domingo, 28 de agosto de 2011

La Historia de Miguel


Por Ana Luisa Pacheco / Dossier Politico

Dia de publicación: 2011-08-28




Como muchos jóvenes de 16 años, Miguel tiene ilusiones, rebeldías, sueños y retos. Enormes retos que toda sociedad moderna debe apoyar, sin cortapisa. Pero al parecer no todos pensamos lo mismo. Miguel Ángel cursaba el tercer semestre de bachillerato en el CBTIS #132, lo acaban de expulsar con, al parecer criterios muy limitados, por parte del director del plantel Ramón Alberto Figueroa Saucedo.
Huelo, percibo y confirmo un acto de discriminación y autoritarismo, y aunque solo obtuvimos una parte de la historia, la de Miguel y su familia, lo afirmo.
Los funcionarios directivos del CBTIS 132 no me recibieron y por tanto no pude conocer su versión, no tuvieron voluntad ya que les dejé mis números teléfonicos. Los padres de Miguel acusan al director de abuso de autoridad y homofobia, pues ellos conocieron del novel director, su prepotencia y la actitud de homofobia y discriminación hacia Miguel.
La versión de la madre y el padre de Miguel Ángel y del mismo joven Miguel, la doy a conocer este espacio, en calidad de denuncia: ellos jamás recibieron un citatorio de parte de la Dirección del plantel; nunca supieron que su hijo mostrara problemas de conducta en la escuela con sus compañeros y maestros/as; un día de la semana que está terminando, Miguel es notificado por el Profr. Felipe Villalba que acaba de quedar fuera de la escuela, es decir, fue expulsado. El Sr. Colín acude con el Director Ramón Alberto Figueroa Saucedo quien le dice que no hay marcha atrás en la decisión que el Consejo Técnico interior de la institución había tomado y plasmado en un acta; el Sr. Colín Guadarrama le pidió una copia de dicha acta a lo que el director respondió que no tenía ninguna obligación de entregársela, ya que eran documentos internos de la institución. Simplemente no hubo voluntad, ni ánimo de servicio, ni empatía de un funcionario que no tiene capacidad de entender que es muy importante que comprenda su rol como titular de una escuela media superior pública.
En cambio, recibieron del director Figueroa Saucedo gritos, golpes en la mesa con el puño cerrado y la maravillosa frase “… por mis bolas su hijo está expulsado…” y la otra expresión que lastimo profundamente a la familia fue homofóbica aduciendo preferencias sexuales que a nadie constan ni conciernen. No se puede tratar así a un joven ni a su madre y padre que angustiados por el futuro de su hijo, luchan porque continúe sus estudios. A diario leemos y observamos a través de los medios, los problemas por los que atraviesan nuestros jóvenes para salir adelante y sabemos que debemos apoyarlos desde la familia y las instituciones creadas para eso, no son excepción las escuelas oficiales. ¿Cómo es posible que un funcionario, como el director del plantel no pueda verlo así?

¿Qué tan corta es su visión, que no le importa el destino de un joven como Miguel?

No conozco al responsable de la Sub-secretría de Educación Media Superior SEMS SONORA dependiente a su vez de la SEP, ojalá que sea un funcionario con capacidad para tratar con suficientes criterios y humanismo casos como el de Miguel.

Por lo pronto Miguel ya está inscrito en una preparatoria privada que lo recibió como debe ser: con respeto, cordialidad y trato digno. Deseo que el papá y la mamá de Miguel, así como él mismo, vuelvan a encontrar tranquilidad y que la experiencia que vivió no quede sin investigar y atender. Ellos como todas las familias y los seres humanos merecen ser felices. Ésa es nuestra misión en esta vida, ¿no?
Más ciudadanía y menos drama-partidos
He afirmado, en espacios públicos a los que he accedido, que es una pena que los partidos políticos se hayan apoderado de organismos ciudadanos fundados para la construcción de una democracia sin adjetivos –como diría alguna vez el historiador Enrique Krauze-.
Que el CEE en Sonora este plagado de panistas y que la Alianza Pri-Panal-Convergencia y el Verde Ecologista estén denunciándolo, no es lo relevante; lo relevante es que ninguno de estos institutos políticos tengan la convicción democrática como para respetar a este organismo, dándole el nivel de autoridad moral y ética, como para que regule y resguarde solventemente los procesos electorales.

La ciudadanía sabemos de antemano que lo que hoy hace el PAN con la supuesta autoridad electoral del Estado, lo hizo el PRI en su momento, y si vuelve a estarlo, lo volvería hacer; lo mismo el PRD o el Ecologista. Todos intentan asegurar su permanencia en el poder, para provecho propio y los de “la cargada”, como dirían en otros tiempos. Son muchos los intereses políticos creados en cada proceso electoral - traen grandes ventajas económicas al grupo en el poder-, que desean fervientemente perpetuarse y seguir saboreando las mieles, aunque a los demás “nos lleve la tristeza”. Dicen los cánones, que una transición democrática es un período de aprendizaje para toda la ciudadanía. Porqué en lugar de tanto dramatismo y boletines y comunicados como estrategia mediática, los hoy partidos políticos en la oposición, se unen para hacer posible junto con la ciudadanía, la construcción de contrapesos y equilibrios. Solamente tendrían que trabajar con quienes ya forman su tejido social y empezar la tarea de formación ciudadana. Tendríamos que cuidarle las manos –como diría Clouthier-, a quienes detenten hoy el poder. Seguro se sumarían muchas OSC’s que trabajan sobre derechos políticos ¡innoven por favor!
analavoz@hotmail.com

sábado, 27 de agosto de 2011

Alumno ‘afectado’ por Facebook

Lo expulsan por referirse a una profesora con palabras groseras en esa red

Por Perla J. Noriega perla.noriega@expreso.com.mx Luego de una serie de declaraciones y fotografías publicadas en una red social (Facebook), un joven estudiante de preparatoria en Hermosillo, Sonora, fue expulsado, pues el Consejo Técnico interior de la institución así lo determinó.

Se trata de “Juan”, de 16 años, quien en su página de Facebook hizo referencia a una profesora con palabras consideradas como groseras, aunque sin mencionar el nombre de la docente. Además, las autoridades lo acusan de haber hecho mal uso del inmobiliario del plantel, pues en una foto, en la misma red social, se le observa sobre un escritorio de una de las aulas.

En un principio se manejó que el motivo de la expulsión fue por la supuesta homosexualidad de “Juan”, pero las autoridades del CBTIS #132 negaron que esa haya sido la causa, sino que afi rmaron fue por violaciones a dos artículos del Reglamento Interno de la institución.

Por su parte, el subsecretario de Educación Media Superior de la SEC, Vicente Pacheco, afi rmó que un comité interno puede llegar a la expulsión en cuestiones delicadas, como la venta de drogas, pero que en el caso del joven no son motivos sufi cientes.

INSISTE EL PRD EN QUE SE OTORGUE TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES, ADULTOS MAYORES Y DISCAPASITADOS


INSISTE EL PRD EN QUE SE OTORGUE TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDIANTES, ADULTOS MAYORES Y DISCAPASITADOS
de Jose Guzman Lopez, el Sábado, 27 de agosto de 2011, 9:30
Transporte gratuito a estudiantes sera decisión del Estado: PRD
Jueves, 18 de Agosto de 2011 08:47 | Escrito por primera
Noticias de Primera



Por Miguel Leyva Guerrero
Guaymas, Son.- No será decisión de los concesionarios del servicio público de transporte urbano, los que decidan otorgar o no, la tarifa cero a estudiantes de Guaymas y Empalme, sino del Gobierno del Estado, expuso el Comité Municipal del PRD.
José Guzmán López, dirigente local de este instituto político, subrayó que las inversiones y los esquemas financieros, además de la logística que se aplicará para beneficiar a los estudiantes está totalmente en las manos del Gobierno del Estado, por lo que la postura de su partido es que se aplique esta disposición de manera transparente e inmediata y, se establezca una rígida supervisión de estos recursos públicos destinados a beneficiar de manera directa a la niñez y juventud de la región.
"Nuestra postura, como PRD, no es de enfrentamiento y choque con los concesionarios del servicio público de transporte urbano en la región, sino de coordinación para exigirle al Gobierno del Estado, el mecanismo que se va a aplicar a partir de la próxima semana, para que todos los estudiantes sonorenses reciban este beneficio", expone el dirigente del sol azteca.
Por ello, el PRD está convocando los usuarios del servicio de transporte urbano en Guaymas y Empalme y a todas las organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y partidos políticos, para participar activamente en las pláticas encaminadas a concretar la prestación del servicio gratuito a estudiantes, a la que se agregarían las personas de la tercera edad y discapacitados.

