus problemas de salud. Asimismo, esas instituciones ya no cuentan con dinero para cubrir las pensiones de sus trabajadores, pues el patrimonio de éstos se desvió en anteriores gobiernos a las campañas políticas, y a partir de las reformas al sistema de pensiones de 2007, el derecho a jubilación se convirtió en un sistema de ahorro individual por lo que las aportaciones de los trabajadores están en manos de empresas privadas y ya no serán administrados por el gobierno, lo que preocupa aún más ya que como es sabido de todos, las empresas van tras la ganancia y no tras la protección del dinero de los trabajadores. A penas van dos años de la mencionada reforma y las aportaciones que han hecho los trabajadores al servicio del Estado no sólo han perdido día a día poder adquisitivo sino lo que es más grave, se han esfumado.
Por eso, hemos planteado en legislaturas anteriores en la H. Cámara de Diputados modificaciones sustanciales a la CONAMED, que es la institución encargada del arbitraje entre la ciudadanía y las instituciones de salud pública y privada, para evitar que los actos de corrupción y de negligencia en los servicios públicos siga en la impunidad. También en ese renglón dedicaremos nuestros esfuerzos en las tareas legislativas.
Hoy por hoy, las tres principales causas de muerte en México son en orden de importancia, las enfermedades cardiacas, en especial los padecimientos isquémicos; los tumores y la diabetes mellitus. Cada año se diagnostican 10 mil casos de padecimientos de cardiopatía isquémica; pero no debemos olvidar que enfermedades como la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades gastrointestinales entre la población infantil, que también son una fuente importante de padecimientos que cada día van en aumento, sin olvidar el grave problema de salud pública que representa el SIDA. Por lo tanto, realizar una política de amplia difusión sobre las graves consecuencias de ellas, será una tarea muy importante que habrá desarrollar el sector salud entre los habitantes de nuestro país, para impedir que sigan cobrando víctimas y reducir su incidencia entre la población.
Para enfrentar los retos del sector salud, se necesitan recursos humanos y materiales. En ese sentido, la propuesta del Partido del Trabajo consiste en impulsar una reforma constitucional para que se garantice canalizar cada año, al menos, el 8 por ciento del producto interno bruto al sector salud, tal como se ha aprobado en el rubro de educación. Reconocemos que esto implica un esfuerzo recaudatorio importante, pero que es factible de llevar a cabo en el corto plazo conforme lo hemos propuesto en la parte relativa al fortalecimiento de las finanzas públicas.
8. Educación
El Partido del Trabajo reconoce que la educación es un proceso de adquisición de conocimientos que sirve para transformar las condiciones materiales de los individuos en sociedad, pero que todo este sistema educativo debe ser regido y regulado por el gobierno en aras de la uniformidad y homogeneidad del proceso de trasmisión del conocimiento, así como de la investigación en el campo científico.
En México persisten enormes insuficiencias en la educación pública. Nuestro país tiene el enorme reto que representa atender a cerca de un tercio del total de la población en materia educativa. Pero si atendiéramos a la composición por edades de la misma, nuestro sistema educativo debería proporcionar educación a casi la mitad del total de la población. Una gran cantidad de jóvenes de entre 15 y 22 años no tienen oportunidad de acceder a la educación media superior y a la educación superior por falta de recursos económicos. Los verdaderos problemas de la educación en México empiezan en estos dos niveles. Amén de que en la educación básica, aunque en su mayoría está cubierta, las recientes encuestas internacionales nos han mostrado que la calidad de la misma deja mucho que desear.
Es sumamente preocupante que el sistema educativo mexicano esté en una grave crisis que se refleja, entre otras cosas, en sus indicadores más significativos. El analfabetismo está en un rango de entre un 8 ó 9 por ciento ¡varios millones de mexicanos!, un poco más del doble de lo que recomiendan los organismos educativos internacionales, que es del 4 por ciento. La cobertura, excepto en la primaria, deja mucho que desear. En secundaria, educación media y superior la demanda del servicio educativo rebasa con mucho lo que ofrece el sistema educativo. La deserción escolar es muy alta en todos sus niveles.
