martes, 2 de abril de 2013

Seguimos en pie de lucha Isabel Dorado Auz Después de una muy agradable semana en compañía de mi familia, por rumbos de Sinaloa, regreso con las pilas cargadas para seguir el proceso de recuperación de mi carro enfrentando una serie de adversidades producto del uso abusivo del poder político en el municipio de Hermosillo. Ya he recorrido una diversidad de instancias locales, las últimas fueron el Supremo Tribunal de justicia y la Dirección de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, instituciones a las que les hice llegar un oficio donde se detallan un cúmulo de irregularidades que he denunciado en este espacio desde Noviembre de 2012. Agregando, no lo sabía, que la prueba del alcoholímetro no está reconocida legalmente como prueba de embriaguez, dado que el artículo 81 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora dice claramente que debe hacerse una prueba de sangre. No obstante lo anterior, el ayuntamiento de Hermosillo sigue empeñado en que le pague una multa superior a los $8,000.00 pesos en moneda nacional para entregarme el auto que tiene retenido ilegalmente desde el 23 de Noviembre de 2012. Multa que no pienso pagar dado que la supuesta conducción punible no es más que producto de la imaginación del Coordinador de Médicos Legistas en funciones de Médico Legista, pero no avalando con su firma los resultados que supuestamente obtuvo. En fin, el proceso continúa y ya se cumplieron los 90 días hábiles con que contaba la Dirección de Asuntos Internos para dar un veredicto respecto a la queja interpuesta por un servidor y, para mi sorpresa, me entero que la abogada que llevó a cabo todo el proceso de comparecencias no trabaja más en esa dependencia del gobierno municipal. Todo huele mal, solo espero que no sea un síntoma más de un juego de atole con el dedo a los ciudadanos quienes acudimos ante esta instancia buscando encontrar el apoyo necesario para evitar los abusos de autoridad. También, están por finalizar los trámites en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, con ello, prácticamente se agotaría la primera parte de esta serie de comparecencias que concluirían, en ambos casos, con una recomendación, si bien me va. Posteriormente, me toca iniciar un Juicio de Responsabilidad civil, según tengo entendido, y hay quien me sugiere que establezca una demanda ante el ministerio público, como no soy abogado, no veo cual sería el alcance real de ambas opciones. Creo incluso, que tendré que recurrir a instancias nacionales, dado que lo que he visto hasta el momento es una red de complicidades de varios involucrados que han recurrido a la mentira y a la presión amenazando con la pérdida del empleo a quienes osaran en darme la razón en la lucha que he emprendido. No obstante la adversidad, continuaré con mi lucha, ya que estoy convencido que la única forma de frenar la corrupción es no siendo partícipe de la misma. Por lo mismo, creo que debo llegar hasta sus últimas consecuencias en este largo proceso, donde el alcalde, Alejandro López Caballero, al negarse a otorgarme el derecho de audiencia, está mostrando su complicidad con todos los funcionarios involucrados, quienes han sido tan burdos que han dejado claras evidencias de su mal proceder, pero que, hasta hoy, no ha habido instancia que le ponga freno a todas las irregularidades que he denunciado.

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