viernes, 26 de agosto de 2011

PRD HERMOSILLO CONDENA DESALOJO EN INVASIÓN GUAYACAN


BOLETIN DE PRENSA
A los medios de comunicación:
El PRD en Hermosillo se suma al llamado hecho por el grupo parlamentario en el Congreso del Estado del PRD para que las autoridades usen a los cuerpos policiacos para proteger a la población en general de la delincuencia y no para desalojar a familias de escasos recursos,.
Expresamos nuestra más enérgica protesta por el violento desalojo de sus viviendas de cientos de familias humildes en el predio el Guayacan II de esta ciudad capital.
Indigna saber que más de 400 elementos policiacos estatales y municipales, así como personal y maquinaria de servicios públicos municipales en horas de la madrugada tumbaron las viviendas de estas familias, las que perdieron muchas de sus pertenencias además de sus casas.
Los testimonios de las personas afectadas que fueron levantadas en la madrugada, las imágenes desgarradoras de niños llorosos, aterrados y aferrados a sus juguetes, ancianos y mujeres indefensas que fueron despojados de lo poco que tienen para vivir y medio protegerse de los inclementes calores nos muestran el rostro insensible de una autoridad municipal y estatal que con el argumento del respeto al estado de derecho actúan con prepotencia y pisotean a la población más desprotegida, apuntó.
Nos sumamos a la exigencia que el Gobierno del Estado y el Municipio apoyen con un terreno a las familias que lo soliciten y que demuestren que realmente lo necesitan, a las que están en alguna invasión y las que no están invadiendo pero que también necesitan una vivienda. Es necesario aplicar sanciones a los acaparadores y latifundistas urbanos que tienen terrenos en el casco urbano llenos de maleza, sin pagar ningún impuesto y esos espacios se convierten en refugios de malvivientes. La pregunta es: ¿Por qué no se aplica el estado de derecho en esos casos?”

ATENTAMENTE
DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS
SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA PRD HERMOSILLO

jueves, 25 de agosto de 2011

Miguel Colin expulsado del CBTIS 132, por su facebook y por que le dicen jotito

Padres piden echar al director del plantel por "raxcista y homofóbico"; ya interpusieron queja ante la SEC y CEDH...
Expulsan a estudiante del CBTIS 132... "por jotito"
Basándose en un comentario de una amiga a través del Facebook, quien lo llamó "Jotito", Miguel Ángel Colín Palma, de 16 años, fue expulsado del plantel Cbtis 132, ya que el director del plantel, Ramón Alberto Figueroa Saucedo, sostuvo que basándose en una conversación en las redes sociales, el menor era Joto y eso viola el Reglamento Escolar"... Mi hijo no es homosexual y aunque lo fuera, no es razón para que lo expulsen de la escuela", expresó el padre del menor.
Por Ivanova De los Reyes / Dossier Politico

Dia de publicación: 2011-08-25


Supuestamente porque una compañera lo llamó "Jotito" cuando conversaban a través de una red social, por quejarse de unos trabajos que tenía que presentar y no contaba con el libro para hacerlo, un adolescente fue expulsado del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) #132, ya que de acuerdo al criterio de Ramón Alberto Figueroa Saucedo, director del plantel y al Reglamento Escolar, las personas homosexuales no tienen derecho a estudiar.

Miguel Ángel Colín Palma de 16 años, cursaba el tercer semestre de bachillerato T/M, cuando fue expulsado del plantel, al parecer por una conversación que sostuvo con compañeros y amigos el semestre anterior y en temporada vacacional. Figueroa Saucedo, quien asumió su cargo como director del plantel el día 23 de agosto pasado, baso su decisión en datos fuera de fecha, ya que la conversación en la red social contenía fechas de los meses de Abril y Mayo pasado, y horarios que no coinciden con el calendario escolar, ni con el semestre en curso.

Entra con "todo colmillo" nuevo director

Miguel Colín Guadarrama y Gloria Palma Palma, padres de Miguel Ángel, denunciaron a Dossier Politico que el pasado 23 de agosto a las nueve de la mañana, su hijo fue sacado del salón de clases (B2) y del plantel por parte del Coordinador de la Institución a quien solo conoce por "Felipe", argumentando que estaba suspendido y que se presentara con sus padres al día siguiente.

Los denunciantes relataron que al entrevistarse con el director, este les informó que su hijo causó baja definitiva del plantel, y al preguntarle la causa, éste les aventó unos papeles sobre el escritorio y les dijo "vea esto" eran copias de una conversación a través de una red social (Facebook), sin embargo, al revisarlas y diferir de su decisión, Figueroa Saucedo, les recalcó en las hojas, una línea donde una compañera llamó al estudiante "Joto" por quejarse sobre una materia.

"Que no lée lo que ahí dice, que su hijo es joto", citó el padre del joven las palabras del director... "Mi hijo no es joto y si lo fuera en que le afecta a él o a la institución", le dije, a lo cual el me contestó que él era el director y que hacía lo que él creía conveniente...

Posteriormente le mencionó que anteriormente habían tenido problemas con un maestro que acosaba a su hijo y le mandaba correos ofensivos, y que la institución no hizo nada al respecto, y el señor director le contestó que lo pasado antes de que él haya tomado ese cargo no le interesaba.

Pero al referirle que tampoco le competía la conversación entre su hijo y otros jóvenes en las redes sociales, por ser fuera de fecha, ya que esos papeles llegaron a sus manos en día 19 de agosto y el tomó posesión del cargo de director el día 23, a lo que respondió con tono prepotente y manoteando el escritorio, "Por mis bolas, tu hijo está expulsado".

Por su parte, Miguel Ángel, quien cursaba el tercer semestre, aula "A", en la especialidad de Construcción, manifestó a la reportera de Dossier Politico que sin alguna explicación, fue sacado del salón en horario de clases y al preguntarle al Coordinador de nombre Felipe cual era el motivo, le respondió que estaba suspendido "por rockerito" y le dijo que no ingresaría nuevamente al plantel si no venía acompañado de sus padres.

Al día siguiente (24 de agosto) fui con mi papá y el director nos dijo que ya estaba expulsado, basándose en una conversación vía Facebook, donde una compañera me llamó "Jotito", en referencia por haberme quejado de unos trabajos que tenía que hacer, pero las copias que el director le aventó a mi papá de la conversación fue "manipulada", porque retomaron datos de otras pláticas que tuve con unos compañeros y las unieron, ya que aclaró "la conversación con que se justificó el director, están fechadas de Abril y Mayo y con diferentes horarios.

"Yo le dije, que si me expulsaba porque entendía por ofensa lo de la Red Social (Facebook), entonces que viera las redes sociales de todos los alumnos y la escuela se quedaría completamente vacía" y le dijo que me callara, que la decisión ya estaba tomada", comentó.

El padre del adolescente, mencionó que el director admitió no saber usar las redes sociales a lo cual cuestionó ¿Entonces como comprende o interpreta las abreviaturas que ahí se escriben y se toma las cosas de manera personal, si no hacen mención de nombres de maestros, grupos o planteles?

¿Además, quien le proporcionó esas copias?... "Porque si el no sabe usar las redes sociales, alguien tuvo que pasarle esas hojas donde también muestran a mi hijo parado encima de un escritorio, pero tampoco pueden asegurar que haya sido tomada en su salón en dicho plantel, o sean de la secundaria, la foto no contiene la pues no señala el día, la hora, ni el lugar.

Señalaron que al parecer la expulsión de su hijo, fue una excusa para acomodar a otro joven "recomendado", y necesitaban abrir un espacio en la escuela para ello, por lo que se basaron en una conversación en las redes sociales para hacerlo.

En ninguna parte del reglamento escolar, estipula que un estudiante puede ser expulsado de la escuela, por un comentario en una Red Social o su sexualidad, reiteró el señor Colín Guadarrama, padre del adolescente afectado, "mi hijo no es homosexual y aunque lo fuera, no es razón para que lo expulsen de la escuela.

Interponen queja ante la SEC y CEDH

Los quejosos acudieron al plantel CBTIS 132, donde hicieron entrega de un documento en el Departamento de Servicios Escolares, solicitando se deje sin efecto la notificación de expulsión de su hijo Miguel Ángel, en virtud de que no contiene los elementos jurídicos necesarios apegados a la Constitución Política para hacerlo.

Asimismo, entregaron un escrito ante la SEC, dirigido al Maestro Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura, y otro más, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por violar las garantías individuales de Miguel Ángel Colín Palma y negarle su derecho constitucional a recibir educación.