En lo que respecta a la calidad, el panorama no es alentador. Las recientes mediciones internacionales colocan a nuestro país en los últimos lugares muy por detrás de nuestros socios comerciales, e incluso muy por abajo de países con un desarrollo similar al nuestro. Y si esto lo referimos a los grupos marginados, en particular la población indígena, dichos indicadores son aun más dramáticos.
En un 45%, las tasas de graduación en la educación media superior son las segundas más bajas entre los países de la OCDE. El 52% de la población en edad de entre 15 a 19 años están matriculados, lo que representa 10 puntos porcentuales más que en 2000, pero es bajo comparado con Brasil (75%), Chile (73%) y la media de la OCDE (82%). Sólo el 11% de los mexicanos de entre 20 y 29 años participan en la educación, sólo 2 puntos porcentuales más que en 2000; 18.4% de adolescentes de entre 15 a 19 años y una cuarta parte de los jóvenes de entre 25 a 29 años en México no están recibiendo educación y están desempleados, o no forman parte de la fuerza laboral.
Como porcentaje del PIB, el gasto educativo se ha incrementado cerca de un punto porcentual en la última década al ubicarse en 5.8%, cerca de la media de la OCDE del 5.9%. No obstante, México tiene el gasto público total más bajo como porcentaje del PIB (24%) en el área de la OCDE, donde el gasto público representa, en promedio, 43% del PIB de esos países.
La polarización social y por consecuencia, el incremento de la pobreza en México, se refleja también en la educación. Los programas emergentes y los regulares u ordinarios para combatir el rezago educativo no han podido cubrir de manera eficiente el propósito para el cual fueron creados.
En nuestro México subsisten dos Méxicos: uno minoritario que tiene educación de primer mundo, que cuenta con instituciones perfectamente acondicionadas para proporcionar este servicio con altos niveles de eficiencia y cuyos recursos provienen de los sectores empresariales y de los grupos sociales de altos ingresos; el otro México es el que a duras penas puede enviar a sus hijos a las escuelas públicas, las cuales carecen de la infraestructura necesaria tanto en términos de recursos materiales y humanos y que, en consecuencia, reciben una educación de baja calidad. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las instituciones públicas como la UNAM, el IPN, la UAM, entre otras, son la vanguardia en materia de investigación y de formación de profesionistas de alto nivel. Asimismo, la tradición de una escuela con características netamente populares y que ha hecho tradición en Latinoamérica sigue subsistiendo.
Por otra parte, necesitamos transitar de un modelo que hace excesivo énfasis en el atiborramiento de la información a un esquema que privilegia desde los primeros años el desarrollo de las habilidades ligadas a la lectura, la comprensión, el razonamiento, la asociación de ideas, la interpretación y el análisis de los datos y los hechos de nuestra realidad cotidiana, así como del razonamiento lógico, para desarrollar una educación edificada en la creatividad y la construcción de conocimientos. Pero también necesitamos pasar a construir un sistema de educación superior e investigación tecnológica para garantizar la formación de cuadros altamente calificados en el contexto de un mundo globalizado para responder al desafío que representa la competencia mundial.
Para revertir el rezago educativo, el Partido del Trabajo propuso que se elevara a rango constitucional que al ramo educativo se canalice al menos el 8 por ciento del PIB y se incorpore también el derecho a la educación universal, entendiendo por éste, el derecho que tiene todo ciudadano a estudiar y concluir sus estudios sin pretexto de que no hay espacios en las escuelas públicas o que por razones económicas tenga que abandonar los mismos. También impulsamos la incorporación al artículo tercero constitucional de la obligatoriedad por parte del Estado de la impartición de la educación inicial y preescolar.
9. Educación inicial
A nivel mundial se está imponiendo una corriente que pone énfasis en la educación temprana. Estudios científicos han demostrado que para garantizar un desarrollo pleno e integral del educando es preciso atender esta etapa fundamental en el crecimiento del niño. Dicha atención parte desde la adecuada alimentación de la madre durante el embarazo, hasta la procuración del equilibrio emocional y social de la misma. Una vez nacido el bebé requiere de los nutrientes necesarios que le permitan el buen desarrollo de su organismo, particularmente del cerebro. Asimismo, en esa etapa crucial es necesario desarrollar la estimulación temprana que está vinculada a las actividades psicomotrices, de los sentidos, de la atención y la percepción de su entorno inmediato.