"Lo único que pedimos es el reingreso de mi hijo a la escuela, no importa si es en otro plantel, porque no tenía por qué haber sido expulsado del Cbtis 132 y exigimos una disculpa pública por parte del señor Ramón Alberto Figueroa Saucedo, por dañar la reputación de mi hijo y sea destituido de su cargo, por ser demasiado "Racista y Homofóbico", para ocupar el cargo de director de un plantel educativo, compuesto por dos mil 400 adolescentes", expresó la madre del menor expulsado.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Dan ultimátum al gobernador RT por favor

Dan ultimátum al gobernador

Deberá ordenar que se suspenda la construcción del acueducto Independencia en un plazo de 24 horas

Staff de Redacción
TRIBUNA
Un plazo de 24 horas otorgó el Juzgado Octavo de Distrito al Consejo Directivo del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, que preside el gobernador Guillermo Padrés Elías, para que suspenda la construcción del acueducto Independencia.
En el oficio 6483-A y el 6484-A dirigidos a Enrique Alfonso Martínez Preciado en su carácter de coordinador general del Fondo de Operación de Obras Sonora SI y al Consejo Directivo de dicho fondo, se ratifica el desacato dictado tanto por ese juzgado federal como por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, derivado del juicio de amparo 865/2010-II promovido por la Asociación de Usuarios productores agrícolas de la sección de riego 4-P-4 del canal principal bajo del Distrito de Riego 041 del Río Yaqui.
Ante ello, se requiere al gobernador Padrés Elías, como superior jerárquico de Enrique Martínez Preciado, para que en un plazo de 24 horas, luego de recibida la notificación, lo obligue a cumplir con lo ordenado y resuelto por el Juzgado Octavo de Distrito y se advierte que de no hacerlo en el término concedido, el mandatario estatal incurrirá en responsabilidad, de tal forma que también caerá en desacato.
“Se requiere a su superior jerárquico, que en su caso es el Consejo Directivo del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 6 del decreto por el que se creó ese organismo, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el tres de junio del 2010, para que por su conducto y dentro del término de 24 horas lo obligue (a Enrique Martínez Preciado) a cumplir con lo ordenado en la resolución que decretó el desacato a la suspensión provisional por parte de ese Fondo, apercibido que de no hacerlo así dentro del término concedido, incurrirá el superior jerárquico en responsabilidad en los mismos términos que la autoridad responsable señalada, atento a lo que dispone el artículo 107 de la Ley de Amparo”, establece el citado acuerdo emanado del Juzgado Octavo de Distrito con fecha del 22 de agosto del 2011.
El presidente del Distrito de Riego, Aquiles Souque Brito, comentó que ya es cuestión de días para que se cumpla la suspensión provisional de la construcción del Acueducto, misma que se estaba esperando desde marzo de este mismo año y que ya sólo es cuestión de trámite para que se detenga el avance del mismo.

Demandan ONG legalizar el aborto en todo el país


Demandan ONG legalizar el aborto en todo el país
En tres años, la ley que permite la interrupción del embarazo en el DF ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, señalaron.

Fernando Camacho Servín
Publicado: 24/08/2011 16:06

México, DF. A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas de gestación, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, lo que demuestra la necesidad de implementar legislaciones iguales en el resto del país.

Tal fue la demanda que planteó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser), durante un acto político-cultural realizado frente al Hemiciclo a Juárez, donde reiteró la necesidad de defender al Estado laico y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Luego de presentar una obra de teatro en el que la "maga libertaria" hizo un recorrido por los 40 años de lucha feminista para garantizar la potestad de las mujeres sobre su sexualidad y maternidad -en contra de los designios de la Iglesia y otros grupos conservadores-, las activistas refrendaron su exigencia de que el aborto se despenalice en todo el país, y no sólo en la capital.

Nadxieelii Carranco, integrante de ddeser en el estado de Morelos, subrayó que el aborto es un problema de salud pública y llamó a las mujeres a empoderarse y exigir sus derechos, sobre todo en los 17 estados que aprobaron reformas antiabortistas en respuesta a la despenalización de dicha práctica en la ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el 24 de abril de 2007.

Esa ola de criminalización, señaló, ha provocado que miles de mujeres de los estados de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Morelos, entre otros, acudan a la capital del país a practicarse abortos seguros, lo que las vuelve "ciudadanas de segunda" en sus entidades de origen, donde se les considera "menos importantes que un óvulo fecundado".

Ruth Miranda, activista de la Red en el estado de México -de donde proviene 22 por ciento de las mujeres que abortan en el Distrito Federal-, lamentó que los límites territoriales signifiquen también límites de derechos, y por ello exigió la homologación en todo el país de las leyes que permiten la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.

Por su parte, Julia Cervantes, de Querétaro, denunció que en casi todo el país los derechos de un óvulo fecundado pesan más que los de mujeres concretas con vidas concretas, y advirtió que mientras el gobierno mexicano no brinde educación sexual laica y científica, no promueva una relación equitativa entre hombres y mujeres ni garantice un abasto suficiente de anticonceptivos, miles de mujeres seguirán abortando, "porque no somos máquinas de reproducción".

Natali Hernández, de Puebla, alertó que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en dicha entidad han muerto casi 22 mil mujeres entre 2000 y 2006 por abortos mal practicados, y en la actualidad hay 30 personas con procesos legales en contra por interrumpir su embarazo - la mayoría provenientes de municipios marginados-, entre ellas una niña de 12 años.

Adriana Jiménez, coordinadora nacional de ddeser, apuntó finalmente que en la ciudad de México hay un gobierno "progresista y libertario" cuyas decisiones han salvado la vida de más de 60 mil mujeres, y reiteró su petición de que en el resto del país se garantice el derecho a abortar de forma segura.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/08/24/16620655-demandan-ong-legalizar-el-aborto-en-todo-el-pais

Necesario, aplicar legislaciones similares en el país para despenalizar el aborto: ONG

A tres años de que la SCJN ratificó la constitucionalidad en el DF de la interrupción del embarazo, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, indicó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

Fernando Camacho
Publicado: 24/08/2011 18:01

México, DF. A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificara la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas de gestación, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, lo que demuestra la necesidad de implementar legislaciones iguales en el resto del país.

Tal fue la demanda que planteó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), durante un acto político-cultural realizado frente al Hemiciclo a Juárez, donde se reiteró la necesidad de defender al Estado laico y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/08/24/18149917-se-requiere-legalizar-aborto-en-todo-el-pais-ong
PUBLICADO POR MUJERES SONORENSES POR EL DERECHO A DECIDIR EN 18:31
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ETIQUETAS: ABORTO, CIUDADANÍA, DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, POR

Quieres interrumpir legalmente tu embarazo y necesitas ayuda?

Quieres interrumpir legalmente tu embarazo y necesitas ayuda?
MARIA te apoya y te acompaña

El Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA fue creado con los objetivos de:

> Dar apoyo financiero a mujeres que no cuentan con suficientes recursos para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles en el Distrito Federal.

> Dar acompañamiento a las mujeres que reciben el apoyo financiero y que así lo soliciten.

> Incrementar la conciencia sobre el derecho de las mujeres al aborto legal en nuestro país.

> Fortalecer relaciones solidarias entre mujeres que creen y defienden el derecho de otras mujeres al aborto legal.


En México, la desigualdad económica coloca en situación de vulnerabilidad a las mujeres que viven en áreas marginadas de las grandes ciudades y en zonas rurales.

El Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA: Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento se constituyó en la Ciudad de México, es integrante de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos (NNAF) y está comprometido con el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo.

Si bien la interrupción legal del embarazo está permitida en todos los estados del país bajo ciertas causales, solo en el Distrito Federal está permitida libremente hasta las 12 semanas de gestación. Las mujeres que viven en los estados de la República en donde la interrupción del embarazo es restringida e inaccesible tienen la opción de venir al Distrito Federal para ejercer este derecho. Sin embargo, sabemos que no todas las mujeres cuentan con los recursos económicos para hacer este viaje y pagar los gastos correspondientes.
Para recibir apoyo

Si quieres interrumpir tu embarazo pero no cuentas con los recursos para venir al D.F. para hacerlo de manera segura y legal, pedimos llenar nuestra Solicitud de Apoyo (click aquí) o que nos llames al 01800 8327311 ó 5243·5054 para determinar tus necesidades y deseos para la interrupción. También nos puedes escribir a maria.balance@gmail.com

La Ley en el Distrito Federal Acerca del Aborto

El 24 de abril del 2007, la ALDF aprobó la reforma de ley que despenaliza el aborto hasta la semana doce de gestación. Lo que significa que en el Distrito Federal ahora:

La interrupción del embarazo es legal a libre demanda de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.

Se reconoce que castigar con cárcel a las mujeres que realizan una interrupción del embarazo es una medida que no resuelve el problema.

Las instituciones públicas de salud del gobierno del Distrito Federal atenderán las solicitudes de aborto. La atención a la salud sexual y reproductiva tiene carácter prioritario.
El gobierno del DF promoverá políticas integrales tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes y jóvenes.

Las mujeres tienen la posibilidad de ejercer su derecho a una maternidad voluntaria y al mismo tiempo garantizar su derecho a la vida, a la salud y al bienestar integral.

El 28 de agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de las reformas que despenalizan la interrupción del embarazo en el Distrito Federal antes de la semana 12 de embarazo. Esto significa que en el D.F., interrumpir un embarazo a libre demanda de la mujer es legal bajo el amparo de nuestra Constitución Política.

¿Qué pasos hay que seguir para acceder a un aborto legal en el D.F.?

Dentro de las primeras 12 semanas, la interrupción del embarazo es un servicio médico al que tienes derecho. Si vives en el D.F. el servicio es gratuito. Se necesita seguir los siguientes pasos:


1. Acudir a solicitar el servicio al Módulo de Atención Ciudadana ubicado dentro de alguno de los hospitales designados, con la siguiente documentación: copia de tu identificación oficial (credencial de lector o pasaporte), comprobante de domicilio y si los tienes, estudios o análisis que te hayas realizado y que demuestren el tiempo de embarazo que tienes.
2. Si eres menor de edad, ir acompañada de tu padre, madre, tutor o representante legal, quienes también deberán llevar una identificación.
3. Llenar un formato que te entregarán en el hospital, en el cual solicitarás el servicio.
4. El personal del hospital dará información sobre las opciones y sobre los procedimientos que serán utilizados. Esta información no deberá tener por objeto inducir o retrasar la decisión.
5. Después de recibir toda la información, se firma un formato de 'Consentimiento informado para la Interrupción Legal del Embarazo'.
6. La interrupción se programará para que la realice un gineco-obstetra o médico cirujano, en un plazo no mayor de cinco días, tal como lo establece la ley.
7. Es importante que el día del procedimiento, se acuda acompañada por alguna persona a la que se señalará como la única a la que podrán proporcionarle información.
8. Una vez realizado el procedimiento, el personal de salud brindará información sobre las opciones anticonceptivas y ayudará a decidir cuál es el mejor método.


Recuerda que la ley también reconoce tu derecho a interrumpir un embarazo después de las 12 semanas si:
El embarazo es resultado de una violación
El embarazo pone en riesgo tu salud o tu vida
El producto presenta malformaciones genéticas o congénitas graves

Si tienes preguntas o dudas sobre el procedimiento llama a Locatel: 56 58 11 11, o a la Secretaría de Salud del D.F. 5740-8017.

Para consultar la lista de hospitales que prestan servicios de interrupción legal del embarazo consulta www.andar.org.mx (click aquí )

Mayores informes 01800-8327-311 | Tel. en el D.F. 5243·5054 | e-mail: maria.balance@gmail.com

Sr Ángel Verdugo.



He escuchado su penosa intervención en el programa de Grupo Imagen, Reporte 98.5. Soy ciclista urbano desde hace unos cuatro o cinco años y me parece terrible lo que usted dice.

Por principio de cuentas no hacemos más daño que su coche, estoy seguro. Las bicicletas, particulares o públicas, han solucionado el problema de movilidad de muchos ciudadanos, y han mejorado la calidad de vida de todos ellos. Además, tenemos el mismo derecho a la calle que los automovilistas y que cualquier ciudadano, la calle es de todos.

Considero que es una irresponsabilidad profesional utilizar su espacio para promover la violencia, pero su profesionalismo me importa muy poco. Me preocupa más bien su auditorio, seguramente sorprendido por sus absurdas peticiones y además mal informado. Nuestras bicicletas son nuestro medio de transporte, no un juguete de fin de semana, es una manera de movernos mucho más amable con la ciudad que su Peugeot206. No somos una plaga como usted nos llama, somos una solución a la movilidad que esta ciudad requiere para que todos vivamos mejor.

Seguramente usted nunca habrá tomado una ecobici y comprobado su utilidad, seguramente tampoco tendrá cerca a alguien que le demuestre todos los días que moverse en bicicleta es la mejor respuesta a miles de recorridos en el Distrito Federal.

Además, si sabe usted que es una medida del Gobierno del DF en conjunto con otras instancias para mejorar nuestro entorno, y que en muchos lugares del mundo ha funcionado de manera sobresaliente, ¿cuál es el afán de destruir? ¿no deberíamos más bien estar pensando en construir juntos una sociedad más responsable?¿una mejor ciudad?¿una ciudad deseable y posible?

Es usted un irresponsable, que ha hecho uso del espacio que la radio le ofrece para decir una sarta de tonterías sin fundamento, es un irresponsable, porque no puede usted juzgar un sistema si no lo conoce. Por comunicadores como usted, insisto, estamos mal informados.

Deberían ustedes, desde sus oficinas de Grupo Imagen, en una zona privilegiada de México, asomarse por la puerta y repensar lo que propone. Polanco ha ganado mucho con la gente que circula por ahí, mucho más que los autos que nos han degradado desde hace tanto tiempo.

No imagino una ciudad sin ciclistas, sin panaderos con canasta, sin verduleros en su bici, taqueros que recorren kilómetros al día moviendo la sociedad, sacudiéndola de telarañas retrógradas como la que estará en la silla de su coche. Tantos oficios que gracias a la bicicleta funcionan. Es usted un irresponsable, pero de los irresponsables que más daño hacen, porque tiene además un micrófono en las tardes.

La bicicleta es, para quienes la usamos como medio de transporte, una demanda a la ciudad, una demanda para vivir mejor, una demanda para exigir un orden vial que tome en cuenta una opción limpia, amigable con el entorno y sobre todo práctica. O ¿acaso no ha notado que hay muchos coches en la ciudad? Estoy seguro que sí, tal vez por eso llegó de malas al programa; la próxima vez, llegue en bicicleta.

Fernando Ituarte

martes, 23 de agosto de 2011


COMUNICADO
EN DÍAS PASADOS EL PRD MUNICIPAL ENTREGO EN TOTAL 80 PAQUETES ESCOLARES A ESTUDIANTES QUE LOS NECESITABAN.
PARA NOSOTROS ES GRATO CONTRIBUIR CON UN GRANITO DE ARENA PARA CONSTRUIR UN SANTA ANA MEJOR.
UN SALUDO Y GRACIAS POR EL APOYO A TODOS LOS QUE LO HICIERON POSIBLE.
SEGUIREMOS TRABAJANDO
MTRO. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CORONA
PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PRD

Debe Gobernador detener obra o estará en delito: CTDA



de Movimiento Ciudadano Agua Comunicación, el Martes, 23 de agosto de 2011, 20:00
by Mago23. agosto 2011 FOROSON
Una vez agotadas las discusiones que hizo el Gobierno del Estado mediante un recurso de queja que fue declarado infundado por unanimidad de los Magistrados del Tercer Tibunal Colegiado en Materias penal y Administrativa del Quinto Circuito, ahora el Juzgado Octavo Federal le ordena al Gobernador Guillermo Padrés que detenga la Construcción del Acueducto en 24 horas a partir de que reciba el apercibimiento, declararon los miembros del Consejo Técnico de la Defensa del Agua (CTDA)
Y si antes la orden del Juzgado Octavo incluía al Coordinador General de Operaciones del Fondo de Operaciones del “Sonora Sí”, ahora la orden se le da al Superior Jerárquico que en este caso viene a ser el Presidente del Consejo Directivo, es decir, el Gobernador del Estado de Sonora, bajo la pena de que si no ordena la Suspensión del Acueducto, incurrirá de lleno en el mismo desacato que Enrique Martínez Preciado y ya no existe otra instancia más en donde quejarse.
Los abogados que llevan el caso a favor del Módulo 4P4, aclaran que las 24 horas serán a partir de que sea notificado el Gobierno del Estado y por lo mismo pueden alargarse unos días para que se finque el desacato.
El Consejo Técnico en Defensa del Agua, es muy claro al precisar que una vez cumplida la notificación, no existe otra opción posible para no cumplir con lo estipulado por el Juzgado Federal, por lo cual y de ser así, lo único que restaría será instrucción para que sea la fuerza Pública quien lo detenga.
El Presidente del Distrito de Riego, Aquiles Souque Brito, comentó que ya es cuestión de días para que se cumpla la Suspensión provisional de la construcción del Acueducto, misma que estaba esperando desde marzo de este mismo año y que ya solo es cuestión de trámite para que se detenga el avance del mismo.

lunes, 22 de agosto de 2011

EXIGIMOS TRANSPORTE GRATUITO PARA ESTUDIANTES, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS EN SONORA


LA DECISION ESTA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO,NO ENLOS CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE: PRD


Aplicación transparente del recurso de beneficio a los estudiantes de Guaymas y Empalme

No será decisión de los concesionarios del servicio público de transporte urbano, los que decidan otorgar o no, la tarifa cero a estudiantes de Guaymas y Empalme, sino del Gobierno del Estado.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) saluda la actitud respetuosa de los empresarios transportistas, al proponer una mesa de diálogo entre autoridades estatales y municipales, y concesionarios, a la que le agregaríamos las organizaciones sociales de usuarios, organismos no gubernamentales y partidos políticos de la región.