México en este aspecto está apenas reconociendo la importancia de lo que representa esta etapa en el proceso de formación del educando, y por lo tanto, consideramos que ésta es una materia que debe tener prioridad en la política educativa actual de nuestro país.
Recientes investigaciones realizadas en diversos países han demostrado que la educación inicial debe desarrollar un conjunto de habilidades, hábitos, actitudes y destrezas que le permitirán al niño mejorar de manera notable su desarrollo psicomotriz, lo que redunda en tener niños más maduros y capaces de enfrentar su realidad cotidiana de mejor forma.
La UNICEF ha reconocido que desde el nacimiento hasta los tres años, germinan en todos las semillas de la individualidad humana y de la nacionalidad. En ese período se multiplican vertiginosamente las sinapsis, y se establecen las pautas que da la vida. En esos 36 meses asombrosos se produce el desarrollo del cerebro los educandos adquieren la capacidad de pensar, hablar, aprender y razonar. Esas son las bases y las conductas sociales que tendrán cuando se convierten en adultos. Por lo anterior, la UNICEF sostiene que se debe prestar atención a este buen principio de vida.
El avance de las denominadas neurociencias ha logrado determinar que la capacidad de aprendizaje de los niños inicia prácticamente desde que se encuentran en el vientre materno, al nacer los bebés inician con el aprendizaje y conocimiento del mundo externo en el cual vivirán. Su inteligencia se desarrolla durante esta edad de manera rápida.
Para lograr la capacidad de aprendizaje de los bebés en esta etapa es necesario dotarlos de los nutrientes necesarios que permitan que su cerebro se fortalezca y desarrolle adecuadamente, para permitirle adquirir conocimientos y retenerlos, para que en las distintas etapas que van prácticamente desde que nace hasta que asiste a los centros de educación formal llegue con un desarrollo cerebral adecuado.
Queda claro entonces, que estamos proponiendo la creación de un sinnúmero de centros en los cuales las madres consuman el alimento necesario para que los niños se desarrollen adecuadamente. Además, también será necesario que se instauren programas de capacitación en que se prepare a las madres y a los familiares para que el bebé se alimente adecuadamente.
Además se requiere que tanto los niños como los padres y todos los integrantes de la familia estén en una interrelación continua que les permita una sana convivencia social que redundará en una mayor seguridad en su vida en sociedad. Asimismo, los centros de atención temprana deberán impulsar esta parte afectiva y social que es fundamental para el equilibrio emocional del infante.
Por ello seguiremos insistiendo para que la educación inicial se incorpore como mandato constitucional. Esta propuesta implica no sólo la asignación de recursos económicos sino de recursos materiales y humanos que cumplan su cometido. Seguiremos insistiendo y promoviendo este aspecto, que tal y como hemos sostenido, es estratégico para nuestro país.
Nuestra apuesta para el futuro, es garantizar que todos los niños y los jóvenes mexicanos tengan acceso de forma gratuita a la educación en todos sus niveles. Nuestra lucha seguirá por lograr que en nuestro país se destierre el analfabetismo y la ignorancia. Pugnaremos por una educación laica, creativa y científica.
10. Ciencia y Tecnología
El Partido del Trabajo tiene claro que un país que no desarrolla su sistema de educación e investigación tecnológica propio no puede aspirar a elevar su desempeño en el marco de la competencia con otras naciones. La formación de los recursos humanos para insertarlos al conjunto de las actividades económicas y la formación de los cuadros científicos para la ampliación de los conocimientos y su aplicación a la producción son dos pilares básicos para el desarrollo material de los países modernos. El desarrollo exitoso reciente de naciones como Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Hong Kong y Taiwán, no podrían explicarse sin el papel que ha jugado el desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus aparatos productivos.
Lamentablemente México destina apenas el 0.4 por ciento de su producto interno bruto a ciencia y tecnología, mientras las naciones desarrolladas destinan cerca del 3 por ciento del PIB a esos propósitos. A nivel de América Latina, Brasil destina más del uno por ciento a ese objetivo. Por esa razón, el Partido del Trabajo ha planteado y seguirá planteando la urgencia de dar mayor importancia a la creación de un verdadero sistema de educación e investigación tecnológica que responda a los imperativos de elevar el número de cuadros altamente especializados y de ampliar el número de investigadores en todas las disciplinas científicas, para garantizar que nuestra nación eleve su desempeño económico en los próximos años. Asimismo, impulsaremos que a ciencia y tecnología se canalicen mayores recursos públicos, hasta alcanzar el nivel de inversión que destinan las naciones desarrolladas a ese objetivo. Nuestra meta en el corto plazo debe ser que estos recursos alcancen a la brevedad posible el 1.5 por ciento del PIB para superar el rezago que se tiene en esta materia.
11. Problemática urbana
Tres cuartas partes de la población mexicana viven en localidades urbanas. La gran mayoría radica en ciudades medias y grandes que tienen o comienzan a tener los problemas propios de las urbes modernas. La vida urbana está marcada por los problemas de insuficiencia de vivienda, transporte, abasto, espacios verdes, crecimiento del desempleo y subempleo, proliferación de la delincuencia, drogadicción y contaminación ambiental, que encuentran su máxima expresión en las colonias populares. A ello se suma la permanencia de formas arcaicas de dominación política y de gobierno, la ausencia de políticas de desarrollo urbano integrales y los abusos sobre la ciudadanía por parte de los cuerpos policíacos, además de problemas de salud física y mental provocados por la concentración de población en espacios reducidos.
Para enfrentar adecuadamente estos problemas y crear condiciones sanas de convivencia entre la población urbana, el Partido del Trabajo instrumentará las siguientes orientaciones:
a) Impulso firme a la descentralización y desconcentración urbana, apoyo a las ciudades medias y pequeñas que tienen potencial de desarrollo e incremento sustancial de los recursos de que participan los municipios. A este respecto demandaremos el aumento de los recursos que reciben actualmente en proporción a su tamaño y necesidades.
b) Formulación de políticas y disposiciones legales para la reorganización de la vida municipal, que pongan fin a los cacicazgos y negocios ilícitos que se realizan al amparo del poder.
c) Impulso a la organización autónoma de la sociedad en sus diversas demarcaciones territoriales y formas de expresión, para que asuma tareas de gestión de servicios, representación vecinal y formación de organismos de cooperación y consulta con las autoridades municipales.
d) Promoción de programas para extender los servicios públicos básicos a toda la población.
e) Formulación de políticas de desarrollo regional y urbano, acordes con los problemas de las ciudades y las demandas de sus habitantes.
12. Vivienda
En el área de la vivienda, México padece un déficit considerable que oscila entre 6 y 7 millones de casas-habitación, sin considerar las limitaciones en materia de mantenimiento y reparación del parque habitacional. Sin embargo, es preciso tener claro que el problema que enfrentan más de 7 millones de familias mexicanas que no cuentan con una vivienda digna no es principalmente un problema de espacio, porque nuestro territorio es muy grande y no tiene ninguna clase de limitación en ese sentido. El problema es la falta de recursos económicos de esas familias.
No debemos olvidar que las instituciones públicas encargadas de proveer vivienda para los trabajadores, desde el inicio del gobierno de Salinas de Gortari dejaron de construirlas, para transformarse en simples intermediarias entre los demandantes de vivienda y las instituciones financieras privadas. Hoy los trabadores mexicanos tienen que tener un ahorro previo para ser sujetos de crédito. El Gobierno Federal se olvidó de ellos. El mercado se convirtió en el principal instrumento de asignación de recursos para la inversión en vivienda. Por lo tanto, las constructoras privadas construyen viviendas para los sectores sociales de altos ingresos y de ingresos medios, porque el criterio de rentabilidad económica predomina sobre el criterio de rentabilidad social.
En este contexto, el Partido del Trabajo está plenamente convencido de que la única forma de garantizar una vivienda digna al trabajador mexicano es mediante el compromiso directo del Gobierno Federal de construir esas viviendas. Por esa razón, hemos propuesto la creación de una Secretaría de la Vivienda para que coordine el esfuerzo de todas las instituciones públicas de vivienda, así como destinar la inversión necesaria para revertir en el corto plazo el grave déficit habitacional que enfrenta nuestra nación. Asimismo, hemos propuesto la disposición de tierras para destinarlas a la construcción de viviendas de interés social. Hemos reiterado que sólo el Gobierno Federal tiene la capacidad para solucionar el problema de la vivienda de los trabajadores y que de continuar insistiendo con las políticas que privilegian al mercado, estaremos condenando a millones de familias mexicanas a vivir hacinadas y destinando más del cincuenta por ciento de sus ingresos en el pago de renta, si no se revierte este grave problema social.