Desde un principio, cuando el gobernador Guillermo Padrés Elías anunció el transporte gratuito a todos los estudiantes sonorenses, y únicamente se hablaba de Hermosillo, ciudad Obregón y Navojoa, por lo que el Partido de la Revolución Democrática denunció el trato discriminatorio e inequitativo hacia los estudiantes de Guaymas y Empalme, por lo que se levantó esta lucha por el trato igualitario para todos los estudiantes de Sonora.

Nuestra postura, como PRD, no es de enfrentamiento y choque con los concesionarios del servicio público de transporte urbano en la región, sino de coordinación para exigirle al Gobierno del Estado, el mecanismo que se va a aplicar a partir de la próxima semana, para que todos los estudiantes sonorenses reciban este beneficio.

Las inversiones y los esquemas financieros, además de la logística que se aplicará para beneficiar a los estudiantes de Guaymas y Empalme, está totalmente en las manos del Gobierno del Estado, por lo que nuestra postura es de que se aplique de manera transparente e inmediata y, se establezca una rígida supervisión de estos recursos públicos destinados a beneficiar de manera directa a la niñez y juventud estudiosa de la región.

A través de este conducto, estamos convocando a los usuarios del servicio de transporte urbano en Guaymas y Empalme y a todas las organizaciones sociales, organismos no gubernamentales y partidos políticos, para participar activamente en las pláticas encaminadas a concretar la prestación del servicio gratuito a estudiantes, a la que agregaríamos, a las personas de la tercera edad y discapacitados.


A T E N T A M E N T E
DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS

JOSE GUZMAN LOPEZ GONZALEZ
PRESIDENTE PRD GUAYMAS

Dirigentes y militantes del PRD Hermosillo se deslinda de publicación en el imparcial


Hermosillo, Sonora, a 22 de agosto de 2011
LOS ABAJO FIRMANTES DIRIGENTES Y MILITANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRACIA EN HERMOSILLO Y;

CONSIDERANDO:
1.- Que el PRD sirve al pueblo mexicano, y se propone atender sus necesidades materiales y culturales, en particular se compromete con obreros, campesinos, mujeres, adultos mayores, sectores marginados, pueblos originarios, jóvenes, afrodescendientes, empresarios nacionalistas, personas con orientación sexual diversa y las clases medias, así como de tantas y tantos mexicanos que sufren la desigualdad, la opresión y la exclusión, que van adquiriendo conciencia de la necesaria transformación en nuestra sociedad.
2.- Que el PRD promueve de manera permanente condiciones de equidad de género en todas las esferas de la sociedad en que se manifiestan relaciones de poder, que atentan contra la dignidad de las mujeres.
MANIFESTAMOS:
Nuestra reprobación y rechazo a la publicación MISOGINA y MACHISTA hecha por el Presidente del PRD en Hermosillo Benjamín Hurtado Aguirre, en contra de la C. Lorenia Valle Sampedro en el Periódico Imparcial, sobre todo, que hasta hoy al presidente del partido para nada le han interesado las luchas sociales de los Hermosillenses y tampoco los adelantos de campaña electoral de los partidos PRI y PAN.
Sólo hasta que apareció la compañera C. Lorenia Valle Sampedro, manifestando su parecer sobre temas de importancia de la comunidad, sin tintes electorales, le interesa el Partido a Benjamín Hurtado Aguirre, quien en nada ha abonado al fortalecimiento del PRD.
Recordemos como con lujo de violencia institucional intento acallar la voz del secretario general del PRD municipal de Hermosillo Martin Matrecitos Flores, por hablar a favor de las luchas más sentidas de los Hermosillenses.
Lo que debería hacer Benjamín Hurtado Aguirre es RENUNCIAR a su cargo en el Partido por no compartir los ideales de izquierda y si los de la derecha.
ATENTAMENTE
C. GABRIELA GARATACHIA COLIN
SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA PRD MUNICIPAL HERMOSILLO
C. ZAIRA BERENICE GARCIA
SECRETARIA DE EQUIDAD Y GÈNERO PRD MUNICIPAL HERMOSILLO
C. JOSE LUIS HOYOS GAMEZ
SECRETARIO DE FINANZAS DEL PRD MUNICIPAL HERMOSILLO


C. OSCAR RENE RIOS OCHOA
SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES

C. JESUS YANES
COMISION DE VIGILANCIA

C. MIGUEL ANGEL HARO MORENO
MILITANTES PRD HERMOSILLO

viernes, 19 de agosto de 2011

EXIGE PRD HERMOSILLO: SOLUCIÓN DEFINITIVA AL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD


Hermosillo, Sonora, a 19 de agosto de 2011
BOLETIN DE PRENSA PRD HERMOSILLO

Hermosillo, Sonora, a 19 de agosto de 2011
BOLETIN DE PRENSA PRD HERMOSILLO


A los medios de comunicación:
El Partido de la Revolución Democrática en Hermosillo, exige y reclama una solución definitiva al deficiente servicio de transporte público en la ciudad, basta ya de simulación, basta ya de que siempre sean las personas que menos tienen en este caso los usuarios de dicho servicio los que paguen los platos rotos de la falta de pericia y compromiso de las autoridades.
Todos los días y en la mayoría de los medios de comunicación se escuchan los reclamos de la gente, de que el camión esta en mal estado, que no pasa a tiempo, que no hay feria, que se salen de la ruta y en fin un sin número de quejas que no tienen solución por ningún nivel de gobierno.
El transporte público es un servicio de primera necesidad que debe ser de clase mundial, que debe tener la premisa de satisfacer al usuario antes que al concesionario, antes como antes y hoy como ahora el transporte es una miseria es una burla constante y sistemática al Pueblo.
Ya basta de tener oídos sordos y conciencia tranquila por parte de los encargados de el transporte, para con la población más urgida, la gente no aguanta, a lo mejor lo que les satisface a las autoridades es el reclamo en las calles y poniéndolos en evidencia para que solucionen los problemas.
La aplicación del Programa Bus Sonora parece que copio las grandes fallas del SUBA y sumo las propias, quieren seguir viviendo en el pasado para perjuicio de todas y todos,


ATENTAMENTE
¡Democracia ya, patria para todas!

SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PRD HERMOSILLO


viernes, 12 de agosto de 2011

PRD HERMOSILLO: CONDENA LOS CRIMENES DE ODIO


Hermosillo, Sonora a 12 de agosto de 2011



BOLETIN DE PRENSA
A los medios de comunicación:

El PRD Hermosillo se suma a la condena que manifiesta el PRD nacional en contra de los crímenes de odio, de manera muy particular al del compañero CHRISTIAN IVÁN SÁNCHEZ VENANCIO, quien fuera miembro de la Comisión de la Diversidad Sexual del PRD DF, es imperativo que en todo el país se desaparezcan los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, y transfobia, pedimos se dé un alto a la impunidad en este tipo de crímenes.

Necesitamos que estos crímenes dejen de ser desestimados por las autoridades, la policía y los Ministerios Públicos como "crímenes pasionales entre homosexuales", pedimos que se investiguen como crímenes de odio y se le dé la tipificación de Crimen de Odio con lineamientos específicos y condenas acordes. Asi como también pedimos que se haga una campaña nacional de sensibilización de servidores públicos y cuerpos policíacos en temasrelacionados con la diversidad sexual y derechos humanos. Se dé el monitoreo y seguimiento de casos de odio (desde incitación hasta crímenes); además de que se cree una Fiscalía Especializada en atención a la población LGBTTTI.

Es necesario que vivamos en una sociedad de respeto, donde no exista ningún tipo de discriminación que afecte a la población, dañando a todos y todas en su conjunto para acabar con la desigualdad y la pobreza.



ATENTAMENTE

Democracia ya, Patria para todos

Secretaria de prensa y propaganda PRD Hermosillo

sábado, 6 de agosto de 2011

¿Legalizar o no legalizar las drogas?*

Miguel Carbonell.

IIJ-UNAM.

http://www.miguelcarbonell.com/


Introducción.

Seguramente hay muchos enfoques desde los que se puede analizar el tema de las drogas. Se trata de un ámbito temático que toca aspectos relacionados con el derecho, la medicina, la sociología, las relaciones internacionales, la política, la economía, etcétera. En los párrafos siguientes, por razón de mi especialidad profesional, intentaré aportar algunas consideraciones de orden sobre todo jurídico[1].

Para tal efecto, entiendo que es útil adoptar una óptica que permita combinar la temática de los derechos humanos con la del derecho penal.

Desde los derechos humanos, el tema de las drogas debe tomar en cuenta tanto el punto de vista de los usuarios de las drogas, como el punto de vista de la sociedad.

Respecto a los usuarios, cualquier decisión sobre las drogas debe partir del principio de dignidad humana, el cual nos indica que las personas son consideradas como sujetos de derechos moralmente autónomas y, en esa virtud, capaces de tomar las mejores decisiones para guiar sus vidas.

Las prohibiciones que se hagan de ciertas conductas, como lo veremos con detalle más adelante, solamente pueden estar basadas en el daño objetivo que puedan producir en otras personas o en bienes colectivos socialmente relevantes (como el medio ambiente, por ejemplo).

Las ideas morales acerca de lo que pueda ser una vida virtuosa no pueden traducirse en leyes o en políticas públicas. El Estado puede y debe desincentivar a través de mecanismos informativos o incluso tributarios la realización de ciertas conductas, pero no puede imponer por vía de la coacción penal un modelo de vida que implique conducirse conforme a ciertos estándares o no consumir ciertas sustancias.

Las personas adultas deben ser tratadas de tal forma que tengan el espacio vital necesario para desarrollar sus propios planes de vida, con las mínimas interferencias que sean necesarias a fin de evitar daños a terceros.

Para comprender el alcance de la autonomía moral de los individuos y de la correlativa prohibición para intervenir en el diseño de sus planes de vida, utilizando para ello el derecho penal, quizá sirva recordar algunas nociones básicas, como lo son el principio de daño formulado por John Stuart Mill y el principio de lesividad que ha ido desarrollando el moderno derecho penal de cuño garantista. A tales cuestiones dedicamos los dos siguientes apartados.

Principio de daño.

Quizá la mayor aportación (al menos una de las más citadas) de John Stuart Mill a la comprensión de los alcances de la libertad y a la definición de las fronteras entre libertad y dominio (sea público o privado), consiste en su clásica enunciación del llamado “principio de daño”. Este principio se basa en la idea de que deberíamos poder hacer –sin interferencias o coacciones- todo aquello que no dañe a otros. Las palabras de Mill, que según su autor intentan explicar “un principio muy sencillo que debe gobernar absolutamente la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo aquello que suponga imposición o control”, son las siguientes[2]:

Este principio afirma que el único fin por el que está justificado que la humanidad, individual o colectivamente, interfiera en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que el único propósito con el que puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es impedir el daño a otros. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a hacer algo, o a abstenerse de hacerlo, porque sea mejor para él, porque le haría feliz o porque, en opinión de otros, hacerlo sería más acertado o más justo. Éstas son buenas razones para discutir o razonar con él, para persuadirle o suplicarle, pero no para obligarle o inflingirle algún daño si actúa de otro modo. Para justificar esto debe pensarse que la conducta de la que se le quiere disuadir producirá un daño a otro. La única parte de la conducta de cada uno por la que es responsable ante la sociedad es la que afecta a los demás. En la parte que le concierne a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.

Son innumerables las consecuencias que se pueden extraer de este principio, en casi todos los ámbitos de la vida humana. El derecho, la política, la economía, la sociología y quizá hasta la historia pueden ser entendidos y desarrollados de muy distinta forma si tomamos como punto de partida la frase de Mill sobre el principio de daño.

Su utilidad consiste, entre otras cuestiones, en señalar una frontera intraspasable para los poderes públicos y para los poderes privados: la que concierne al cuerpo de las personas y a los actos humanos que no trasciendan hacia la esfera jurídica o moral de los demás. Esa frontera es la que señala, en un primer momento, hasta dónde pueden llegar las reglas del derecho o de la ética. La soberanía sobre el propio cuerpo se proyecta en una serie de cuestiones tan dispares como el consumo personal de drogas, el aborto, la eutanasia, los tatuajes, las prácticas sexuales, etcétera[3]. Para José Luis Gómez Colomer “El principio de daño cumple la función de proveer un criterio para el ejercicio del poder del Estado y delimitar el alcance y los límites del derecho, criterio que autoriza a prohibir y castigar acciones como el asesinato, la violación o el robo solamente porque, y en la medida en que, causan daño a otros”[4].

Es de nuevo Gómez Colomer quien acierta al señalar que “La fortuna del texto de Mill no deriva sólo del atractivo que para muchos representa su defensa radical de la individualidad frente a las presiones autoritarias o grupales hacia el conformismo y la uniformidad, sino de su capacidad para condensar algunos de los elementos, argumentos y problemas centrales de la cuestión que aborda en pocas y decisivas palabras que, en buena medida, son todavía las nuestras”[5].

El análisis sobre el principio de daño puede hacerse tomando como punto de partida diversas perspectivas. En este momento me interesa centrar la discusión en una de ellas: la posibilidad de imponer límites a la libertad para proteger al individuo frente a ciertos riesgos objetivos. Por ejemplo, si sabemos científicamente que fumar cigarrillos es perjudicial para la salud, ¿podemos imponerle a una persona, por la vía que sea, la prohibición de fumar? En otras palabras: ¿cuándo y de qué manera se justifican las medidas de protección al individuo incluso sobre conductas que solamente lo perjudican a él?

Esta perspectiva nos conduce a la discusión sobre el llamado “paternalismo”, sea jurídico o sea moral.

Antes de pasar a ese tema es conveniente apuntar al menos una de las críticas que se le hacen al principio de daño tal como lo entiende Mill. La noción de “daño”, se dice, es un concepto que no se puede definir a priori, sino que requiere de una fundamentación o justificación[6]: ¿cuándo y porqué entendemos que cierta conducta causa un daño?

La fundamentación o justificación del daño debe partir de concepciones morales, por lo que se corre el riesgo de devolver la pelota al campo de la moral social predominante, que es precisamente de lo que quería escapar Mill. En principio podríamos salvar en parte este problema aceptando que el daño debe ser un daño “jurídicamente” determinado, lo que excluye la posibilidad de entender como causante de daño a conductas contrarias simplemente a convicciones morales o religiosas (el concepto de delito excluye a la calificación como tales de los pecados, por mencionar un ejemplo).

Otra observación crítica que se le hace al principio de daño es que se centra solamente en el valor de la individualidad (o de la autonomía), cuando pueden existir otros valores socialmente e individualmente relevantes que justifiquen una limitación de aquella. Por ejemplo la felicidad individual o colectiva, la protección de la fe religiosa, etcétera. La respuesta a estos argumentos es relativamente sencilla, aunque quizá un tanto auto-referente: la protección de la individualidad y de la autonomía viene antes sencillamente porque sin ellas no es posible aspirar a construir, desde la libertad y con justicia, ningún otro tipo de valores. Sin autonomía personal no puede existir una verdadera profesión de la fe, ni hay mucho margen para encontrar la felicidad, la cual no puede ser impuesta por terceros, sino perseguida tenaz e indefectiblemente por cada persona en lo individual, a partir de existencias y experiencias únicas e irrepetibles.

Paternalismo.

Para el liberalismo, a partir de los postulados de Mill, la autonomía de la persona entendida como valor socialmente compartido no puede permitir que el Estado determine cuáles son las formas de vida que merecen la pena y cuáles no[7]. Pero, ¿lo anterior significa que el Estado debe respetar cualquier plan de vida? Incluso los ultra-liberales aceptan que el Estado puede limitar la libertad a través de normas jurídicas, partiendo de la base o tomando en cuenta el principio de daño al que ya hemos hecho referencia: somos libres para llevar a cabo una conducta siempre que esa conducta no dañe a los demás; de hecho, el principio de daño tendría que estar en la cúspide del ordenamiento jurídico, de forma tal que rigiera la actuación de todos los poderes constituidos y el contenido de todas las normas infra-constitucionales. Carlos S. Nino explica la adopción en el ámbito constitucional del principio de daño como criterio rector para limitar la autonomía con las siguientes palabras:

“Una Constitución tiene por fin institucionalizar la deliberación pública por medio de la cual la respectiva sociedad establece los principios morales intersubjetivos sobre la base de los cuales deben resolverse los conflictos entre sus miembros y organizarse su cooperación. Dado que la deliberación pública está basada en el valor de la autonomía él debe ser reconocido por tal Constitución. El reconocimiento debe comprender el carácter irrestricto del valor de la libre elección de ideales personales y planes de vida, lo que implica la adopción del principio de daño, según el cual una acción no puede ser interferida por el Estado o por otros individuos si no causa daño a terceros. También la Constitución debe reconocer el valor de la individualidad, que no está sujeta a grados ni, por supuesto, a ninguna propiedad empírica (raza, nacionalidad, sexo) o valorativa (religión, ideología) que no fundamente la identidad de los seres humanos y que implica que no hay razón para restringir la autonomía de un individuo en beneficio de una mayor autonomía de otro individuo. Asimismo, la posibilidad de que haya normas justificadas que hagan del consentimiento de los individuos una condición de consecuencias restrictivas de la propia autonomía debe ser reconocida por la Constitución”[8].