13. Infraestructura básica
México se encuentra en los últimos lugares en materia de creación de infraestructura física y equipamiento urbano entre las naciones miembros de la OCDE. Sabemos que la inversión en infraestructura física constituye un componente básico de la competitividad de una nación. Sin embargo, nuestra nación ha sufrido un importante rezago en la creación de infraestructura de carreteras y puertos, ello debido a la política de restricción del gasto público que se viene implementando desde los años ochenta del siglo que acaba de concluir. A esta situación habría que sumar la política errónea en los años noventa de concesionar a los particulares las carreteras de cuota del país con los resultados funestos que todos conocemos y que representa para los contribuyentes recursos fiscales por más de 76 mil millones de pesos que estaremos pagando en los próximos 12 años.
En materia de telecomunicaciones aún tenemos grandes carencias. Pese a la enorme tendencia a la globalización de este sector, las necesidades básicas de telefonía para el pueblo no están satisfechas del todo. Todavía muchas familias mexicanas no logran acceder a una línea telefónica por los altos costos de ese servicio. A ello, habría que agregar la política de las empresas de telefonía de invertir principalmente en aquellos lugares donde existe una alta concentración de la población y de demanda real del servicio. Asimismo, muchas comunidades rurales de nuestro país todavía no tienen acceso al servicio telefónico, pese a que en la privatización de Telmex, ésta se comprometió a ampliar en todo el país su cobertura.
Por esa razón, el Partido del Trabajo ha planteado la urgencia de intensificar la competencia en el sector con el propósito de reducir los costos del servicio, así como ampliar la cobertura del mismo, pero cuidando que el capital nacional mantenga su hegemonía frente al capital extranjero, porque las telecomunicaciones son un área de vital importancia para el desarrollo y la seguridad nacionales.
En ese mismo tenor debe ubicarse la ampliación de la infraestructura en materia de energía eléctrica y en la producción petrolera y de gas. En el caso específico de la electricidad, nuestro partido está a favor de la reforma del sector eléctrico para garantizar la demanda de energía eléctrica en los próximos años; pero también está a favor de que dicho sector no sea privatizado. Nuestra propuesta consiste en dotar de autonomía a la CFE y en aumentar la inversión de la empresa con recursos públicos que no comprometan la viabilidad de la misma. En el caso de PEMEX estamos en la línea de revertir la actual estructura impositiva para garantizar que parte de los ingresos de la empresa se canalicen a la inversión de la misma y garantizar su plena autonomía financiera.
La carencia de inversión en el área de agua potable y saneamiento constituye otra asignatura en que hay graves carencias en nuestro país. Sabemos que en la actualidad las ciudades y comunidades rurales de nuestro territorio sufren de la afluencia de este vital líquido tanto para el consumo humano como para la producción. Por esa razón, pensamos que es necesario incrementar la inversión pública para garantizar el abasto de agua, tanto para el campo como para las ciudades.
Tendremos que aumentar la infraestructura en materia de construcción de drenaje público y de pavimentación, para garantizar que los habitantes de nuestras ciudades y comunidades, cuenten con los servicios básicos que demanda el equipamiento urbano y el desarrollo social.
Dentro de nuestras propuestas consideramos como prioridad abatir el rezago que tenemos en materia de dotación de agua potable y drenaje a las viviendas que carecen todavía de estos servicios elementales. Como sabemos, históricamente este es un problema que todavía no se ha resuelto en su totalidad y, aún más, se ha agudizado como producto del crecimiento de la pobreza en México. Según el Censo Nacional de Población uno de cada cinco mexicanos no tiene drenaje en su vivienda, uno de cada diez no dispone del servicio de agua y uno de cada veinte no tiene energía eléctrica. Este es un reto que debemos afrontar cuanto antes para que prevalezca la equidad y la igualdad social en nuestro país.
14. Medio ambiente y calidad de vida
El creciente deterioro de las condiciones ambientales y de la calidad de vida es alarmante. Los problemas ecológicos que afectan al país han adquirido una particular gravedad. Entre ellos destacan por su agudeza: la contaminación del agua debido al uso industrial; el empobrecimiento de los suelos; la devastación de los bosques; el deterioro de las condiciones de la vida urbana; y la escasez de recursos acuíferos, especialmente en las regiones de mayor concentración de población, el incremento de la contaminación del aire, suelos y mares.
La lucha contra la contaminación ambiental en las granes zonas metropolitanas como México, Monterrey y Guadalajara ha fracasado rotundamente. La creciente contaminación del agua ha comenzado a traducirse en el deterioro de la salud de los mexicanos.
Para atacar coordinadamente el conjunto de los problemas mencionados, el Partido del Trabajo propone cuatro tipos de medidas principales:
a) Elaborar un Plan Nacional de Protección y Mejoramiento Ambiental con la participación de los mejores especialistas, las universidades y las organizaciones sociales y civiles del país, con la aportación de cinéticos extranjeros del más alto nivel mundial.
b) Incorporar más ampliamente a la población y a las organizaciones sociales y civiles en la lucha por la protección y mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida. Esta acción debe cristalizar en la creación de una organización no gubernamental de Defensoría del Medio Ambiente y Calidad de Vida, cuyas funciones serán recibir, analizar y dictaminar las demandas que se hagan al respecto, para posteriormente gestionar ante el gobierno las acciones pertinentes.
c) Fortalecer los aspectos culturales y educativos de la lucha a favor de la salud y la recuperación ecológica.
d) Modificar la legislación vigente para reforzar el combate penal y administrativo contra las prácticas destructivas y contaminantes.
En esta perspectiva general, los lineamientos de nuestra política priorizarán los aspectos relativos a la incorporación real del principio de sustentabilidad del desarrollo económico. Además impulsaremos firmemente la cooperación internacional para resolver los problemas ambientales del mundo, de América Latina y de México en particular.


VII. MÉXICO Y EL MUNDO
1. Proceso de globalización y la crisis mundial
La mundialización o globalización avanzó a pasos acelerados hasta el 2001, merced a la difusión y abaratamiento de los componentes de la tecnología de la información que constituyó el fundamento de la integración económica mundial. Sin embargo, los excesos bursátiles y la sobreproducción, unidos a la degeneración ética y moral del capitalismo corporativo, profundizaron lo que parecía ser una recesión transitoria, convirtiéndola en el primer gran desafío a la capacidad del capitalismo por dominar todos los circuitos mundiales. El reloj de la globalización parece haber comenzado a caminar al revés. Está en curso una crisis económica mundial semejante, y quizás mucho mayor, a la “Gran Depresión” de 1929-1933.
Se trata de un tipo de crisis inédito por su amplitud global, su profundidad, sus múltiples dimensiones (financiera, comercial, productiva, social, ideológica y política), y su previsible carácter prolongado de tres a cuatro años o más.
Los países en desarrollo entre ellos México han quedado atrapados entre una integración subordinada en la globalización y la actual crisis económica mundial. En este marco, nuestro país está condicionado a enfrentar costos y retos mayores conforme se dejen sentir con más fuerza sus efectos, y se retrase la respuesta de una amplia y firme intervención del Estado, único agente colectivo con capacidad para coordinar una respuesta acorde a las exigencias de este cambio histórico.
La construcción de un orden internacional basado en la cooperación, la regulación estatal, pero sobre todo el control del capital especulativo es una necesidad urgente. Pero como sucedió a partir de los años treinta, la emergencia de un orden institucional superior depende de la fuerza de los movimientos y luchas sociales. En este marco, el papel de la izquierda es fundamental ya que representa la única vertiente capaz de articular los elementos políticos, ideológicos y culturales que requiere la emancipación de las clases trabajadoras y de las masas excluidas de la globalización neoliberal, de su agotamiento, y que resentirán en mayor medida los efectos económicos y sociales de la crisis mundial.