El principio de daño, como ya se apuntaba, está lejos de ser claro cuando se le quiere aplicar a un sinfín de conductas concretas, como lo demuestra la historia reciente. ¿Qué sucede cuando aplicamos el principio de daño al consumo de estupefacientes, a las relaciones sexuales o a las decisiones sobre la propia vestimenta? La historia nos ofrece ejemplos que cómo una mala comprensión o una utilización deliberadamente torcida del principio de daño ha tenido efectos devastadores para la libertad, incluso en países democráticos. Pongamos algunos ejemplos.

En 1986, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia en la que afirmaba la constitucionalidad (es decir, la corrección moral desde la óptica de la Constitución) de una ley local que sancionaba con pena de prisión las relaciones homosexuales entre varones, incluso si se celebraban de común acuerdo, en privado y entre personas mayores de edad (se trata del caso Bowers vs. Hardwick)[9]. Todavía en la actualidad existen leyes estatales en Estados Unidos que castigan con penas de prisión las relaciones sexuales por vía anal[10]. En el mismo país, sin embargo, la Corte ha extendido de manera muy amplia el derecho a la intimidad para proteger la decisión de la mujer de tomar anticonceptivos o incluso para que mujeres menores de edad pudieran realizarse una interrupción voluntaria del embarazo sin el consentimiento de los padres[11]. Lo que ponen de manifiesto ambos extremos es la gran dificultad para proceder a la regulación de la libertad y la variabilidad que el ámbito de la autonomía personal puede tener, incluso dentro de un mismo país.

Pero además, en el caso de la prohibición de las relaciones homosexuales, se demuestra que la imposición social (con el auxilio del derecho) de cierta moral sexual es completamente inapropiada desde un punto de vista liberal. En una sociedad democrática las personas tienen la libertad de tener sus propios conceptos acerca de la moral sexual y de conducirse conforme a ella; lo que no pueden hacer es imponerles esa moral a los demás. Las libertades del Estado constitucional le permiten a cualquier persona pensar, actuar y hablar en contra de ciertas conductas, las cuales puede considerar como ofensivas o degradantes, pero los demás son libres de escucharla o de seguir caminando, y desde luego son libres de comportarse –respecto de su intimidad- como mejor lo prefieran.


Lesividad.

Mill afirma, como ya vimos, que solamente cuando se cause daño a terceros se puede limitar la libertad individual. Cuando intentamos trasladar esta afirmación general al campo de lo jurídico, y más en concreto al campo del derecho penal, lo hacemos a través de las exigencias que derivan del principio de lesividad. Mediante este principio se busca asegurar que la ley solamente pueda considerar como delito aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos de relevancia constitucional o derechos fundamentales. De esta forma se evita la tentación de algunos legisladores para reconducir penalmente conductas que pueden ser indeseables o nocivas pero que admiten, en su caso, una sanción diferente a la penal.

Además, mediante el principio de lesividad puede exigirse al legislador un ejercicio de justificación objetivo al momento de determinar qué conductas caen bajo la esfera de regulación penal.

No olvidemos que cualquier sistema penal garantista (es decir, el tipo de sistema penal que empata con los postulados liberales de Mill) debe considerar como penalmente reprochables solamente aquellas conductas que, por sus efectos, sean más lesivas a los intereses y derechos de terceros. Solamente dichos efectos lesivos son los que justifican y legitiman el ejercicio de la represión penal de cierta conducta. De hecho, en términos generales el derecho penal se legitima y se justifica solamente si es capaz de lograr un doble efecto: a) prevenir la comisión de conductas delictivas y b) prevenir la realización de sanciones informales, a través de la venganza y las demás formas de violencia extra-institucional que pueden darse en ausencia de una institucionalidad penal encargada de procesar y, en su caso, sancionar las conductas delictivas[12].

El principio de lesividad evita considerar como delitos los comportamientos meramente inmorales, los estados de ánimo que en algún tiempo se han considerado como pervertidos, hostiles o peligrosos, así como todas aquellas conductas que no se proyectan causando un daño (siguiendo con la lógica de Mill, pero llevándola al terreno jurídico) a intereses, bienes, valores o derechos constitucionalmente relevantes. Los delitos sin daño estarían, en este contexto, constitucionalmente prohibidos; es el caso de los delitos que castigan las ofensas a entidades abstractas como la personalidad del Estado, los símbolos nacionales o la moralidad pública. También estarían prohibidos aquellos delitos de bagatela, que deberían ser considerados como meras contravenciones administrativas, además de los delitos de peligro abstracto o presunto y todos aquellos que estuvieran descritos en términos vagos o indeterminados, caracterizados unos y otros por el carácter altamente hipotético y hasta improbable del resultado lesivo[13].

Luigi Ferrajoli explica que la exigencia de la lesividad ya estaba presente en el pensamiento de Aristóteles y de Epicuro, así como en toda la filosofía penal de la Ilustración (Hobbes, Pufendorf, Locke, Beccaria, Bentham, etcétera)[14]. El mismo Ferrajoli explica que “Históricamente, por lo demás, este principio (se refiere al de lesividad) ha jugado un papel esencial en la definición del moderno Estado de derecho y en la elaboración, cuando menos teórica, de un derecho penal mínimo, al que facilita una fundamentación no teológica ni ética, sino laica y jurídica, orientándolo hacia la función de defensa de los sujetos más débiles por medio de la tutela de derechos e intereses que se consideran necesarios o fundamentales”[15].

El principio de lesividad, además, sirve en la práctica para reforzar la exigencia de taxatividad que actualmente, por citar un ejemplo, figura en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución mexicana, en virtud del cual los textos que contengan normas penales tienen que describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.

La taxatividad es una especie del genérico principio de legalidad en materia penal y tiene por objeto preservar la certeza jurídica (que a su vez es una especie de la seguridad jurídica) y la imparcialidad en la aplicación de la ley penal[16]. Del principio de taxatividad penal no puede desprenderse la cantidad de penalización que un ordenamiento puede imponer a ciertas conductas ni tampoco el número de conductas que pueden caer bajo la consideración de las leyes penales; lo que sí asegura la taxatividad es que toda regulación penal tenga cierta calidad, de forma que sea clara y pueda ser comprendida por sus destinatarios. La taxatividad, como lo indica Ferreres, “no se refiere a la ‘cantidad’ de libertad, sino a su ‘calidad’: garantiza que la libertad individual se pueda desplegar dentro de fronteras seguras”[17]. Creo que Mill aplaudiría sin reservas esta definición.

De acuerdo con lo anterior, violarían el principio de taxatividad penal todas las disposiciones legislativas que sancionaran penal o administrativamente una conducta vagamente descrita o aquellas que dispusieran consecuencias jurídicas también indeterminadas. Al suponer una exigencia de que las normas penales se refieran a una lesión objetiva, material, evidente, de un bien jurídico de relevancia constitucional, resulta obvio que el principio de lesividad empata y refuerza al principio de taxatividad que está constitucionalmente previsto en México.

Ahora bien, bajo el principio de lesividad la determinación de que una conducta pueda ser penalmente relevante no estará definida solamente por la afectación que tal conducta realice sobre bienes, valores o derechos constitucionalmente protegidos, sino que además la prohibición penal tendrá que ser “idónea”, es decir, tendrá que servir para desplegar un cierto efecto intimidante. Si tal efecto no se realizara, al menos en un cierto grado, el derecho penal tendría que abandonar la pretensión de prohibir cierta conducta, preservando de esa manera –en principio- el ámbito de libertad personal que deriva de la no prohibición de una conducta. Ferrajoli pone como ejemplo de conductas que no deberían estar penalmente reguladas, por no ser la prohibición penal idónea para impedir la conducta, el aborto, el adulterio, la mendicidad, la evasión de presos y la tóxico-dependencia.

Para Ferrajoli “está claro que si la cantidad de hechos no penalizados no supera de forma relevante la de los penalizados, la introducción o la conservación de su prohibición penal no responde a una finalidad tutelar de bienes que, más aún, resultan ulteriormente atacados por la clandestinización de su lesión, sino a una mera afirmación simbólica de ‘valores morales’, opuesta a la función protectora del derecho penal”[18]. De nuevo, hay que decir que Mill seguramente sustentaría los conceptos que nos ofrece Ferrajoli.

De la anterior afirmación de Ferrajoli cabe desprender al menos dos reflexiones. La primera es que en contextos socio-jurídicos que mantienen altas tasas de impunidad (como sucede en el caso de México), la cantidad de conductas penalmente prohibidas que no son sancionadas puede llegar a ser muy alta respecto de una gran variedad de delitos. La segunda reflexión tiene que ver con el efecto “clandestinizador” que puede tener el uso del derecho penal; ningún ejemplo más claro al respecto que el de la prohibición del aborto, con el agravante de que no solamente clandestiniza, sino que lo hace afectando solamente a las mujeres, y además casi siempre a las mujeres que son pobres[19]. Algo muy parecido se puede mencionar con respecto al tema de las drogas, en el que el “efecto clandestinizador” genera un costo elevadísimo de las drogas para los consumidores finales y unas ganancias estratosféricas para los grupos criminales encargados de fabricarlas, transportarlas y venderlas.