2. México en el nuevo contexto internacional
México está pasando rápidamente a la situación de decrecimiento económico e inconformidad social, que pueden llevar al desencadenamiento de estallidos sociales.
Un rasgo distintivo de esta crisis es la parálisis institucional resultado de haber confiado ciegamente en un proyecto neoliberal basado en la integración económica y financiera con Estados Unidos, país que desde la era Bush se ha distanciado considerablemente del gobierno mexicano y que con la llegada de Barack Obama no se esperan cambios trascendentales a nuestro favor.
Pese a compartir una ideología conservadora, la administración Bush y el gobierno de Calderón parecieron no comprender los riesgos que se avecinaban y las consecuencias financieras, económicas, sociales y políticas que generaría la crisis mundial que se avizoraba. Si bien Barack Obama tiene mejor conciencia de tales problemas y consecuencias, ha sido evidente que no ha tomado decisiones hacia el interior de su país y al respecto al escenario internacional que estén a la altura de una situación que se agrava aceleradamente.
En una palabra, la crisis que ya se desató en México y que se niegan a ver nuestros gobernantes, tiende a tomar la forma de una crisis institucional por la incapacidad de los gobernantes y de los principales actores políticos de cobrar conciencia de la nueva realidad y tomar las medidas que la gravedad de la situación exige. Como lo hemos manifestado reiteradamente, la respuesta a esta dramática situación sólo puede provenir de la adopción de un Programa Nacional para enfrentar la crisis y para la Defensa de la Economía Popular, sustentado en el más amplio apoyo de las clases trabajadoras, las masas populares y los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionalistas.
3. Recuperación de la política exterior de México
La formulación de una nueva política exterior es tan sólo uno de los elementos que se requieren para neutralizar esta crisis institucional, pero su importancia coyuntural se ve acrecentada por el giro militarista que ha tomado la geopolítica mundial.
La recuperación de la política exterior mexicana exige ante todo un cambio de ejes, que implican trasladar el énfasis de la política nacional al fortalecimiento interno para negociar con éxito en la arena internacional. Negando esta fórmula elemental, los gobiernos de Salinas en adelante hicieron lo contrario, es decir, trataron de crear condiciones favorables a partir de acuerdos externos para de allí mejorar la situación interna. Esta estrategia rindió algunos frutos, pero vista en perspectiva y ante los retos que se avecinan puede evaluarse como fallida.
Con fortaleza interna México podría llevar adelante una política exterior que consolide su búsqueda de mejores espacios internacionales como lo han hecho China, Corea del Sur, Brasil, India y en cierta medida Chile. El reconocimiento del liderazgo internacional de México exige también un nuevo acercamiento con sus vecinos latinoamericanos para de allí derivar acuerdos diplomáticos, comerciales y culturales que sirvan de contrapeso a las tendencias más negativas que generó la globalización neoliberal y para enfrentar en mejores condiciones los graves y prolongados efectos que está provocando la crisis económica mundial.
4. México y Estados Unidos de Norteamérica
Tras una sucesión de cambios dramáticos en los Estados Unidos como fueron los escándalos corporativos, el terrorismo y actualmente la crisis económico-financiera, se ha producido un alejamiento entre ambos países que se vio también alimentado por conflictos de largo plazo que permanecieron encubiertos por la prosperidad de los noventa.
El racismo antimexicano en Estados Unidos había venido creciendo desde fines de los ochenta a medida que los inmigrantes mexicanos se convertían en la primera minoría en ese país. La crisis en el agro alimentó la migración y el tráfico de drogas se conjuntaron para dar la impresión entre los grupos conservadores de EUA de que México es la principal amenaza social para ese país. Por un tiempo pareció que el TLCAN podría haber revertido la situación anterior, generando beneficios para los grupos mayoritarios de la población de nuestro país, pero el tratado comercial sólo produjo ganancias que capitalizaron la oligarquía nacional y sus aliados transnacionales.
En síntesis, las relaciones entre México y Estados Unidos de Norteamérica se han enfriado. En particular, el TLCAN ha sido nocivo en áreas significativas de nuestro país por lo que debe revisarse, y la relación binacional debe llevarse de manera urgente a un nuevo terreno de negociación. En dicha renegociación el restablecimiento de la vocación latinoamericanista de México sería una carta que jugaría a nuestro favor.
5. Acuerdos y tratados en los principales ámbitos de las relaciones exteriores: economía, ambiente, ciencia y tecnología y derecho internacional
La tradición de los gobiernos priístas que fue en parte retomada por los gobiernos subsiguientes de Fox y Calderón consistió en privilegiar las relaciones económicas y comerciales con otros países del mundo, batiendo un record mundial por el número de acuerdos bilaterales firmados. Pero en términos de ciencia, tecnología, derecho internacional y medio ambiente hubo muy poco interés y nuestro país ha quedado francamente rezagado. Por eso en muchos sentidos México sigue siendo un país cerrado a influencias culturales y científicas del exterior, que bien podrían haberse usado para enriquecer la cultura mexicana. En el Partido del Trabajo somos de la idea de que la diversidad enriquece, por tal motivo, proponemos que los acuerdos y tratados internacionales celebrados por México tengan un contenido menos económico-comercial y más científico- cultural, para nivelar las materias en que se han concentrado nuestros tratos con los países latinoamericanos y caribeños.
De igual manera, estamos convencidos de que el principio motor que mejor contribuye a que los países avancen en el desarrollo y consolidación de sus vínculos es el de la solidaridad. De ahí que propongamos que los tratados y acuerdos en que México sea parte, sean analizados y discutidos desde la perspectiva solidaria y no sólo desde la perspectiva del costo-beneficio unilateral. Por tal motivo creemos que no es solamente cambiando de contenido los tratados y acuerdos lo que nos acercará más a nuestros países hermanos sino, sobre todo, la perspectiva solidaria desde la cual se aborden las negociaciones y los acuerdos.
6. México y América Latina
Con la integración a la economía de Norteamérica, México experimentó un fuerte alejamiento con sus vecinos de América Latina y el Caribe que sólo se vio parcialmente compensado por algunas iniciativas en materia comercial bilateral. Muchos gobiernos resintieron ese alejamiento, principalmente las naciones centroamericanas. La rivalidad con Brasil llegó a su máximo histórico en la segunda mitad de los noventa debido al choque político en torno a los espacios de integración comercial TLCAN y ALCA vs MERCOSUR. La relación con Cuba evolucionó de manera muy grave dejando un saldo de encono durante varios años, que afortunadamente se superó.
Ahora México es el vecino distante y no podrá recomponer esas relaciones con facilidad porque afronta problemas muy serios en muchos ámbitos de su política exterior, que exigen respuestas casi simultáneas. Si después de la firma del TLCAN México pareció gozar de una situación privilegiada que le permitía actuar como bisagra uniendo a las dos Américas, después se convirtió en un factor de desunión que ha complicado su reposicionamiento en el mundo.
7. Bilateralidad y multilateralidad en el nuevo contexto
Para México la bilateralidad, como se practicó durante el gobierno de Fox y al inicio de la actual administración. México debe dar un salto genuino hacia la multilateralidad apoyado en una recomposición interna que le de la fuerza que requiere para relanzar su política exterior. La clave parece estar en buscar una aproximación con todos los países de América Latina y el Caribe y que eventualmente sirva como plataforma para abrir nuevas negociaciones con EUA.
El futuro de la política exterior de México depende por lo tanto de un giro dramático en el que se trastoquen y reubiquen los elementos que la componen que ya no garantizan ganancias estratégicas. No hay posibilidades de renegociación con Estados Unidos en tanto prive la debilidad interna y la nueva relación con América Latina y el Caribe no podrá avanzar si México sigue siendo visto como un aliado incondicional de Estados Unidos.
En el giro que debe dar México en cuanto a su política exterior deben combinarse los mejores elementos de su tradición diplomática como la doctrina Estrada con un nuevo activismo basado en su tradición latinoamericanista. Su diferenciación respecto a Estados Unidos es fundamental ya que el militarismo galopante que caracterizó a la administración Bush es todavía hoy en día una grave amenaza a la estabilidad del mundo y debe ser denunciada enérgicamente. La voz exterior de México debe alzarse para demandar un orden internacional más justo, el control del capital especulativo, privilegiar el combate a la pobreza, derrotar al militarismo y reclamar mayor espacio para el desarrollo nacional que es la única vía para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.