Como quiera que sea, la consideración del principio de lesividad es por un lado el primer paso hacia el ideal ilustrado de un “derecho penal mínimo” que estuviera regido, en su base, por una idea clara del bien jurídico que debe protegerse penalmente y por una noción igualmente idónea acerca de la mejor forma de hacerlo[20]; por otra parte nos ofrece una guía más o menos fiable para saber cuándo podemos, sin violentar el principio de daño defendido por Mill, limitar (penalmente) la libertad.

Una sociedad que se desangra.

Ahora bien, lo anterior tiene que ver con el primero de los niveles de análisis que anunciamos al principio: el de los derechos de los individuos y del trato respetuoso o libre que deben tener por parte de las autoridades.

Sin embargo, hay un segundo nivel de análisis que vale la pena mencionar: el que se refiere a la sociedad en su conjunto.

A partir de esa manera de enfocar el problema de las drogas, nos podemos dar cuenta del terrible daño que su prohibición produce a nivel social.

Ese daño se expresa no solamente en cifras atroces (como la de los más de 28,000 muertos que se han dado en México entre 2007 y 2010) de homicidios y ejecuciones, sino también en la mucho mayor cifra de heridos, personas que pierden familiares, daños en el sistema de seguridad social, en el sistema educativo, pérdidas laborales, afectación de la confianza de los inversionistas, daños económicos masivos, costos presupuestales considerables, etcétera.

Sociedades enteras de pronto se ven sumidas en medio de una “guerra” contra las drogas que afecta profundamente la confianza en las autoridades, debilita el tejido social, destruye los vínculos profesionales o económicos, y arrasa con todo lo que encuentra en su camino. La vida se vuelve imposible en ciudades como Matamoros, Monterrey, Ciudad Juárez o Tijuana. Afloran los tiroteos en plena luz del día, los “daños colaterales”, las ejecuciones y los secuestros.

Las personas se sienten desconcertadas. Las que pueden permitírselo emigran. Otras optan por cambiar radicalmente su estilo de vida y viven en una especie de semi-reclusión domiciliaria. La afectación a la calidad de vida es profunda y, para miles de personas, irrecuperable.

El principio aplicable en este caso, así como en los apartados anteriores fue el de la autonomía de la voluntad, es el que aplican los médicos desde que se los enseñan en la carrera: el principio hipocrático según el cual siempre hay que disminuir el dolor. En este caso se trataría de tomar todas las medidas posibles para evitar la violencia y las secuelas de dolor que inevitablemente genera[21].

Si lo anterior es de puro sentido común, se puede reforzar pensando en los resultados que hasta ahora ha arrojado la estrategia prohibicionista. Todos los indicadores parecen sugerir que la “guerra contra las drogas” se está perdiendo en todos los frentes: el consumo no ha bajado, se ha militarizado el país, la violencia ha aumentado hasta niveles intolerables, el gasto en seguridad aumenta año con año hasta sumar cifras estratosféricas, y todo ello sin que a cambio se perciba ventaja alguna.

Conclusión.

A la luz de lo apuntado, estimo que la única estrategia viable a mediano y largo plazo debe ser la de una progresiva y bien regulada despenalización de las drogas, tomando en consideración lo siguiente:

1. Debe ser un proceso acompañado por un amplio y muy incluyente diálogo internacional. No es un tema exclusivamente mexicano, si bien la decisión final se tomará por nuestro poder legislativo.

2. Deben ponerse los incentivos para que el tema sea enfocado como un problema de salud pública y no de derecho penal. Eso supone campañas intensivas de información, auxilio y tratamiento de las adicciones.

3. Deben tomarse todas las prevenciones necesarias para que las personas involucradas en el narcotráfico no “cambien de giro” y se dediquen a otros delitos graves, como el secuestro o la extorsión. No será fácil, pero el Estado mexicano tendrá la ventaja de que a partir de la legalización deberá frenarse el enorme caudal de recursos que hoy en día reciben los cárteles de la droga.

4. Las leyes deberán castigar severamente a las personas que causen daños a terceros bajo el influjo de las drogas. Todos los prestadores de servicios al público, a cargo del Estado o de particulares, deberán acreditar que se encuentran aptos para realizar su actividad laboral con eficacia, quizá incluyendo un sistema de análisis anti-doping (al menos para los trabajos más riesgosos para la población, como los de conductores de autobuses públicos o pilotos de avión).

En el tema de las drogas México se juega no solamente el presente, sino también –probablemente- el futuro. De ahí la importancia de ir pensando en escenarios distintos al actual, para poder salir del marasmo en el que nos encontramos. Quizá la legalización de las drogas no sea una buena solución, pero es mejor que todas las alternativas que parecen estar aplicándose hoy en día. No se trata de una ruta que esté exenta de problemas y riesgos, pero quizá sea mejor que la idea de persistir en un camino que probadamente ha fracasado.


* Texto publicado en la obra colectiva La guerra al narco y otras mentiras, México, CEPCOM, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, 2011.

[1] Una sobresaliente compilación de textos sobre el tema puede verse en Vázquez, Rodolfo (compilador), ¿Qué hacer con las drogas?, México, Fontamara, 2010. Entre los textos reunidos por el destacado profesor Vázquez hay perspectivas médicas, políticas, de relaciones internacionales, jurídicas, etcétera. El lector podrá sacar gran provecho de su lectura, como lo ha hecho el autor de estas líneas.

[2] Sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1997, p. 94-95.

[3] Muchas de estas prácticas han sido explicadas, partiendo del talento del más destacado liberal que ha conocido la ciencia jurídica de América Latina, en Nino, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos, Barcelona, Ariel, 1989.

[4] Gómez Colomer, José Luis, “Libertad individual y límites del derecho. El liberalismo y sus críticos” en Díaz, Elías y Colomer, José Luis (editores), Estado, justicia, derechos, Madrid, Alianza, 2002, p. 183.

[5] Idem.

[6] Una discusión más amplia sobre este punto puede verse en Gómez Colomer, José Luis, “Libertad individual y límites del derecho. El liberalismo y sus críticos”, cit., pp. 184-185.

[7] Rosenkrantz, Carlos F., “El valor de la autonomía” en VV. AA., La autonomía personal, Madrid, CEC, 1992, p. 13.

[8] Nino, Carlos Santiago, “La autonomía constitucional” en VV. AA., La autonomía personal, cit., p. 79.

[9] Para una primera aproximación al caso, Dworkin, Ronald, Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 230 y ss. Ver también Carbonell, Miguel, “Bowers versus Hardwick: cuando el derecho entra en la recámara”, Lex. Difusión y análisis, número 119, México, mayo de 2005, pp. 33-35.

[10] Un análisis muy completo del contexto de estas leyes y de sus efectos puede verse en Eskridge, William, Dishonorable passions: sodomy laws in America 1861-2003, Nueva York, Penguin, 2008.

[11] Ver la exposición que hace Tribe, Laurence H., Abortion. The clash of absolutes, Nueva York, Londres, Norton and Company, 1992, así como la aproximación más filosófica de Ronald Dworkin en su libro El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, Barcelona, Ariel, 1998.

[12] Ferrajoli, Luigi, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, tomo II, Roma, Laterza, 2007, p. 356.

[13] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 1995, p. 475.

[14] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, cit., pp. 466-467.

[15] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, cit., p. 467.

[16] Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva jurisprudencial), Madrid, Civitas, 2002, p. 21.

[17] Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal..., cit., p. 45.

[18] Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, cit., p. 473.

[19] Andrés Ibáñez, Perfecto, “Aborto: lo que ‘protege’ el Código Penal”, El País, 17 de enero de 2008, p. 31. Este autor, destacado integrante del Tribunal Supremo de España y el juez mejor preparado de su país, señala a propósito de la consideración penal del aborto lo siguiente: “La torpe reducción de un hondo conflicto existencial a delito, presto a ser usado para calentar algún tipo de opinión –y, con mayor o menor intensidad represiva, en función de que exista o no un sujeto policial o judicial más o menos activable a tenor de ciertos presupuestos ideológicos- es algo abierto a manipulaciones oportunistas y generador de inseguridad jurídica”. Perfecto Andrés apunta además que el dilema no es entre aborto sí o aborto no, dada la alta incidencia del mismo (del todo documentada por diversas agencias nacionales e internacionales), sino entre el tipo de aborto que se quiere propiciar: “el clandestino y, con frecuencia, séptico, o el regular realizado en las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad para las que tienen que padecerlo”.

[20] Ferrajoli, Principia iuris, cit,, tomo II, p. 357.

[21] Ver la imprescindible reflexión de Luigi Ferrajoli sobre el derecho y el dolor en su libro Democracia y garantismo, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2010, pp. 123 y siguientes.



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